En La Guardia (Santa Cruz), entregaron diligencias que la Felcc y la Fiscalía tenían que colectar. Hallaron parte del micrófono que usaba el periodista Rocabado. Defensa confirmó demanda contra la fiscal y al juez del caso Lima Lobo, ‘narcojet’ y ‘reina del norte’
Después que la fiscal Ilsen Nava, de manera verbal pidiera la libertad de los autores directos de la agresión al periodista de Unitel Mario Rocabado, durante el cerco de afines al MAS en La Guardia y el juez Manuel Baptispa, diera curso al pedido para liberarlos, la defensa inició sus propias diligencias y empezó a detectar irregularidades en las investigaciones para favorecer a los agresores y dejar a un lado a las víctimas.
La defensa confirmó que, ante las acciones de abandono a la víctima por la Fiscalía y el juez, se decidió demandar a la fiscal, Ilsen Nava y al juez cautelar Manuel Baptista.
A pedido de la defensora de la víctima, Raquel Guerrero y de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, a la cabeza de Roberto Méndez, la fiscal Ilsen Nava, firmó 22 requerimientos para que la Policía colecte imágenes de las cámaras de seguridad de entidades públicas y privadas y lugares en la Guardia donde afines al MAS colocaron un cerco y se generó violencia que acabó con la agresión al periodista Rocabado.
La defensa de la víctima y la Asociación de Periodistas, verificó que la Policía ni la Fiscalía hicieron diligencias para formar la cadena de custodia y colectar las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas. Ningún requerimiento había sido entregado a las entidades por lo que la abogada Raquel Guerrero, el periodista Mario Rocabado, aún con dificultad para caminar, acudieron al lugar con el presidente de la Asociación de Periodistas, Roberto Méndez. El fin de semana entregaron requerimientos al hospital Rómulo Gómez, a un surtidor, farmacias, tiendas y otras.
Hallan parte del micrófono
Durante las diligencias que debían de ser ejecutadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y la Fiscalía, la defensa y el periodista Mario Rocabado, encontraron evidencias. Hallaron restos de petardos usados, pero también parte de soporte del micrófono de Unitel. “Estas pruebas y las imágenes de cámaras de seguridad tenían que ser colectadas luego de los sucesos violentos del primero de noviembre y nadie hizo nada”, dijo la abogada, Raquel Guerrero.
El argumento de los policías para no cumplir con las diligencias es que no podían movilizarse por motivo del paro cívico.
Testigos y antecedentes
La defensa de la víctima, denunció que la fiscal Ilsen Nava, realizó dos actuaciones de oficio y fueron las únicas que hizo en tiempo que establece la norma. Fueron certificados de antecedentes de la Policía y del Registro de Antecedentes Judiciales Penales (Rejap) que favorecieron a los detenidos. La Policía entregó limpios las certificaciones sin antecedentes delictivos, el mismo contenido dio el Rejap.
Roberto Méndez de la Asociación de Periodistas y Raquel Guerrero afirmaron que consta en el expediente que la Fiscalía y la Felcc recibieron las declaraciones de testigos de los dos imputados. Cada uno presentó 5, que avalaron su buena conducta. Sin embargo, de la víctima Mario Rocabado no se recibió declaración de ningún testigo. “No notificaron ni al periodista que lo auxilió cuando estaba herido”; dijo Guerrero.
Demanda a fiscal y a juez
El viernes pasado, los detenidos Constantino Carachuyo Choque y Marco Antonio Pinto Fernández, fueron liberados.
La fiscal Ilsen Nava presentó imputación por delitos de lesiones graves y leves, asociación delictuosa, robo agravado, instigación al delito y atentado contra la libertad de prensa. Además, pidió detención en Palmasola por seis meses. Sin embargo ante al juez Manuel Baptista, la fiscal Nava pidió la libertad por considerar que no eran un peligro para la sociedad. El juez otorgó la libertad y quitó los delitos de instigación a delinquir y asociación delictuosa no obstante que Rocabado reconoció a sus agresores y que gritaban que lo linchen. La defensa presentará demanda contra la fiscal Nava y el juez Baptista por incumplimiento de deberes.
En audiencia el juez expuso que los detenidos merecían libertad irrestricta, pero le fijó que cumplan algunas medidas y la Fiscalía no apeló. El juez de los casos de narcotráfico del ‘narcojet’, reina del norte y Lima Lobo, además de haber sido enviado a la cárcel por liberar a un menonita que violó a 150 mujeres se excusó de conocer la semana pasada la cautelar de los jóvenes del ingreso a la COD y a la central de campesinos al reconocer que tiene en su contra una acción penal a instancias del Ministerio de Gobierno. “Si en ese caso se excusó, entonces en este también debió hacerlo”, cuestionó la abogada Guerrero.