El Ministerio de Justicia dice que el Gobierno tiene el «compromiso para evitar más violencia».
La madrugada de enfrentamiento en Puerto Quijarro. Foto: RRSS
Fuente: ANF
La Paz.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por los actos de violencia durante las protestas por el Censo de Población y Vivienda en Santa Cruz. Llaman al Estado a tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica según los estándares interamericanos; a fortalecer procesos de diálogo para atender las causas de las manifestaciones.
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Los organismos señalan que las protestas ciudadanas que iniciaron el pasado mes de octubre, fueron producto de la “inconformidad” de algunos sectores con el decreto que aplazó la realización del censo para 2024. El que estaba previsto para este año. “En este contexto, se han reportado situaciones de conflictividad, especialmente, en puntos de bloqueo”.
Anotan que se han registrado “múltiples enfrentamientos” entre sectores que apoya y rechazan las medidas, lo que ha derivado en personas heridas además de una fallecida. Asimismo, con base en la Defensoría del Pueblo se informó sobre enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales en el municipio de La Guardia. Hace notar la detención de al menos ocho personas. Además, de las expresiones discriminatorias y amenazas de desalojo en contra del pueblo ayoreo por una autoridad local. Y de las agresiones y discursos “estigmatizantes” contra periodistas.
“La CIDH y su RELE rechazan todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial. Se hace un llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, garantizando el debido proceso legal. Asimismo, ante reportes de agresiones a periodistas que cubren el paro, se recuerda que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir las manifestaciones, movilizaciones, protestas y sus contextos. Es deber del Estado garantizar que las personas periodistas puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, preservando su vida, integridad personal y libertad de expresión”, dice la nota de prensa de la CIDH.
Le recuerda al Estado representando en el Gobierno que debe “adoptar medidas para proteger a las personas que participan de las manifestaciones”. Asimismo, señala que el estado está obligado a sujetarse a los estándares internacionales “para actuar sobre la base de la licitud de las protestas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica”.
Precisa que si algunos grupos o personas cometen actos de violencia “no vuelve per se, violenta o ilegítima una protesta ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas”.
“Se reitera que las manifestaciones o protestas no pueden prohibirse por el hecho de realizarse de manera simultánea o por un riesgo de escalada de tensión. En estos casos, el Estado debe adoptar medidas para proteger a todas las personas que participan en todas las manifestaciones. Debe asegurarse que, entre las distintas personas que se manifiestan, no haya interferencias que generen temor a la violencia y disuasión de la expresión de opiniones”, sostiene el organismo.
Reiteró la importancia de generar un ambiente que canalice un proceso de diálogo amplio, constructivo y que garantice los derechos de las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad. “Se reconoce el avance de una iniciativa de diálogo para tratar la oportunidad del censo; al respecto, el Estado informó que ha planteado que sea una comisión técnica quien defina la fecha de realización del censo”.
Posición del Ministerio de Justicia sobre el pronunciamiento de la CIDH
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional dijo que “saluda y comparte las recomendaciones y observaciones manifestadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, en relación a los hechos de violencia que se registran en Santa Cruz.
Hace un recuento y reitera el contenido del comunicado de la CIDH. Al final de una nota de prensa señala que ese Ministerio de Estado “hace notar el compromiso de la gestión de Gobierno para evitar más violencia y encaminar el proceso de diálogo.
Desde esta cartera de Estado se “hace notar el compromiso de la gestión de Gobierno para evitar más violencia y encaminar el proceso de diálogo lo antes posible, a fin de establecer una fecha concertada y técnicamente planificada que dé viabilidad a la realización del proceso censal, demanda que acompaña todo el país”.
El paro cívico fue cercado y las denuncias cuestiona la inacción de la Policía y la Fiscalía
Luego que Santa Cruz decidió iniciar su paro indefinido, el MAS y las organizaciones afines al Gobierno salieron en una contraofensiva, a través de movilizaciones. El propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se movilizó para evitar la protesta cruceña.
Las organizaciones salieron de manera violenta a los puntos de bloqueo para levantarlos, hubo enfrentamientos entre civiles. Asimismo, los campesinos iniciaron un cerco a Santa Cruz y otros movimientos se sumaron al mismo.
Un dirigente sindical, Rolando Borda, sentenció que, de no levantar el paro cívico, se desabastecería de combustible a la capital, el hecho sucedió dos días después. Un grupo de personas contrarias a la protesta por el censo bloquearon la refinería de Palmasola restringiendo el ingreso y salida de cisternas con combustible.
Paralelamente, una marcha de organizaciones y militantes del MAS partió de Yapacaní, a su paso se enfrentó con la población que respaldaba el paro cívico. La situación más crítica se registró el pasado martes, cuando en el municipio de La Guardia los pobladores intentaron levantar un cerco y existió enfrentamientos, la policía que resguardaba a los campesinos desató un desaforado uso de gases lacrimógenos.
Esa misma noche, el vocero presidencial, Jorge Richter, de manera paralela a la represión en La Guardia, comunicaba que con el Comité Interinstitucional se había acorado reiniciar el diálogo. El que se frustró por el escenario que el Comité pro Santa Cruz calificó de “hostil”. Un par de horas después e ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cerraba la posibilidad de que el censo sea el 2023, el sábado fue desautorizado a hablar del empadronamiento.
Un periodista fue cruelmente agredido, contó que levantó las manos, se identificó, pero de todas maneras y a la vista de los efectivos fue golpeado, le robaron su cámara, sus dos celulares y su billetera. El reportero terminó en un hospital con lesiones.
Las organizaciones cruceñas cuestionaron que la Policía solo actúa contra los manifestantes que respaldan el paro cívico, pero protegen a los grupos afines del MAS. Incluso eso se puede advertir con los detenidos solo son de uno de los manifestantes.
Los cívicos argumentan que en Puerto Quijarro fueron los funcionarios de la Alcaldía que salieron con la orden de desbloquear donde se registró el enfrentamiento y murió una persona. El hijo del fallecido dijo que vio el momento en el que un gas fue la causa de su muerte y no los cívicos que fueron detenidos.
/ANF/