La semana pasada, luego de cubrir como reportera para un medio de comunicación, distintos puntos de bloqueo de la ciudad, me subí en una moto taxi para trasladarme a mi domicilio y, durante el trayecto, entablamos una amena conversación. En algún punto de la charla, el mototaxista me preguntó cuál era mi trabajo. Yo le respondí que soy corresponsal de prensa para un medio independiente de Santa Cruz, a lo que él – con una voz lastimera y seria – me espetó: ¿Prensa? ¡Uy! ¡Qué pena!
Un poco confundida por la respuesta, en ese momento solo atiné a reír y a decirle que para tener 20 años, seguir estudiando en la universidad, me iba bien porque tenía trabajo, pero además, en mi rubro, lo que agradecía mucho esa oportunidad.
No fue hasta el día siguiente – cuando sucedieron los enfrentamientos en el municipio de La Guardia con el lamentable saldo de heridos y entre los que se encontraba un equipo de prensa de un canal nacional -, que reparé en el trasfondo de esa pregunta.
En Bolivia, hasta septiembre de 2022, se registraron alrededor de 107 vulneraciones a la libertad de prensa, desde la obstaculización a los periodistas para acceder a la información hasta ataques verbales y físicos contra colegas de prensa y medios de comunicación.
Cifras que, evidentemente, no registran las microagresiones que distintos reporteros sufren día a día, incluyendo su servidora, en el ejercicio de su labor social. Me atrevería a sostener que, incluso, muchos sufrieron y padecen amenazas de arresto por parte de la Policía Nacional por grabar situaciones de abuso desde ángulos que, tal vez, no son muy favorables para dicho uniformado.
Desde el caso emblemático de Las Londras, en septiembre del 2021, donde un grupo de avasalladores de tierras retuvieron a trabajadores de prensa, en contra de su voluntad – situación que de acuerdo a las leyes vigentes en el Estado Plurinacional se entiende como secuestro – los periodistas estuvieron retenidos por más de ocho horas, hasta los vejámenes y torturas físicas y psicológicas hacia los comunicadores. Hasta hoy no existe una persona con detención preventiva o una investigación independiente, por parte de la Justicia, para detener a dichos delincuentes.
Tampoco se cuenta con una investigación, por parte del Ministerio Público, acerca de los ataques a la prensa en las instalaciones del Mercado de Villa de El Carmen, de la ciudad de La Paz, en la trifulca entre cocaleros y que, incluso, damnificó a los vecinos de dicha zona popular paceña.
Los recientes ataques a reporteros en el municipio de La Guardia, cuando la Policía arremetió contra los puntos de bloqueo, quienes fueron víctimas de golpes, empujones y pugilatos. La polarización es cada vez más profunda, junto con la indefensión.
Lamentablemente, estamos en un país donde por más de 10 años se encuentra vigente un gobierno autocrático y que, en más de una ocasión, hizo público su repudio al trabajo periodístico que no este “vendido” al oficialismo.
Tampoco existen normativas que protejan el trabajo de la prensa, más allá de la Ley de Imprenta, contra agresiones y vulneraciones hacia su integridad física y hacia su trabajo. Siendo sinceros, aún si existiera una protección legal, tampoco sería respetada. Estamos sometidos a que nuestro trabajo informativo dependa de un dedo político que nos baja el pulgar, en el coliseo boliviano, donde los medios se enfrentan a grupos de choque.
Si a esta cruda realidad le sumamos las pésimas condiciones laborales y salariales en la que se encuentran la totalidad de los trabajadores de la prensa, ya sea “pagando derecho de piso” con horarios sin fin, o recibiendo salarios rozando el mínimo establecido por la ley.
Ahora caigo en cuenta sobre el lamento y la ironía de la respuesta que me lanzó aquel taxista con mucho pesar e ironía: “¿Prensa? ¡Uy, qué pena!”
Gabriela Pareja es periodista