Reportan 57 casos en que defensores de derechos humanos en Bolivia sufrieron ataques

Rosalba Vargas pasó seis días en prisión. La detuvieron policías vestidos de civil que la siguieron para arrestarla. Ella es dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz y tras un operativo fue aprehendida para luego llevarla a la cárcel por disposición judicial. Después de seis días recluida en un penal logró el beneficio de la detención domiciliaria, pero todavía siente que sus derechos son vulnerados. No puede trabajar porque debe cumplir el arresto domiciliario las 24 horas.

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Con Vargas son 57 defensores que sufrieron vulneración de sus derechos en lo que va del año. Son 57 personas que sufrieron represalias por defender sus causas. Algunos tienen sentencias judiciales y otros todavía sufren amenazas. El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) realizó una base de datos que reúne las violaciones que sufrieron varios defensores desde el 1 de enero de 2022 hasta el 25 de noviembre de esta gestión.

Las vulneraciones son la obstaculización en la realización de sus actividades, agresiones, criminalización, desprotección en situaciones de riesgo y amenazas.

Uno de los casos es el de Rosalba Vargas, vicepresidenta del Comité de Autodefensa de Adepcoca. La dirigente fue detenida el 11 de octubre en la zona Periférica de la ciudad de La Paz. Ella es madre de una hija que sufre epilepsia. Luego de seis días en prisión obtuvo detención domiciliaria, pero sin derecho al trabajo. Ahora está en su domicilio en el municipio de Irupana, en Yungas de La Paz.

Evelyn Cossío es la abogada que representa a Adepcoca. La jurista, en el caso de Vargas, explicó que se realizó la gestión para que la dirigente puede trabajar en su comunidad, ya que tiene al mando a toda su familia.

“Ella (Vargas) fue detenida sin respetar sus derechos. El hecho de que una persona esté sometida a un proceso no quiere decir que sus derechos sean conculcados, más al contrario, tiene que garantizarse”, detalló Cossío.

El día de la detención, Vargas y otros dirigentes cocaleros iban a bordo de un minibús del sindicato de Chulumani hacía sus domicilios. Pero el motorizado fue interceptado por dos vehículos con policías vestidos de civil. Solo pudieron detener a Vargas, ya que los otros escaparon.

Más casos

En la base de datos también están los dirigentes cocaleros Freddy Machicado, presidente de Adepcoca y con detención en el penal de San Pedro, y Juan Cocarico, también con detención.

En el Gobierno hay voces que dicen respetar los derechos humanos, no solo de líderes sociales, sino también de todos los bolivianos. El ministro de Justicia, Iván Lima, en septiembre de este año afirmó que los derechos humanos en Bolivia están garantizados y que en democracia pueden existir disentimientos.

Otro caso es el de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). La activista sufrió vulneraciones como la desprotección en situaciones de riesgo y agresiones. El 21 de septiembre, Carvajal sufrió la toma de las instalaciones de la Apdhb en La Paz por parte de Edgar Salazar, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). La activista tuvo que hacer vigilia en las afueras del inmueble sin ningún tipo de protección.

En otra vulneración, Carvajal denunció que Impuestos Nacionales le retiró como representante legal de la Apdhb y en su lugar inscribió a Edgar Salazar, quien aparece como titular de la asamblea de Derechos Humanos.

“La asamblea fue tomada, ha ingresado la (organización) paralela ahí, y me dicen que soy una ladrona, me han insultado, me dijeron de todo. Me gritaron, me lastimaron y la justicia no hizo nada hasta ahora. Nos quitaron la representación legal de la asamblea y tampoco dijeron nada. Entregaron todo a la (organización) paralela”, lamentó Carvajal.

En la defensa del medio ambiente también existen varias vulneraciones. 17 mujeres guardaparques de áreas protegidas sufrieron violaciones de sus derechos como despidos injustificados y hostigamiento laboral.

La Federación Internacional de Guardaparques denunció despidos injustificados y hostigamiento laboral. Se envió una carta al presidente Luis Arce en la que se denuncia persecución y hostigamiento hacia 17 mujeres guardaparques de las áreas protegidas, que dependen del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

“En esta gestión se ha contratado por tres meses a Nancy Barba y Ciciela Mercado, ambas del equipo de Otuquis y con más de 15 años de experiencia en el terreno, lo que pone en peligro la economía de sus familias. Damos nuestro respaldo a todos los guardaparques de Bolivia”, refiere parte de la carta.

Genoveva Espinoza es otro caso de defensa ambiental. Ella fue destituida como subgobernadora de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz por el gobernador Santos Quispe por denunciar a minería ilegal en el parque nacional Madidi.

Espinoza denunció en varias oportunidades la explotación ilegal de oro en la reserva del parque Madidi y en el norte paceño. “El día 30 de junio (de 2022) me llega sorpresivamente la destitución de mi cargo por parte de la Gobernación de La Paz”, denunció.

En otro caso se evidencia que dos personas fueron retenidas por bloqueadores que instalaron un punto de control en el ingreso a la reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija. Las víctimas son sobrinos de una vecina de la comunidad El Cajón que llegaron desde Argentina para visitarla, pero no pudieron verla e incluso fueron detenidos por la Policía y llevados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de Bermejo.

En el último paro en Santa Cruz también hubo casos de defensores que sufrieron vulneraciones. Javier Abad Sánchez, Jaime Algarañaz y Samuel Rojas son tres dirigentes cívicos de Puerto Quijarro que fueron aprehendidos por la Policía a principios del paro. Ellos fueron sindicados por la presunta muerte de Julio Pablo Taborga durante los enfrentamientos.

También hay militantes del MAS que sufrieron violaciones de sus derechos, como Angélica Ponce, quien criticó a Evo Morales y que luego fue agredida por el diputado Héctor Arce. También hay el caso de la concejala del MAS Silvia Soliz en Cochabamba, quien fue hostigada por militantes del exalcalde José María Leyes.

Existen 57 casos de defensores que sufrieron vulneraciones. Muchos están en prisión y otros tienen temor a ser detenidos.