«Sabemos que el MAS juega a la judicialización de la política», dice Camacho sobre los procesos en su contra

La COR de El Alto denunció ante la Fiscalía a Camacho, Cuéllar y Calvo el 13 de noviembre

 

Fuente: El Deber



 

El gobernador Luis Fernando Camacho asegura que no le preocupan los procesos que el Gobierno inicie en su contra. Es más, conoce bien que el Movimiento Al Socialismo (MAS) «juega a la judicialización de la política», aseguró. Entre tanto, desde el Comité Cívico aseguran que harán los descargos correspondientes, en caso que se instale un proceso más en contra de su líder, Rómulo Calvo.

«Cuando nosotros nos metemos (lo hacemos) a defender principios, cuando definimos ir por una Gobernación sabíamos a lo que nos metíamos. Sabemos que el MAS juega a la judicialización de la política. No hay preocupación, cuando entramos a pelear con el MAS sabemos que somos pasibles a un sinnúmero de amenazas y persecuciones como las hemos venido viviendo», indicó Camacho.

Es más, sostuvo que «hemos hecho lo correcto y cuando la conciencia está tranquila, el resto no es preocupante».

 

Por su parte, el segundo vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, ratificó que iniciar procesos judiciales es «el actuar de estos individuos (Gobierno). Nosotros hemos manifestado que en caso de que al presidente se le inicie otro proceso más de los que ya tiene, haremos lo que corresponda, presentaremos descargos», sostuvo.

Sin embargo, aclaró que primero habría que ver si se dan y ver las acusaciones, «no podemos adelantarnos a dar un juicio«, aseveró.

El 13 de noviembre pasado, la Fiscalía de La Paz aceptó una denuncia presentada por la Central Obrera (COR) de El Alto contra las principales cabezas del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo: el gobernador Luis Fernando Camacho; Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz; y Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y cabeza del Comité Insterinstitucional.

Entre los delitos que figuran en la denuncia está el de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, además de violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, además de atentado contra la libertad de trabajo.