El Gobierno rechaza los avasallamientos, pero otros ven que está detrás de esas tomas

Ven inacción del Gobierno boliviano y de la Policía porque, a pesar de las cuatro denuncias de avasallamientos violentos registrados en las últimas dos semanas, en Santa Cruz y Pando, con el saldo de un muerto y varios heridos, no hay ni un detenido.

El Gobierno rechaza los avasallamientos, pero otros ven que está detrás de esas tomas

 

Fuente: Brújula Digital 



El Gobierno afirmó esta semana con insistencia de que rechaza todo avasallamiento de tierras en el país; no obstante, parlamentarios autoridades y representantes cruceños advierten que es el mismo Gobierno que está detrás de las tomas violentas de tierras, debido a que hay una inacción y no se castiga por estos hechos a los autores.

El martes, el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, y el director nacional de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, salieron al frente para afirmar que el Gobierno no permitirá avasallamientos en el país. Informaron que el Gabinete de Tierras había registrado 208 hechos de esta naturaleza en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Beni y Pando.

Ambos indicaron que los propietarios de predios saneados deben denunciar los avasallamientos a las autoridades respectivas. Explicaron que, en el caso de tierras rurales, se debe acudir a la Fiscalía o al INRA, mientras que en el área urbana a la Fiscalía o a la alcaldía para que se inicie un proceso judicial y se ordene el desalojo.

A pesar de esa posición, dos días después se registró un violento enfrentamiento por el predio El Encanto de la familia Kim, en la ciudad de Santa Cruz, donde avasalladores ya habían ocupado el lugar con anterioridad. Se indicó que en esa propiedad de encuentran los acuíferos que dan agua a la capital oriental. Un periodista quedó herido de gravedad en medio de las peleas.

Tras ese hecho, el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, volvió a rechazar los avasallamientos de tierras y reiteró el pedido para que los propietarios afectados presenten su respectiva denuncia.

A pesar de las cuatro denuncias de avasallamientos violentos registrados en las últimas dos semanas, en Santa Cruz y Pando, con el saldo de un muerto y varios heridos, no hay ni un detenido.

Para el caso de ayer en El Encanto, el subcomandante de la Policía departamental de Santa Cruz, coronel Edson Claure, dijo que no se detuvo a personas porque no había una orden judicial, pese a la flagrancia de los hechos violentos.

Esa inacción de autoridades frente a los avasallamientos de tierra, desató una serie de cuestionamientos y acusaciones, en sentido de que el Gobierno estás detrás de esos avasallamientos.

Por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribió en su cuenta de Twitter: “Exigimos al Gobierno del MAS que frene su política de odio contra los cruceños y dejen de incentivar los avasallamientos. Esta vez pretenden destruir la zona de recarga de los acuíferos que dan agua a Santa Cruz”.

De esa forma, Camacho denunció un revanchismo que existiría por parte del Gobierno por los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz, entre octubre y noviembre pasados, para exigir que el censo se realice en 2023.

Al respecto, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sostuvo en redes sociales que: “El MAS nos contraataca, avasallando nuestras tierras y áreas protegidas. El Gobierno de Luis Arce no acepta que el pueblo boliviano haya vencido logrando un censo justo y oportuno; y ahora responde con sus hordas violentas”.

El diputado Walthy Egüez (Creemos) fue más allá, pues advirtió que el avasallamiento en El Encanto “obedecería al pago” a dirigentes del MAS que protagonizaron la toma de la refinería de Palmasola durante el paro de 36 días de Santa Cruz, con el objetivo de impedir que salga combustible del lugar y generar un desabastecimiento en el departamento cruceño.

El diputado Erwin Bazán (Creemos) también acusó al Gobierno y al MAS de proteger los avasallamientos de tierras que se registran en el país.

“La Policía y el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) no actúan, ya está bueno de vivir en un país en el que el Ministro de Gobierno desaparece cuando tiene que estar y asumir el rol en primera línea para proteger la propiedad privada, la seguridad jurídica y, en este caso, el agua que toman los cruceños”.

BD/JJC