Indignado, el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, reprochó este jueves la decisión de un tribunal de su país de condenar con seis años de cárcel a la vicepresidenta Cristina Fernández y lo atribuyó a una persecución judicial manipulada por la derecha que quiere ver “muerta o presa” a la dignataria.
Fuente: ABI
A Cristina Fernández “la quieren muerta o la quieren presa y esto está claro porque esta causa no es más que un lawfare (guerra jurídica) un mecanismo que lamentablemente en Argentina se viene sufriendo porque ella tiene más de 200 causas y varias de ellas se cayeron porque no tenían sustento”, afirmó el diplomático argentino en una conferencia de prensa en La Paz.
De acuerdo con Basterio, la condena dictada por un tribunal penal en Argentina en contra de Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta, fue planificada por dos de los tres jueces en coordinación con el entorno del expresidente Mauricio Macri.
Dijo que dos de los jueces fueron nombrados por Macri e incluso que éstos mantienen reuniones periódicas de coordinación en “partidos de fútbol” y “comiendo asado”.
Según el diplomático, el caso que impulsó la condena contra la vicepresidenta argentina, que se vincula a trabajos en la Provincia de Santa Cruz, fue archivado por el mismo tribunal el año 2008, pero que de manera sorpresiva fue reactivado en 2015.
“Es un hecho escandaloso de la justicia argentina que está colonizada por la derecha, por Macri que puso a dos de los tres jueces”, cuestionó Basteiro.
Alegó que en cualquier parte del mundo no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo delito y mucho menos mantener en funciones a jueces que tienen claros vínculos con sectores políticos.
Con la sentencia, que se materializaría en unos meses, según Basteiro, se está poniendo en “serio riesgo a la democracia” argentina porque además se proscribe a Fernández de la política local porque no podrá ser candidata a ningún cargo electivo.
A decir del diplomático, la mandataria es víctima no solo de la persecución judicial sino de ataques a su integridad como el sucedido el 1 de septiembre cuando intentaron asesinarla.
Ese día, Fernando Sabag Montiel gatilló a 15 centímetros de la cara de la vicepresidenta. El arma, que estaba cargada, “no funcionó”, según informes oficiales.
Bastiero responsabilizó de esos hechos a empresarios aliados de Macri, quienes incluso financian a estas personas con más de 100 mil dólares.
En rechazo al accionar de la justicia, Bastiero, junto con sus colegas argentinos residentes en más de 20 países del mundo, emitió un pronunciamiento en el cual condenan este “capítulo más oscuro de la persecución judicial y mediática” que sufre la vicepresidenta.
Durante la conferencia de prensa, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Flora Aguilar, expresó su “rechazo y repudio” al dictamen del tribunal. También se solidarizó con la mandataria argentina.