Fuente: El Deber
Mauricio Quiroz Terán
La principal acusación es por el delito de terrorismo. Los sindicados son cinco y todos ellos forman parte del Comité Interinstitucional que lideró la protesta por el censo con el paro de los 36 días. Desde la Gobernación y el Comité Cívico ven un afán “revanchista”.
La información fue revelada ayer desde la Fiscalía General del Estado y se hizo después de la postura que fijó el Gobierno de enjuiciar a los líderes cruceños que comandaron la movilización. Por eso, existen más de una docena de tipos penales y al menos tres demandas que se activaron en La Paz para juzgar delitos que pudieron haberse cometido en Santa Cruz, tales como el de discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos y uso indebido de influencias, entre otros, además de la causa mayor que tiene que ver con el “terrorismo”.
El fiscal general, Juan Lanchipa, anunció que estas demandas, que nacieron en La Paz, se unificarán en una sola causa. Eso sí, aún resta que un juez conozca esas denuncias de manera formal y comiencen formalmente las pesquisas.
En esta querella “unificada” fueron acusados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, además del rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas. El principal acusador es Juan Marcelo Mayta, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.
“Por conexitud de casos, se ha dispuesto la acumulación de todas las denuncias que se han presentado contra el señor Camacho, Calvo y otros. Estos casos han sido acumulados en uno solo que está radicado en la Fiscalía Departamental de La Paz”, dijo Lanchipa.
Por su lado, el fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, explicó que un juez de La Paz declinó competencia por los delitos a ser investigados de manera que la causa recaiga en un juez anticorrupción. “Hubo declinatoria de competencia en la ciudad de La Paz, pero en razón de materia porque se amplió por el delito terrorismo. Esta denuncia es del 11 de noviembre de 2022. Este caso sigue en La Paz. Esas cinco personas están siendo acusadas en La Paz. Lo que se ha hecho es acumular y, en base a los nuevos delitos, pasar el caso a un juez anticorrupción”, precisó.
Eso sí, el fiscal Mariaca informó que hay otra querella que se originó en Sucre y que fue enviada a Santa Cruz, esta vez solo contra Camacho y Calvo, por instigación a delinquir, un delito que pudo cometerse en el incendio de la sede departamental de los campesinos. Este caso se derivó al fiscal Osvaldo Tejerina para que continúe el trámite que corresponda.
El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), en su informe de la crisis de 2019, pidió que se elimine los tipos penales de sedición y terrorismo.
“Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”, señala el reporte internacional. El Tribunal Constitucional eliminó solo el delito de “sedición”.
Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, dijo que “el Gobierno ha activado una operación de persecución en contra de los cruceños a causa del paro cívico, esta operación —añadió— la están ejecutando con la Fiscalía y con el poder Judicial”.
“Santa Cruz ha mostrado a Bolivia que existe otra visión de país, una visión que no acepta que se vaya en contra de los derechos de los ciudadanos y que el país se maneje a capricho del presidente, sino que se tiene que manejar en base a las leyes, un país que no quiere ser reprimido por la Policía y que la Policía más bien los proteja y cuide de su familia”, dijo Suárez, quien precisó que Camacho no fue notificado con este proceso.
El Comité pro Santa Cruz señaló que el Gobierno “está con el afán de revanchismo y odio” y “utilizando a la justicia como su brazo represor”, está iniciando procesos penales “para escarmentar”.
“Estamos en condiciones de presentar a dos millones de testigos para cuando seamos notificados y para ello vamos a abrir libros notariados”, afirmó más temprano Vicente Cuéllar, quien consideró que se quiere “judicializar el derecho de todos a la protesta”.
“Quien ha inducido a la violencia son esos grupos de choque que intentaron romper el paro pacífico que estábamos cumpliendo. Quienes generaron violencia, fueron quienes cercaron Santa Cruz. Seguramente la señora ministra se está refiriendo a esos dos hechos concretos”, remarcó Cuéllar.
“De repente, se van a identificar a las personas que han armado grupos de choque, de repente se identificarán a los que organizaron los cercos y se sabrá quiénes han sido y qué es lo que buscaban. De repente, vamos a ver a policías citados e investigados”, añadió el rector. “Eso sí, si hay un culpable del origen de estas protestas es el INE”, insistió.
Ante esto, Mariaca dijo que durante los días del paro se acogieron unas 3.000 denuncias.
El segundo vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, anunció una reunión de directorio de los cívicos y otro encuentro con el Comité Interinstitucional para evaluar el escenario legal. “Mantenemos el estado de emergencia”.
Más temprano, el presidente Luis Arce, quien había respaldado las causas legales por el paro, ayer cuestionó a los líderes cruceños que anunciaron una “revisión de la relación con el Estado”. Lo hizo en el contexto de las tensiones que enfrenta el MAS.
“Quienes hoy, por intereses políticos circunstanciales porfían en revisar la relación con el Estado boliviano, por decirlo en sus propias palabras, deben comprender que el pueblo boliviano jamás permitirá una nueva pérdida de territorio bajo ningún pretexto”, apuntó.