Vamos terminando el año y es fácil darse cuenta de la percepción generalizada de los bolivianos en cuanto a que los masistas están enfrentando una guerra interna que genera altos grados de angustia para el gobierno como también para el jefe del partido Evo Morales, no tendrá para nada un final de unidad.
Es también notorio de que todos en Bolivia sentimos que se nos avecina una crisis violenta en relación con la situación económica, política y social (en ese orden) en un corto plazo, aún, cuando el presidente Arce Catacora se explaye discurseando de que somos uno de los países menos inflacionarios del mundo (el segundo), a pesar de que nuestros proclamados estándares económicos son de alto riesgo, que nuestro producto interno bruto está por debajo de los índices esperados y nuestras reservas internacionales efectivas no nos cubrirían un resfriado.
Ni qué hablar del pesimismo que despierta en muchos analistas, el quiebre de una mayoría parlamentaria masista entre “renovadores y radicales” donde ambos bandos solo demuestran un interés electoral para el año 2025 y para nada una visión fiscalizadora para lo cual fueron elegidos.
Tenemos, asimismo, una población dividida entre defensores de la democracia y los defensores de la corrupción centralista, más una marcada división entre el occidente y el oriente del país.
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Lo más llamativo, es que se tiene un departamento rebelde y contestatario cuya arma principal es la convocatoria de millones de personas a cabildos, eventos donde definen las estrategias y acciones a seguir contra el abuso del poder político autoritario que está controlando el poder judicial y que tiene a la institución policial como su ejército político afín y unas fuerzas armadas que no demuestran una obediencia orgánica completa, gracias a la posesión de autoridades militares sin ningún tipo respeto a sus normas internas donde el comandante debería ser el alumno más destacado y no así el más bruto y corrupto de la promoción. Este accionar, ya se convirtió en el terror de los masistas.
¿Se trata solamente de un problema político? ¿O es simplemente la incapacidad que el gobierno socialista de más de 15 años ha demostrado para distribuir de forma más equitativa la riqueza como ellos ideológicamente quieren? De esto deriva que millones de bolivianos vivan aún en la pobreza, junto a que un puñado de la elite masista, se haya acostumbrado a disfrutar de bienes y servicios públicos, haciéndose la burla de la mayoría de la población. Parece enorgullecer a algunos masistas, que varios de sus dirigentes multimillonarios convertidos en los últimos años, gracias al erario público y a la protección del narcotráfico, sean el ejemplo a seguir. Cuestión que más bien debiera avergonzarlos, enfrente de la miseria que se aprecia en las regiones y departamentos donde existe la extrema pobreza, las ocupaciones ilegales de terrenos, el desempleo y los grados de precariedad tan irritantes. Todo agravado ahora por la presencia de cientos de miles de inmigrantes que llegan a los centros urbanos con el sueño de encontrar oportunidades mejores de las que dicen tener en sus poblaciones rurales de origen.
La realidad de la pobreza y la marginalidad está irrumpiendo nuevamente, un fenómeno que intimida a la clase política y al empresariado, abre las posibilidades de un itinerario de reformas económico-sociales que parecen una necesidad sin vuelta, para encarar la profunda desigualdad.
Promesas y compromisos que asumieron los del gobierno tienen que ser cumplidos sin digitar ningún tipo de matufia. La clase política y sus agrupaciones tienen que ser más serios en sus propuestas y en sus representaciones orgánicas, las urgencias que se evidenciaron este año, además de la crisis provocada por la falta de seriedad en la fecha del CENSO programada para este año, obligaron al gobierno nefasto actual a emitir una nueva LEY que permitirá encausar la democracia hasta el año electoral que se avecina.
Lo único cierto, es que el año 2022 estuvo marcado por una falsa seguridad estatal en la que ciudadanía aprobaría la propuesta de postergación del CENSO apoyado en un mediocre plan donde consideraban que una agrupación de ciudadanos representaban a la mayoría de los bolivianos, sin tener en cuenta, como quedó demostrado en el último PARO CÍVICO, que las principales demandas populares pasan por la aprobación de las mayorías volcadas en las calles y no así en las oficinas partidarias, ni en el congreso nacional, peor aún en la Casa Grande del Pueblo.
De esta forma, si nunca importó tanto al pueblo el itinerario institucional, el 2023 tendrá que ser una prioridad, ya que el país nuevamente se nos está muriendo, o más bien, lo están matando, tal como lo hicieron los izquierdistas a principios de la década de los 80 del siglo pasado.
El próximo año otra vez se exteriorizará las profundas desavenencias partidistas en los oficialistas y opositores, los desacuerdos entre el gobierno y los legisladores será más profunda y la opción que le queda al gobierno será el de trasladar la responsabilidad financiera a los privados del país, tal cual lo exteriorizo el ministro de economía en los últimos días.
Es cierto que tenemos un país cargado de posibilidades, donde las inversiones y el trabajo pueden ser muy auspiciosos. Pero ningún país de la tierra es capaz de redimir a los pobres y marginados tolerando la escandalosa riqueza dependiente de la corrupción gubernamental; manteniendo la idea de que el bienestar de algunos necesariamente debe descansar manteniendo el déficit fiscal de una mayoría innecesaria de funcionarios públicos. Como se ha sostenido muchas veces, la paz depende de la justicia, del respeto a los derechos fundamentales de todos, siendo incluso peor para la convivencia humana las desigualdades que muchas carencias, cuando estas son provocadas por los que quieren seguir viviendo en el hartazgo. Qué duda cabe que el desarrollo no implica necesariamente la prosperidad.
Es curioso que, a la luz de lo que vemos, leemos y nos enteramos respecto a la corrupción y al narcotráfico, quienes se dicen de izquierda no cuestionen incluso con más ahínco el orden político, social y cultural heredado y ultra capitalista del gobierno de Evo Morales. Y una vez instalados en las instituciones públicas, abracen el “realismo” y la connivencia con los sectores refractarios a la justicia social, renunciando a la promesa del cambio revolucionario voceado y prometido en las calles de todo el país.
El año 2023 será trascendental para el futuro democrático boliviano; será decisivo para el futuro de las relaciones entre Santa Cruz y el Estado de Bolivia; será el acabose del poder indígena representado por el jefe del Cartel del Chapare y del último Inca; será el debilitamiento del liderazgo de Arce Catacora; será el fin del liderazgo de Eva Copa por sus actos de corrupción y será el año de una orfandad política de liderazgos en el oriente boliviano como al interior del MAS.
¡Carajo, no se necesita ser NOSTRADAMUS para profetizar el futuro de nuestro país!
Alberto De Oliva Maya