Santa Cruz, responderán con una marcha a las acusaciones por el paro de los 36 días

El Deber
Mauricio Quiroz Terán



Tras el paro de 36 días, persiste el estado de emergencia en Santa Cruz. El Comité Interinstitucional se reunió ayer y seguirá de cerca el cumplimiento del calendario del próximo censo. Eso sí, en medio de un proceso legal por terrorismo instaurado contra cinco dirigentes que lideraron la movilización.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; el gobernador, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el asesor jurídico del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron demandados por al menos 12 delitos que se pudieron cometer durante el paro por el censo. Por eso, ayer se aprobó una agenda de ocho puntos para reivindicar el derecho a la protesta y esto se hará con una masiva marcha que tendrá lugar este viernes 9 de diciembre en Santa Cruz de la Sierra.

Cuéllar, fue quien leyó las conclusiones del encuentro que parten, precisamente, con un rechazo a esos procesos legales “por ser nulos de pleno derecho”. Además, se pide “estar preparados ante cualquier acción legal” que afecte al grupo que dirigentes.

En un segundo punto se aprobó crear comisiones de trabajo para “el análisis estratégicos en los distintos campos: jurídico, político, económico, social y comunicacional” para “las luchas que vienen y ante los permanentes atropellos que sufre Santa Cruz y sus ciudadanos”. Por eso se instruyó que “ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”.

El Decreto 138, del 20 de mayo de 2009, promulgado al mes de producirse la matanza en el hotel Las Américas en el gobierno de Evo Morales, señala que “queda consolidada La Paz, como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, siendo esta ciudad la sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentran las principales instituciones del Estado”.

Ante este escenario se creó una comisión jurídica “que realice las demandas penales contra quienes se arrogaron el cerco a Santa Cruz y otras acciones vandálicas de atropellos a los derechos fundamentales de ciudadanos que, pacíficamente, cumplían el paro en sus rotondas”. Esta acción se replicará también en Camiri.

Además, el Comité exigirá “al fiscal General del Estado y al Órgano Judicial actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes, es lo que corresponde en un Estado derecho y no bajo instrucciones del Gobierno de turno para atropellar derechos fundamentales”.

Las denuncias también se llevarán a organismos internacionales amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.

Tal como lo había anunciado el lunes el rector Cuéllar, cada institución que es parte del Comité se organizará para presentar testigos de descargo ante las acciones legales que anunció el Gobierno.

“Estamos resistiendo, resistiendo y resistiendo, pero tenemos que vivir en paz y que se respeten los derechos y para eso no sólo es resistiendo, para eso se debe reevaluar y reordenar nuestra relación política y económica con el Estado. Eso de estar mendigando lo que por ley nos corresponde no puede continuar”, afirmó al término del encuentro el gobernador.

Más temprano, el senador opositor Rodrigo Paz, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que la base de una reflexión sobre la relación del Estado “es revisar el pacto fiscal” que en la actualidad consiste en asignar solo el 15% de los recursos de coparticipación tributaria a las regiones.

En ese marco, las autoridades académicas de Unifranz desarrollarán hoy, entre las 8:00 y las 11:00 un foro académico sobre las perspectivas de este debate.