El núcleo de la persecución judicial contra la ciudadanía recae en los operadores de justicia que actúan bajo los lineamientos políticos del masismo, según la diputada María René Álvarez.
[Foto referencial] / Las protestas se replicarán este miércoles en los nueve departamentos de Bolivia
Fuente: Unitel
Desde la bancada Creemos expresaron al Comité pro Santa Cruz que es urgente abordar “el núcleo de la persecución contra los ciudadanos”, que recae en los administradores de justicia, por lo que enviaron una solicitud para que este tema sea incluido en las consultas del ‘Cabildo por la libertad’ que se llevará adelante este miércoles en los nueve departamentos de Bolivia.
Así lo expuso la diputada María René Álvarez, quien considera que los operadores de justicia son también operadores políticos del Gobierno de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), motivo por el que extendió una carta al Comité cívico para que el los asistentes del Cabildo aprueben la moción de interpelar a los operadores de justicia.
“Es necesario aprobar la interpelación ciudadana a estos operadores de justicia y advertirles que, de persistir en su obsecuencia hacia un partido político y no estar normados en el respeto irrestricto a la Ley, serán juzgados cuando Bolivia recupere el estado de derecho”, expresa la diputada de Creemos, quien considera que existe sometimiento de magistrados, vocales, jueces y fiscales en torno al poder político.
El pedido se da después de que los operadores de justicia denegaran o fallaran en cuatro actuados legales en los últimos días, los cuales no favorecieron a parte de los perseguidos políticos que están inscritos en una lista que maneja el Movimiento Cívico Nacional.
El primero de estos fallos expone que la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca denegó la Acción Popular que buscaba eliminar del ordenamiento jurídico nacional la Sentencia Constitucional 084/2017 de la ‘re-reelección’.
Asimismo, en La Paz, dos juzgados fallaron contra la Acción de Protección a la Privacidad que presentó la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y luego se rechazó la apelación a los incidentes por la ilegal aprehensión de la primera autoridad cruceña.
Finalmente, un juez con denuncias de corrupción en El Alto, se declaró competente para enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria, dejando de lado un juicio de responsabilidades que corresponde por mandato de la Constitución Política del Estado, según la reseña de la parlamentaria cruceña.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, exteriorizó que entre las consultas que se trabajan para el Cabildo se planteará construir una sólida unidad política, formular una opción concreta y a corto plazo para liberar la justicia del control político y plantear la creación de órganos libres de la injerencia partidaria para defender a los ciudadanos expuestos ante la injusticia y la persecución, entre otras.
Asimismo, el presidente cívico expuso que se propondrán nuevos mecanismos que garanticen la seguridad ciudadana y se emplazará al Gobierno de turno para que libere a todos los presos políticos, las cuales saldrán de 10.700 sugerencias que fueron lanzados por organizaciones de la sociedad civil y los propios ciudadanos.