El Estado boliviano debe pagar $us 1,1 millones en indemnizaciones por violar DDHH

En una semana se conocieron los fallos de: ‘Angulo Losada Vs Bolivia’, que trata de la denuncia por violación de una menor de edad, ocurrida en julio de 2002; luego se conoció el fallo por el caso ‘Flores Bedregal y otras Vs Bolivia’, que se refiere al asesinato de Juan Carlos Flores Bedregal, durante el golpe de Estado, perpetrado por Luis García Meza ocurrida en julio de 1980; finalmente, este miércoles se conoció el veredicto del caso ‘Valencia Campos y otros Vs Bolivia’, referido a la denuncia presentada por el excoronel de Policía, Blas Valencia, por los sucesos que siguieron a su captura en diciembre de 2001.

En el primer caso, la víctima y la familia no pidieron reparación de daños y tampoco costas al Estado por gastos. Sin embargo, la sentencia manda al  Estado boliviano: “realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, de acuerdo con el punto 12 de la disposición.

En el segundo caso, ‘Flores Bedregal y otras Vs Bolivia’, existe pago por seis tipos de faltas: daño emergente, pérdida de ingresos, daño material, afectación a la integridad personal de la familia, y reintegro tanto de costas y gastos, como al Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas.

La suma por todos esos rubros asciende a $us 327.691, que deben ser erogados en un año. “El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a la(s) persona(s) indicada(s) en la misma, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia”, señala la parte final del documento.

Los 327.691 dólares benefician a las cuatro hermanas de Juan Carlos Flores y a dos asesores externos, que siguieron el caso hasta la Corte en San José de Costa Rica.

Blas Valencia

En el tercer caso, son $us 822.264 que el Estado debe pagar a 30 personas, entre denunciantes, familiares de fallecidos y asesores del caso. Una docena de los denunciantes recibirá $us 40.000 cada uno; otras 11 personas percibirán $us 20.000, el ex coronel Blas Valencia, entre ellos; cinco personas recibirán $us 10.000 cada uno; mientras que una persona, cuyo nombre solo figura con iniciales, recibirá $us 65.000; el Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas, $us 6.264; además de $us 1.000 adicionales por la pérdida de las joyas de oro de la esposa de Valencia.

“El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones establecidas en la presente Sentencia por concepto de daño material e inmaterial, directamente a las personas indicadas en la misma, con carácter inmediato, dentro del plazo de un año, respectivamente según fue especificado, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia”, señala el texto de la Corte IDH.

Este jueves el ministro de Gobierno dijo que, como Estado, impugnarán el fallo, porque consideran injusto pagar a una «banda de delincuentes que protagonizaron uno de los asaltos más sangrientos de la historia del país» y que además «asesinaron a policías».

Asimismo, el fallo manda a que las personas que hayan estado involucradas en la violación de los derechos de los denunciantes sean procesados; es decir, policías y fiscales de eses entonces. El actual fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, fue uno de los fiscales que atendió el caso. 

“El Estado continuará y concluirá en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes, con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas, en los términos del párrafo 289 de la presente Sentencia”, se lee en el documento.