La misión llegó al país con el objetivo de evaluar el avance de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que emitió un informe sobre la violencia desatada durante la crisis política de 2019.
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El relator Joel Hernández, que lideró la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de visita en Bolivia estos últimos tres días, concedió una entrevista exclusiva a CORREO DEL SUR el miércoles, en Sucre, donde se reunió con autoridades judiciales.
Este jueves, último día en su agenda, los representantes de la CIDH sostuvieron otras reuniones en La Paz, por ejemplo, con las bancadas de las alianzas opositoras, a las que no se refiere en la entrevista con el Diario de la Capital.
La misión llegó al país con el objetivo de evaluar el avance de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que emitió un informe sobre la violencia desatada durante la crisis política de 2019.
¿Cómo evalúa estas reuniones que ha sostenido en el país?
Muy positivas. Estoy aquí con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tres días, con el propósito de celebrar reuniones con autoridades del Estado, con sociedad civil, con órganos autónomos, ahora en el Tribunal Supremo de Justicia, en fin, con el espectro más amplio de la sociedad boliviana para ir conociendo cómo se van dando avances a las recomendaciones que dio el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para el Estado boliviano, alrededor de los hechos que conocemos de 2019. Ha sido una visita muy completa, muy intensa, que nos permite ir recabando la información que necesitamos para, precisamente, ir midiendo los avances.
¿Cuándo el país tendrá un informe de esta visita?
Tenemos nosotros celebrado con el Estado un acuerdo por un plazo de dos años. Es un acuerdo que celebramos en marzo del año pasado, ese acuerdo prevé que a mitad de término, es decir al año, podamos emitir un informe parcial. Esperamos nosotros que lo tengamos listo para abril, justo un año después de la celebración del acuerdo, tenemos que pasar varios procesos de recolección de información, de evaluación, para finalmente llegar a la publicación.
¿Ha visto predisposición en las autoridades del Estado, en las autoridades judiciales para atender sus requerimientos?
Absolutamente. Yo creo que aquí lo principal que he podido constatar es que existe un pleno conocimiento del informe en todas las autoridades del Estado como en la sociedad civil. Y a partir de ahí ha habido toda la predisposición para un intercambio de opiniones, para un intercambio de información, para una corroboración de datos. Entonces, en ese sentido la visita ha sido muy provechosa porque hemos podido hacer nuestro trabajo de evaluación.
¿Cómo resume los acercamientos con la sociedad civil?
Bueno, igual. El foco principal del trabajo del GIEI y del mecanismo de seguimiento tiene que ver con las víctimas. Entonces nos hemos acercado a las distintas asociaciones de víctimas, víctimas de los hechos sucedidos entre septiembre y 31 de diciembre de 2019. Han sido reuniones muy importantes, son reuniones ciertamente reservadas por la naturaleza de las mismas, de casos muy específicos, que nos permiten ir conociendo sus expectativas, ir conociendo cuál es su nivel de satisfacción respecto a las medidas que se vienen adoptando.
También tenemos programadas reuniones con organizaciones de la sociedad civil de carácter más amplio, que trabaja en la agenda de derechos humanos, siempre este diálogo es importante para la comisión porque nos permite sumar a nuestro análisis otras opiniones.
El Ministro de Justicia adelantaba que la CIDH se ha mostrado predispuesta para brindar una asesoría al Estado para las elecciones judicial. ¿Ha ocurrido esto?
Uno de los ejes programáticos del informe del GIEI, de la mesa de seguimiento, tiene que ver con reformas de carácter estructural, y una muy importante, que es de mediano y largo alcance, es la reforma judicial. En ese sentido, hemos tenido conversaciones sobre cómo la comisión puede apoyar este proceso, ha sido la oportunidad para poner a su disposición el trabajo que realiza la Relatoría para personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia que está a mi cargo, con el propósito de poner al alcance de las autoridades competentes del Estado los estándares que el sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado en materia de independencia judicial. Ese ha sido el ofrecimiento que hemos hecho, al igual que lo hemos hecho en otros ámbitos, el de una cooperación y asistencia técnica. No ha habido oportunidad para hablar de proyectos específicos.
La preocupación de una reforma judicial seguramente ha sido recogida en las reuniones.
Es muy importante conocer todas las iniciativas y aquí la comisión siempre va a ser muy respetuosa de los procedimientos internos. Yo ahí sí creo que serán las autoridades bolivianas, los distintos poderes públicos involucrados, los órganos constitucionales, los que tengan que ir determinando los procesos a seguir.
Lo que sí me parece muy importante es que no perdamos esta conciencia que existe de manera transversal en toda la sociedad boliviana, de antes y de ahora, de la necesidad de una reforma judicial. Creo que es un tema de consenso, creo que eso es un tema de preocupación en las distintas etapas, en los distintos gobiernos del país y una reclamación muy sentida de la sociedad civil.
Nosotros somos muy respetuosos de la manera en la cual esta se vaya a encaminar. Lo importante es que a partir de este reconocimiento se tomen acciones concretas, que haya una hoja de ruta, que haya un mapa, que sirva de guía para avanzar con metas bien establecidas. Una vez más, la Comisión pone al alcance de todas las instancias su disposición a dar cooperación y asistencia técnica en el desarrollo de estándares de independencia judicial.
Según su criterio, ¿Bolivia ha avanzado en las recomendaciones del GIEI?
Creo que hay avances positivos, creo que en el panorama que venimos nosotros observando hay acciones muy concretas. Repito que observo que hay una conciencia muy bien establecida de dar cumplimiento a estas recomendaciones. Algo que a mí me satisface mucho es que se ve como una guía para avanzar en la solución de problemas que derivaron de la crisis que se dio en 2019. Hasta lo que ahora hemos recogido, creo que hay avances sustantivos, pero evidentemente hay desafíos importantes y uno de los propósitos de la Comisión es poder identificar en dónde están los desafíos y a partir de ahí sugerir rutas de acción. Esperamos nosotros que este informe de medio término sirva para impulsar un cumplimiento total de las recomendaciones.
En estos desafíos que usted señala, ¿ha habido coincidencias?
Sí hay bastantes coincidencias. Hay que avanzar de manera colegiada en el tema de reparación de víctimas. Es un tema en donde observamos nosotros que el Estado tiene identificado en donde están los desafíos y la sociedad civil tiene expectativas. Entonces sí hay coincidencias y eso es un punto muy importante porque creo que a partir de ahí, con un trabajo bien direccionado, programado, existiendo voluntad política, se puede avanzar satisfactoriamente.
Una de las quejas frecuentes de la sociedad civil es la falta de un debido proceso y retardación de justicia. ¿Qué percepción ha tenido de esto y si ha sido abordado en las reuniones con las autoridades judiciales?
Es muy importante poner de relieve la recomendación 9 del informe del GIEI que precisamente pone de manifiesto que en todos los procesos judiciales se observe las garantías judiciales entre ellas el debido proceso. Eso ha sido un tema de nuestras conversaciones. Es muy importante que en las distintas instancias se tengan en cuenta estos estándares de derecho internacional de los derechos humanos para poder avanzar en la justicia. Entonces creo que eso está bien establecido: la legislación y la jurisprudencia boliviana recogen estos estándares y ahí nuestra expectativa es que estos procesos puedan estar apegados a estos principios.
Entiendo que ha concedido una audiencia a la hija de la expresidenta Jeanine Áñez.
Tuvimos ayer (por el martes) una reunión, fue una reunión privada. Fue una reunión donde tomamos nota de información que nos proporcionó alrededor de los procedimientos que se siguen contra la señora Áñez. Y también fue una oportunidad para que yo pudiera explicar cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos y cuál es el rol que puede jugar la CIDH.
¿Le solicitaron alguna audiencia en torno al caso del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho?
Hasta ahora (por el miércoles) no ha sido tema de nuestras conversaciones.
(Este jueves, la detención de Camacho fue expuesta por los parlamentarios de la oposición)
¿Hay otros acompañamientos?
Creo que hay que trabajar en dos vías: una la que está marcada por el propio informe del GIEI (…) En paralelo la Comisión tiene un mandato en 34 estados de la región de llevar a cabo un monitoreo de la situación de los derechos humanos y ciertamente lo hacemos en el caso de Bolivia más allá del informe del GIEI, pero eso pasa por otros instrumentos con los que cuenta la CIDH.
¿Ha encontrado una Bolivia más polarizada?
No puedo decir si hay una Bolivia más polarizada o no. El informe del GIEI pone de manifiesto una situación de polarización, una situación donde existe un racismo subyacente, sistemático y estructural y precisamente una de las recomendaciones van dirigidas a combatir estas causas factor de la polarización. Entonces, creo que ahí deben estar encaminado nuestro acompañamiento para ir superando estos desafíos.