por Tuffí Aré Vázquez (*)
El Nuevo Año ha empezado con un nuevo capítulo en la interminable y feroz confrontación del gobierno del MAS con la oposición ciudadana cruceña, que se siente agredida y humillada constantemente por el centralismo populista de izquierda. El efecto de este reinicio de los enfrentamientos se siente con dureza en el frágil tejido social de Bolivia, con daños ya casi irreversibles y difíciles de reparar.
Quedarán para siempre selladas en la memoria de los cruceños y de la historia más oscura el terrible fin de 2022 y el convulsionado comienzo de 2023, con las noches de zozobra y de angustia que le ha tocado vivir a los vecinos en el epicentro, en el corazón mismo de la ciudad, en la zona del Cristo Redentor, emblema de las movilizaciones ciudadanas que reclamaron hace años autonomía, después el respeto al voto y, ahora, garantías para ejercer su derecho a la libertad.
La imagen del simbólico monumento al Cristo y la gigante bandera cruceña empañadas por el humo negro de las llantas quemadas y los gases lacrimógenos, que se ha difundido horas antes del Año Nuevo en las redes sociales, nunca más se podrán olvidar, haga lo que haga el Gobierno para reconquistar la confianza del ciudadano que no es masista. Tampoco se podrán olvidar los esqueletos de los autos calcinados durante la brutal respuesta policial a las protestas, básicamente juveniles, ocurridas en los primeros minutos de 2023. Es cierto que hay algunos sectores que se han radicalizado, pero como resultado de la impotencia y de la bronca por el derrumbe de la credibilidad estatal. Nada puede justificar el vandalismo que se ha visto en algunos lugares, pero la torpeza gubernamental ha reavivado en las horas más recientes el dicho: “quien siembra vientos cosecha tempestades”.
Aunque el Gobierno ha limitado durante esta nueva crisis social la justificación de su brutalidad a algunas criticadas publicaciones en las redes sociales de su Ministro de Gobierno y a una irrelevante reaparición del Ministro de Justicia, nada indica que vaya a cambiar de rumbo, lo que anticipa un largo y peligroso conflicto, una vez más concentrado en Santa Cruz, que ya es el epicentro de la política y de la economía boliviana.
El país sentirá con mayor intensidad después del largo feriado las consecuencias del nuevo capítulo de la confrontación. El Gobierno cometió el error político de atacar a la yugular de la oposición cruceña, sin entender que la Santa Cruz de ahora no es la misma que la Pando del exprefecto Leopoldo Fernández, que el espíritu festivo de los cruceños tiene su límite, y que la bronca acumulada por el ultraje y el ninguneo de los pasados meses supera los intereses de un partido político regional.
Se equivoca una vez más el Gobierno de Luis Arce al reducir la reacción ciudadana de las horas recientes a una simple protesta del “camachismo”, como se equivocó al sobredimensionar la influencia del Gobernador de Santa Cruz en la prolongada lucha de 39 días, distribuidos en tres paros en 2022, para asegurar el censo. La protesta callejera ahora va más allá de Luis Fernando Camacho. Está gatillada ante todo por las evidencias de que Bolivia se encaminaría muy pronto a su “cubanización” o “venezolanización” si no hay contrapeso, el menos ciudadano, para frenar los excesos del poder.
Otro error de Arce es haber subestimado a Camacho y sus seguidores, tal vez calculando erróneamente que en Santa Cruz pasaría lo que pasó en Beni con Jeanine Añez. El secuestro del Gobernador y su veloz envío a Chonchocoro le abre un frente al Gobierno del MAS muy difícil de apaciguar o disolver. Camacho no es políticamente en Santa Cruz lo mismo que era la expresidenta Jeanine Añez, cuando fue detenida en medio de la soledad y el abandono de su partido. Las primeras reacciones a su detención confirman que el Gobernador y sus seguidores son desde ahora un duro escollo hasta el día que Camacho recupere su libertad, lo que probablemente ocurrirá cuando expire el poder del MAS, tiempo en el que seguro se abrirá también un nuevo capítulo de venganzas, en un círculo vicioso interminable de la política boliviana en el que los abusadores de ahora terminarán perseguidos cuando dejen el Palacio y los ministerios.
La reacción ciudadana no apunta exclusivamente a salvar a Camacho de la justicia. Como cualquier ciudadano, el Gobernador de Santa Cruz debe responder a las acusaciones en su contra, pero no con la justicia actual ni sufriendo el abuso del poder.
Su detención siempre fue una posibilidad desde que el MAS volvió hace dos años al Gobierno, como sigue siendo posible el encarcelamiento de decenas de lideres o centenares de actores de la revuelta ciudadana de 2019 que desalojó a Evo Morales del poder, después de casi 14 años. Sin embargo, jamás imaginamos que se dé con la torpeza y en el momento que se dio. Para complacer a su militancia y a Morales, Arce decidió cruzar la línea que lo coloca ahora más al lado de los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro que al lado de los líderes latinoamericanos de la izquierda democrática.
Probablemente Arce y Choquehuanca no se han dado cuenta de que su arriesgada apuesta reciente terminará ayudando más bien a que el “evismo” consiga sacarlos de la carrera electoral de 2025 si el país revienta en los próximos días o meses. A la dupla no solo le tocará lidiar desde ahora y en adelante con la feroz resistencia cruceña, sino que tendrá que seguir caminando los meses que vienen con su mayor piedra en el zapato, Evo Morales, que ya adelantó que el encarcelamiento de Camacho es insuficiente.
Por lo relatado, hemos comenzado un año incierto y tan o más turbulento que el que se fue, por la feroz confrontación que ya es parte en Santa Cruz de la “nueva normalidad” que nos toca padecer.
(*Periodista)