Víctimas de Sacaba y Senkata denuncian ante la CIDH impunidad por los hechos de 2019

La delegación de la CIDH sostuvo reuniones con los familiares y víctimas de los hechos de violencia registrados en noviembre de 2019. “Desconfiamos del ministro Iván Lima”, dijo el activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.

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[Foto referencial] / Las víctimas denuncian que ya pasaron tres años y la justicia no llega

Fuente: Unitel



La defensa, familiares y víctimas de los afectados por los casos de Sacaba y Senkata se reunieron este jueves con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que arribó a Bolivia para hacer seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos que se registraron en el país en noviembre de 2019 y denunciaron retardación de la justicia.

El vocero y activista de derechos humanos de El Alto, David Inca, manifestó que existe preocupación por el “incumplimiento de las recomendaciones del GIEI” por parte del Estado y sugirió que se cree un canal de comunicación directo con el ente internacional para que las víctimas reciban justicia.

“No podemos decir que el Ministerio de Justicia tiene las garantías para el cumplimiento de las recomendaciones, desconfiamos del ministro Iván Lima (responsable de dicha cartera estatal)”, apuntó el activista, ejemplificando que los hechos registrados en Sacaba y Senkata todavía están en fase de investigación.

A esto se suma que no hay imputaciones, ni existen detenidos o procesados por personas que resultaron torturadas previa a los hechos de violencia en Sacaba y Senkata, según Inca, quien advirtió que existe impunidad y espera que los delegados de la CIDH exhorten a las autoridades nacionales para que agilicen estos procesos.

“He sido herido y perdí un ojo, persistimos que la justicia avance lo antes posible”, manifestó por su parte Hernán Maldonado, una de las víctimas por estos hechos.

Asimismo, están pendientes de recibir justicia las víctimas de Cofadena, en el municipio cruceño de Montero, situación que a finales de octubre de 2019 dejó un saldo de dos cívicos muertos, Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra.

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Los comisionados de la CIDH se reunieron también con actores de la oposición y del Tribunal Supremo de Justicia, como parte de la agenda y labores que se deben ejecutar para elaborar un informe que será expuesto en los próximos meses.

Los delegados se reunieron con el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien manifestó su expectativa para que se elabore un informe donde se refleje la necesidad de una reforma que genere y garantice la reforma del Poder Judicial con los mecanismos adecuados, así como la modificación de la tipificación de delitos penales que dan lugar una persecución política arbitraria de la oposición.

Mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torrez, señaló que las recomendaciones del GIEI no son competencia del Órgano Judicial en su mayoría. “Intercambiamos criterios, pero un 90% no está dentro de las competencias del Órgano Judicial y TSJ, toca a otros órganos y cumplir con eso”, concluyó.

Legisladores de este bloque opositores y de la alianza Creemos también sostuvieron reuniones con los representantes del ente internacional, por lo que la senadora Centa Rek exteriorizó que se pusieron en evidencia violaciones flagrantes a derechos de exautoridades, como llevar a un juicio ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez.

“El relator nos manifestó que se va a llevar adelante un informe que va a incluir aspectos presentados hoy. En relación a vulneración de los derechos humanos, la retardación de justicia y que el informe contenga y manifieste lo que vinimos a presentar como parlamentarios de oposición”, expresó la diputada Laura Luisa Nayar.