Según la Fundación Tierra, estas resoluciones benefician a campesinos, interculturales e incluso a gente relacionada con el partido en función de Gobierno.
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Campesinos de Santa Cruz en La Paz en 2022 marchan en demanda de titulación de tierras.
Fuente: paginasiete.bo
Las autorizaciones de asentamiento de nuevas comunidades aprobadas mediante Resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) han provocado una distorsión de la Ley de Reconducción Comunitaria de la ley INRA y han dado origen a los avasallamientos de tierras, advirtió el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
Explicó que en Santa Cruz hay más de 1.500 nuevas comunidades con autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales, tierras indígenas, áreas protegidas. Todas quieren titulación y dotación.
Explicó que el problema fundamental no es solo terminar con el proceso de saneamiento, sino la distorsión que se ha generado en la aplicación de la Ley a partir de avasallamientos, de tráfico de tierras y corrupción, y que han saboteado la idea original de dar derecho propietario a quien realmente trabaja la tierra.
“A partir del conflicto del Tipnis, el Gobierno ha roto acuerdo con organizaciones indígenas de tierra bajas y desde entonces la distribución y titulación de tierras en el país se ha politizado. Quienes han accedido a la tierra, lo han hecho a través de autorizaciones de asentamientos que no existían en la ley original”, precisó.
El cambio se introdujo vía resolución del INRA, que sustituye el mandato de la Ley de tener una política nacional de distribución y redistribución de tierras fiscales, que es muy distinto a la entrega de simples autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades.
“Se han entregado autorizaciones de asentamiento a dirigentes, campesinos, interculturales, gente afín al Gobierno que teniendo información del INRA han acaparado tierra y desde hace 5 años se ha convertido en lo que se conoce como avasallamientos”, explicó Colque.
Añadió que mucha gente que avasalla tierras, especialmente en Santa Cruz, tiene papeles de autorizaciones de asentamientos entregados por el INRA y con esos documentos invaden predios, atropellan derechos de otras personas o tierras fiscales que no son de distribución y entran en conflicto con gente que ya está en las propiedades con estas mismas resoluciones.
“Se está generando un conflicto enorme por la tierra. Lamentablemente, es un conflicto con muertos, cada mes hay dos a tres casos. Estos días se dice que 300 policías han sido expulsados por grupo de avasalladores que resguardaban un predio. Esa es la escala del conflicto que ya se tiene con personas muertas a bala. Es el tema central que debe resolver el INRA y no solo sanear por sanear”, puntualizó Colque.
El saneamiento tiene que traer como resultados distribución y titulación sin problemas, pero lo que se tiene hoy es titulación, autorizaciones de asentamiento poco transparentes, con alta conflictividad por la tierra y con muertos y la Ley original no se diseñó para tener esos resultados, puntualizó.
Agregó que las tierras fiscales deben dotarse mediante una política de distribución y dotación a campesinos que cumplan con requisitos de Ley y que respeten la función económica y social.
“La gente que pide tierra ha presionado para un mecanismo ágil y el INRA inventó una nueva figura con las autorizaciones de asentamiento. De esa manera la gente ocupa tierras, deforesta, la vende. Son pocos los casos de gente que trabaja la tierra. La mayoría son comunidades fantasma que desmontan y venden el predio a empresarios”, alertó Colque.