Productores denuncian que grupos armados tienen en la mira más de 60.000 hectáreas en Guarayos

Fuente: El Deber

Ernesto Estremadoiro Flores



Varios grupos de avasalladores tienen en la mira más de 60.000 hectáreas ubicadas en la provincia Guarayos (Santa Cruz). La denuncia fue hecha por productores de esta región. Revelaron que estas personas actúan con violencia, tienen apoyo económico e incluso político de sectores afines al Gobierno como los interculturales. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) indicó que en las próximas horas dará un informe sobre el caso.

Desde la asunción del presidente Luis Arce el problema de tierra se agudizó en Santa Cruz. Ante esto, el año pasado el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en varias oportunidades convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD) una entidad, que de acuerdo a la Ley INRA, debe resolver estos conflictos. La instancia tiene que estar conformada por representantes estatales y regionales.

La entidad no funcionó por la falta de los representantes nivel central del Estado, en este caso el INRA. En más de una oportunidad la institución dijo que la convocaría no era legal.

Los avasallamientos siguieron. El más reciente ocurrió el 25 de diciembre de 2022, en plena Navidad. Aprovechando el poco resguardo 60 personas, fuertemente armadas, ingresaron al predio Santagro, que tiene 1.800 hectáreas de soya.

Situación

Marcelo Aguilera, representante legal de Santagro informó que se denunció el hecho ante la Fiscalía y la Policía.  Como parte del proceso el jueves, de la anterior semana, se realizó un requerimiento fiscal que contó con la presencia de contingente policial, que se dirigió al predio ubicado en el municipio de El Puente, provincia Guarayos.

Con los policías se logró que estas personas pueden retirarse del lugar, de forma parcial porque un grupo sigue en las proximidades del predio agrícola.

Esta gente fue detenida, pero por presión fueron liberados, el viernes a la 5 de la madrugada cuando prestaban su declaración el comando policial de San Pedro.

“Los cabecillas causaron vejaciones a los trabajadores. Los secuestraron, desnudaron, filmaron y como decimos en el oriente, los han guasqueado”, dijo Aguilera.

Es más, catalogó a estas personas como “una organización criminal” que han ocasionado una gran pérdida económica porque no se pudo realizar los cuidados a las hectáreas de soya del predio.

 Explicó que incluso cuentan con estructuras para formar comunidades a futuro.

“Pero escogen tierras privadas, trabajadas cuando existen más de 20 millones de hectáreas de tierra fiscales disponibles para que puedan beneficiarse de ellas”, señaló.

El jurista explicó que hay más predios avasallados en toda la provincia Guarayos y que los invasores han extorsionado a sus víctimas; que “pagaron cifras astronómicas” para que se vayan.

“El área es de más 60.000 hectáreas, la Fiscalía de Guarayos hace tripas corazón con pocos policías. Es la región más avasallada, la reserva forestal está tomada y predios privados también. No se tiene la capacidad logística y es importante que provean más policías”, pidió el jurista.

Directamente responsabilizó a la Federación de Interculturales, de apoyar estas tomas debido al apoyo logístico que tienen.

Guido Cuadros, secretario de organización de la Federación de Interculturales descartó esta aseveración y denunció que están usurpando el nombre de su sector para actividades ilícitas.

“Nosotros respetamos las leyes, solicitamos las tierras legalmente. Ya no vamos a permitir que nos sigan calumniando”, advirtió.

El empresario productor y ganadero, Rudiger Trepp – que sufrió el avasallamiento de su predio en diciembre del año pasado–, coincidió con Aguilera a la hora de catalogar como organizaciones criminales a estas personas.

Explicó que ellos buscan traficar con las tierras de esta provincia porque tienen gran potencial agrícola dado que se pueden realizar dos cosechas al año.

Pidió a las autoridades nacionales reforzar el trabajo de la Fiscalía y la Policía en Guarayos, porque los avasalladores tienen una gran logística para desplazarse.

Se llamó al fiscal asignado a este caso al caso Ricardo Cayalo, pero su asistente indicó que no se encontraba ocupado.

Magdalena Panduro directora del INRA dijo que está esperando el informe técnico de este caso para dar una versión oficial. “En las próximas horas daremos un reporte oficial, estamos esperando el informe técnico”, dijo.

Para Aguilera es necesario que el sector y organizaciones productivas reactiven el Comité de Defensa de la Tierra, ante las violentas tomas de tierras que habitualmente suceden en Santa Cruz.

Teme que Bolivia, corra el mismo riesgo de Colombia y se instalen guerrillas, que para él es la antesala para que se instalen carteles del narcotráfico. “Hay una banda criminal y desmantelarla”, pidió.