La esposa del cocalero denunció que Régimen quería trasladarlo de Chonchocoro a San pedro solo por la llega de la CIDH.
Fuente: ANF
El expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza enfrenta un segundo proceso por presuntamente lesionar a una mujer de la Policía, cuándo fue aprehendido en septiembre del 2022. Su esposa, Nilda Huanca lamentó que las autoridades se ensañen con el cocalero que permanece con detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
Huanca recordó que Apaza fue al que golpearon y torturaron durante su aprehensión.
“Sobre ese nuevo caso estamos sorprendidos como familia porque el lesionado ha sido mi esposo, estaba mal de su mano, lo han torturado y hay videos que lo muestra y resulta que ellos nomás son víctimas, pero así es la justicia, ellos quieren ganar con sus mentiras”, dijo la esposa en contacto con la ANF.
Apaza fue aprehendido la madrugada del 22 de septiembre de 2022, en un operativo policial donde fue interceptado en vía pública, esto por acusaciones que surgieron por la toma violenta del mercado “paralelo” de Adepcoca el 8 de septiembre del año pasado.
La esposa señaló que el cocalero puede reconocer las voces de quienes lo detuvieron. E incluso, afirmó que en ese momento, los oficiales que lo arrestaron eran solo hombres.
“Las personas que lo han aprehendido eran civiles y hasta ahora no sabemos quiénes eran, pero César lo sabe y puede reconocer las voces. No había mujeres y solo eran puros hombres, solo hombres y ellos hacen aparecer una supuesta víctima y como siempre el Gobierno trata de intimidar a la familia, de hacernos dejar todo, pero nosotros vamos a seguir adelante. El Gobierno está acostumbrado en hacer esto y a mi esposo lo han tratado de la peor manera”, reclamó Huanca.
Para la abogada Evelyn Cossio, el nuevo caso fue abierto con el fin de perjudicar a su defendido y desviar la atención para que puedan investigar “las torturas” que recibió Apaza cuando fue detenido.
“Esta resolución nos extraña que se emite horas antes de la audiencia de consideración de situación jurídica, extremo que lo único que busca es perjudicar a Apaza. Esta denuncia interpuesta es justamente para limpiar la imagen que se ha generado a partir de la aprehensión de Apaza con el fin de que no se pueda denunciar a estos efectivos policiales por las torturas que cometieron contra el señor Apaza”, mencionó Cossio.
De acuerdo a la denuncia el día 22 de septiembre del 2022 cuando se aprehendió a César Apaza, supuestamente habría agredido a la agente policial generando una lesión en el tabique nasal y como resultado presenta un certificado médico forense de tres días de incapacidad.
“Apaza claramente ha señalado que a él lo han maniatado tanto de pies y de manos, pero proceden a sacarle la chompa y lo amarran, prácticamente con la chompa le tapan la vista con el fin de que no vea quienes le estaban torturando, pero la denuncia indica que golpeo a la policía y presenta un certificado médico con tres días de impedimento”. Remarcó.
Lamentó que, al momento de la valoración de Cesar Apaza, luego de su aprehensión y a pesar de que sufrió “actos de tortura por los efectivos policiales” refiere en el certificado médico que no tiene días de incapacidad pese a que sufrió una luxación en su mano y presentaba contusiones al lado derecho de su cuerpo.
Querían trasladar a Apaza a San Pedro por la llegada de la CIDH
La esposa de Apaza denunció que el director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura buscaba trasladar al cocalero al penal de San Pedro solo por la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El licenciado Franz Laura quería bajarlo a San Pedro por una semana para la llegada de la CIDH, solo para mostrar que César Apaza tiene buena atención porque en la cárcel de Chonchocoro no hay atención médica, no cuentan con lo necesario para tratar a un interno pero en San Pedro sí, pero mi esposo dijo ‘aquí voy a quedarme, aquí me han traído y aquí voy a morir’ y le dijimos que si pasa algo con mi esposo será responsabilidad del Gobierno”, reveló.
Por su parte el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó al Juez de Garantías, que tiene a su cargo la acción constitucional de Apaza, conmine a la principal autoridad del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro a complementar el informe que presentó respecto a las condiciones del servicio de salud en la penitenciaría.
“El director del centro penitenciario de Chonchocoro ha presentado un informe que, desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, no constituye el cumplimiento a lo determinado por el juez y, en consecuencia, nosotros hemos pedido al juez que se conmine (al responsable del recinto) para que complemente su informe. Estamos a la espera de la decisión del juez, siempre en la finalidad que se pueda preservar la salud del señor Apaza”, dijo el Defensor del Pueblo.
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