Activistas de DDHH califican de vulneradora de derechos la gestión del ministro Del Castillo

La Paz.- Ante recurrentes acciones que contravienen la normativa nacional e internacional relacionada con los derechos humanos (DDHH), activistas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) califican como negativa la gestión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por ser vulneradora de los derechos de las personas, siguiendo lineamientos políticos y partidarios.

Pese a distintas observaciones de organismos internacionales de DDHH, Del Castillo persiste con acciones que vulneran los derechos humanos, al igual que la Policía, que está bajo su tuición. El ministro continúa recurrentes presentaciones de personas recién arrestadas y aprehendidas en conferencias de prensa junto a jefes policiales, e incluso publica fotografías en sus redes sociales, vulnerando el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, el 296 del Código de Procedimiento Penal, y mucha otra normativa internacional.

Asimismo, las recientes intervenciones policiales a movilizaciones de sectores sociales y de la misma población presentaron características de represión utilizando gran cantidad de elementos disuasivos como disparos de balines y gases lacrimógenos dirigidos al cuerpo de los marchistas, detenciones arbitrarias, siembra de pruebas y torturas, todo ello con apoyo de grupos parapoliciales y personal encubierto.

Marina Vargas, vicepresidenta de la APDHB, afirma que Del Castillo al parecer no tiene clara idea de la misión que le otorga a él y a todas las autoridades gubernamentales los organismos internacionales de garantizar y respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos.

“Parece que no entiende o no acaba de conocer la carta de las Naciones Unidas donde claramente se establece cuáles son las responsabilidades, nos preocupa profundamente el abuso de autoridad en el tema de los detenidos políticos, el de violar derechos por pensar diferente, encarcelar a la gente por pensar diferente ya es altamente preocupante”, dijo en entrevista con ANF.

Aduce que es lamentable el actuar del ministro ya que incumple la norma constitucional de respetar la identidad de las personas y que hasta que no se pruebe su culpabilidad “no se puede matar a un ciudadano civilmente sin que se demuestre su responsabilidad en algún ilícito”.

“Es un grave delito que comete la autoridad, lo que hace es una violación, una vulneración al derecho, a la identidad de los ciudadanos y no es que el ministro diga: ‘si quiero lo hago’ o porque protesta el fulano o el meridiano, él está violando la Constitución, está violando normas internacionales, esa es la realidad”, remarcó Vargas.

Luego de varios cuestionamientos por su actuar, el 28 de mayo de 2022, Del Castillo afirmó que seguirá exponiendo a las personas aprehendidas “por un principio de transparencia y compromiso”, antes de que se inicie una investigación en su contra, además tildándolos de “delincuentes”.

“El pueblo boliviano tiene que saber quiénes roban, quién viola, y quien mata y vamos a seguir presentando a esos delincuentes para que el pueblo pueda reconocerlos”, dijo la autoridad en ese entonces.

El parágrafo I del artículo 116 de la CPE garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.

Asimismo, el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 4, refiere que, en casos de aprehensión “la Policía no debe permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del abogado defensor y se hará constar en las diligencias respectivas”.

El activista de DDHH Franko Albarracín calificó de “muy mala” la gestión de Del Castillo, no solo en términos de efectividad en relación a las funciones que debe desempeñar como funcionario público o ministro, sino también por las acciones que realiza contrarias a los principales derechos humanos que protegen la Constitución y los tratados internacionales.

“Organismos internacionales como Human Right Watch (Observador de Derechos Humanos) entre otros ya alertaron en el campo internacional que el ministro de Gobierno en plena vulneración del principio de inocencia exhibe a las personas denunciadas porque en muchos casos ni siquiera son imputados sino personas denunciadas o arrestadas; las exhibe como si fueran personas sentenciadas, incluso en casos de persecución política”, afirmó Albarracín.

Este actuar del ministro de Gobierno demuestra un patrón de graves vulneraciones a los derechos humanos que no debería existir, según el activista.

Albarracín destaca que el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Del Castillo, se ha constituido en una instancia que lejos de proteger a la población y resguardar sus derechos “genera terror y violencia”.

“Podemos dar varios ejemplos, como el caso de las manifestaciones de campesinos cocaleros de Los Yungas de Adepcoca (Asociación de Productores de Coca), en La Paz; la represión durante estas manifestaciones (en 2022) ha sido brutal y se ha hecho en coordinación con grupos parapoliciales, todo esto liderado por el ministro de Gobierno, o por lo menos han actuado con plena aquiescencia de él. En este mismo conflicto hemos visto como policías ingresan de forma ilegal a los domicilios de vecinos de Villa Fátima, hemos visto como actuaban de manera absolutamente violenta con pleno uso excesivo de la fuerza y hasta ahora no hay policías procesados, no hay ningún cuestionamiento del parte de Del Castillo, por el contrario, hay un impulso”, explicó Albarracín.

Mencionó también que se presentaron denuncias incluso de personas que fueron detenidas durante el paro en Santa Cruz, además de personas que fueron torturadas por la Policía durante su detención, en el caso de las protestas de Adepcoca.

“Y de paso detenciones ilegales porque se han ejecutado en horas de la madrugada, entonces la gestión de Eduardo del Castillo no solo es mala en relación a la función administrativa que debe desempeñar como ministro, sino es una gestión demasiado cuestionable al ser extremadamente violenta y al trabajar únicamente con intereses políticos incluso partidarios”, dijo.

En tanto, para el activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, Del Castillo ha ido cumpliendo sus labores, sin embargo, al mismo tiempo debe demostrar ante la población que tiene la última palabra y “si ello implica violentar algún derecho humano, lo hará”. No obstante, también cuestiona la permisibilidad de esta situación de parte de la población y los medios de comunicación que replican las acciones del ministro al presentar también imágenes de detenidos.

“El mismo hecho de presentar a las personas públicamente ya es un acto que va en contra de la dignidad de las personas de acuerdo a la declaración (universal de los DDHH), pero también es permitido por algunos medios de comunicación, especialmente los televisivos”, sostuvo.

De acuerdo a los datos de los activistas, entre los reiterados pronunciamientos de la comunidad internacional por lo que sucede en el país está el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de Human Right Watch, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, durante una visita al país, principalmente por el uso excesivo de la fuerza policial, abuso y arbitrariedad en las protestas del paro en Santa Cruz, de Adepcoca en La Paz y en el conflicto por la Ley de Ganancias Ilícitas.