En los últimos días, ampliaron la detención preventiva a César Apaza y Jeanine Añez. El procurador Wilfredo Chávez anunció que volverá a pedir a la Fiscalía que convoque a los obispos por la crisis de 2019.
-
El acto de desagravio de los exvocales del TSE.
Fuente: paginasiete.bo
El aval del comisionado de la CIDH, Joel Hernández, en el desagravio a los vocales del TSE acusados de fraude electoral en 2019 ya tiene sus primeras consecuencias. Familiares de presos políticos y activistas advierten que la arremetida del Gobierno ahora “se ahondará”, después del reconocimiento del relator. En los últimos días se ampliaron las detenciones de César Apaza y la expresidenta Jeanine Añez, y el procurador, Wilfredo Chávez, anunció que pedirá otra vez que los Obispos declaren por el caso ‘golpe de Estado’.
“Nosotros teníamos la esperanza de que a través de la CIDH se pueda hacer algo por la salud de mi hermano, pero no se tomó en cuenta nada. Ahora la represión es mayor de parte de jueces y fiscales, y de las autoridades del Ministerio de Gobierno. Ahora con más ganas parece que nos van a arremeter, tal vez quieren una muerte lenta de mi hermano”, declaró a Página Siete Miriam Apaza, hermana del cocalero César que sufrió una embolia y que pese a ello sigue con detención preventiva.
Miriam Apaza se mostró “desilusionada” con la visita de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque pese a ello, la justicia decidió el jueves ampliar por tres meses la detención preventiva de su hermano en el penal de Chonchocoro, tras un pedido de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno bajo el argumento de que “la investigación es compleja”.
Katherine Antezana, vicepresidenta de la Asociación de Familias de Víctimas Perseguidos y Presos Políticos (Afavim) advirtió un panorama incierto para ese sector. “La persecución política se va a ahondar más y esta es una de las primeras consecuencias, porque ahorita están muy envalentonados los jueces después de que él (relator Hernández) ha venido a ratificar que ha habido golpe, pese a que la OEA dijo lo contrario”, enfatizó.
Fernando Handall, representante de la organización Transparencia Bolivia, que también entregó a la CIDH información sobre los 244 detenidos políticos en el país, alertó que la persecución política proseguirá. “El Estado está profundizando, no sólo a partir de su discurso, sino también de un falso aval generado con la acción del relator Hernández para perseguir, judicializar y ratificar las acciones alrededor de la teoría de golpe de Estado, vulnerando todos los derechos procesales”, puntualizó.
A todo ello se suma, que el jueves, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, anunció que volverá a acudir a la Fiscalía para que los obispos de la Iglesia Católica que participaron en las reuniones de pacificación en 2019 en la Universidad Católica declaren como testigos en el caso Golpe de Estado I. El pedido ya había sido descartado por la Fiscalía y también por el mismo ministro de Justicia, Iván Lima, pero el aval de Hernández puede darle más argumentos a Chávez, según el diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana.
“El Procurador, que busca posicionarse dentro de la estructura del MAS, ahora quiere liderar otra oleada de persecución producto del error de este personaje de la Corte Interamericana”, indicó Pedrazas al referirse a Hernández.
El asambleísta Pedrazas insistió en que la posición del relator mexicano “alimenta el odio y las reacciones radicales al insistir con la narrativa del golpe de Estado”.
“Acelerarán la persecución”
La representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en Cochabamba, Lizeth Beramendi, aguarda que la posición de Hernández no sea compartida por toda la CIDH; sin embargo, afirmó que el Gobierno está usando el accionar (del comisionado) para fortalecer su discurso de golpe de Estado y así “intentar tapar el fraude electoral para después apretar el acelerador de la persecución judicial”.
Hernández fue declarado “persona no grata, por siempre”, por la organización Afavim y el Conade Cochabamba también lo declaró “persona no grata”, mientras que el exembajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Jaime Aparicio, planteó que Hernández sea retirado como Relator de la CIDH para Bolivia.
El miércoles, algunas víctimas y familiares de perseguidos políticos denunciaron “la falta de empatía” de los comisionados durante las entrevistas por separado y que duraron tres minutos. Un día después, el jueves, cuando los periodistas de Santa Cruz denunciaron los atropellos a la prensa por parte del Gobierno, un reportero fue atacado en un conflicto por tierras.