Bloquear la Reforma sería lo peor

Desde el ejecutivo y concretamente desde el despacho del ministro de justicia Iván Lima, se avisa que no hay tiempo para realizar el proceso de reforma este año, ni mucho menos antes de la elección de 23 magistrados y tres consejeros, sin duda que el error de número supone estar nervioso o cuando menos preocupados cómo hacer efectivo que la Asamblea Legislativa Plurinacional logre los 2/3 de votos que le asegure el tercer periodo de cooptación del Órgano Judicial, porque lo que está en juego no es solo elegir 36 magistrados y 6 magistrados consejeros de la Magistratura, sino vocales departamentales y jueces en todas las materias en el país (más de 1.500 jueces y más de 500 fiscales ).

Los juristas independientes, que han tomado el camino de “la triple democracia” para reformar la Constitución parcialmente, abren las puertas para la transparencia del proceso en tres planos:



Primero, el pueblo participa consciente y sin presión alguna, firmando los libros en todo el país, acto que está siendo controlado por el Órgano Supremo Electoral, con sujeción a la Ley 026 del Régimen Electoral de  30 de junio de 2010 (fase que está en desarrollo desde el 25 de enero).

Segundo, las fuerzas políticas que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) consideran y aprueban por 2/3 de votos las ternas cerradas y vinculantes que emerjan del proceso de evaluación imparcial ejecutado por la “Comisión Nacional de Postulaciones”, ternas que respetan el 50% de mujeres y 50% de varones. El plazo que tienen las fuerzas políticas del MAS IPSP, Comunidad Ciudadana y CREEMOS es de 30 días, caso contrario, si no hay consenso, los primeros de las ternas serán elegidos, y

Tercero, con la aprobación que haga la Asamblea Legislativa, los nombres de las o los profesionales designados como ganadores inicialmente, serán sometidos a consulta mediante Referéndum que debe convocar el Tribunal Supremo Electoral en el plazo de 15 días, computable a partir de la Resolución de 2/3 del Congreso de la ALP.

Se suma a la cadena democrática de la reforma que pretende bloquear el ministro de justicia y los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP), la participación del Sistema Universitario; el Ilustre Colegio Nacional de Abogados; la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados; La Organización Nacional de la Prensa y el Sistema Indígena Originario Campesinos; instituciones que de acuerdo a sus Estatutos y reglamentos elegirán a los 9 representantes que conformarán “la Comisión Nacional de Postulaciones”, que se encargará de la preselección, evaluación, selección y elaboración de las ternas para el Órgano Judicial y Fiscal General, con la cualidad de ser vinculante y obligatoria su majestuosa obra, sobre todo si tendrá carácter de funcionalidad permanente. También se prevé la consulta previa al TCP de las 4 preguntas para la reforma judicial.

¿Cuáles son los beneficios que persigue la reforma parcial de la Constitución?

Los ciudadanos se encontrarán más seguros en sus derechos fundamentales, libertad y protección de la propiedad privada urbana y rural, con una justicia independiente e imparcial. Proscribirán los avasallamientos.

Se respetará la Constitución, el bloque de convencionalidad y las leyes como integrantes del orden jurídico del Estado y la paz social.

Los vocales y jueces serán de carrera y gozarán de estabilidad y permanencia en sus cargos.

El acceso a la justicia será de menor costo en tiempo y economía para los ciudadanos, al crearse en los barrios de las ciudades capitales, ciudades intermedias, poblaciones y municipios los jueces de paz elegidos por los mismos ciudadanos para conciliar sus conflictos en armonía y mediante la mejor herramienta “el diálogo”. Gozarán entonces de un conciliador, componedor, un padre o madre.

La justicia estará al servicio de los ciudadanos y no el cargo del magistrado a servicio del sistema de gobierno.

Con una justicia autónoma en lo funcional y apegada a la Constitución, los magistrados y jueces “eliminarán la impunidad agudizada en los doce últimos años”, corrupción y tráfico de influencias.

Con un sistema nuevo de justicia objetivo e imparcial, el principio de la presunción de inocencia será la regla, y la detención preventiva “la excepción”. La filosofía y praxis será bajar los actuales índices de abuso excesivo de la detención preventiva, que supera el 70% en las cárceles del país.

Los nuevos magistrados y jueces promoverán que todos los procesos graves y gravísimos por violación, feminicidios, asesinato, narcotráfico, violencia a la integridad física y psicológica con grupos armados irregulares combinados con la policía, entre otros, sean investigados, juzgados y sancionados los presuntos autores, y así se elimine la práctica de la discriminación en los juzgamientos o, el consabido rechazo de la demanda por uso de influencias del poder político.

Los magistrados promoverán proyectos de leyes para presentar al parlamento, por ejemplo una Ley marco para el beneficio del indulto para los presos que tengan condena firme ejecutoriada; Ley marco para el derecho a la amnistía general e irrestricta para los refugiados políticos; Ley marco para promover el trabajo comunitario en instituciones de los internos con penas menores; Ley de prevención interinstitucional para reducir la criminalidad; Ley que incorpore la apelación horizontal (una de las salas penales) en juicios de responsabilidades; entre otras.

La justicia comunitaria indígena originario campesina gozará de autodeterminación efectiva, en el marco de los usos, costumbres y tradiciones en su respectivo espacio geográfico comunitario, sin injerencia de leyes ordinarias que distorsionan su identidad cultural.

El presupuesto del 3% asignado al Órgano Judicial cubrirá las necesidades de jueces, condiciones físicas, sistemas informáticos, ChatGPT. Asimismo, mejorar la calidad de las Escuelas de jueces y fiscales.

La reforma parcial es constitucional, urgente y prioritaria (Informes de GIEI y del Relator de la ONU), es plenamente democrática y para gente en igualdad de condiciones.

Además, la reforma se presenta como la mejor vacuna contra el sistema judicial fatigado y en crisis profunda.

Antonio Cano dice: “Nuestras sociedades están asediadas por la injusticia y la desigualdad, entre clases, razas y credos”. Por eso, a sabiendas de que la olla hierve y que la tapa va a saltar, responsabilidad de todos es prepararse para el cambio, y apoyar la transformación.

 

Pedro Gareca Perales, Dedicado a la abogacía