El lunes, Joel Hernández y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, participaron en un acto de desagravio a los exvocales electorales, acusados de fraude en 2019. Ese acto, organizado por el Ministerio de Justicia, se constituyó en una tramoya para indicar que “no hubo fraude”, pero sí golpe, en Bolivia.
Miembros de la CIDH ingresan a las cárceles de Chonchocoro y Miraflores en La Paz. | APG
En medio de serios cuestionamientos al comisionado Joel Hernández por mostrar parcialidad con el Gobierno, este martes, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó los centros penitenciarios de Chonchocoro y Miraflores, donde se reunieron con el gobernador Luis Fernando Camacho, César Apaza, la expresidenta Jeanine Áñez y otros. En esta oportunidad, los mencionados expusieron la vulneración al debido proceso y sus derechos humanos.
El lunes, Hernández y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, participaron en un acto de desagravio a los exvocales electorales, destituidos por Evo Morales, acusados de fraude en 2019. Ese acto, organizado por el Ministerio de Justicia, se constituyó en una tramoya para indicar que “no hubo fraude”, pero sí golpe.
La presencia del relator fue calificada como un rol servil al Gobierno y que se busca maquillar las graves violaciones a los derechos en el país.
“La participación del relator Joel Hernández, en un acto político que pretendió negar el fraude del MAS y sus cómplices, fue desacertada y cuestionable éticamente. Pone en duda la imparcialidad y respeto que esa Comisión le debe al país. La CIDH nos debe una explicación”, dijo, en su cuenta de Twitter, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos D. Mesa Gisbert.
Asimismo, el exdiplomático Jaime Aparicio Otero, en la misma red social, señaló que “comisionado @CIDH Hernández participa en ceremonia de ‘apología del delito’ con coautores del mayor fraude electoral de la historia de Bolivia”.
En tanto, el Conade calificó de persona no grata y los asambleístas de oposición, incluso, demandan que Hernández sea apartado de la delegación.
Cárceles
Pese a estas reacciones, la delegación continuó con su agenda de visitas a los penales de Chonchocoro, Miraflores y otros.
En Choncocoro, el gobernador cruceño Camacho se reunió con los delegados del organismo. En esta oportunidad solicitó la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que investigue la represión policial en Santa Cruz, en los 36 días de paro por el censo.
La expresidenta Áñez también se reunió con la CIDH. Denunció que se vulneraron sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, a la integridad, al juez natural, a la presunción de inocencia y al Juicio de Responsabilidades.
“Cumplo una condena anticipada, una condena prescrita con mi linchamiento desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría del Estado, el jefe del Movimiento Al Socialismo Juan Evo Morales Ayma y el presidente Luis Arce Catacora”, indicó Añez en una carta.
Contra Hernández
El constitucionalista José Luis Santistevan indicó que “miembro de CIDH viola sus funciones definidas en art. 41 de convención, sus actividades son incompatibles porque afecta la imparcialidad, art. 71 convención. Su renuncia es indispensable para credibilidad de CIDH. La OEA ya resolvió fraude 2019”.
El exdiplomático Jaime Aparicio señaló que “Joel Hernandez, bajo instrucciones de gobierno mexicano, ocasiona un profundo daño a credibilidad de la CIDH, contradice auditoría OEA/UE y USA”.
Hernández, criticado en Chile por su postura
En 2020, Joel Hernández relator para Chile de la CIDH, durante la visita “in loco” en la vecina nación, también fue cuestionado por “graves dichos” sobre la situación y crisis de 2019.
En un documento, denominado Declaración Pública, ante graves dichos de Joel Hernández, entonces comisionado de DDHH de la CIDH para Chile, se indica que ante consultas de diputados y diputadas dijo: “En lo que tiene que ver con el debate de si existen presos políticos del estallido social, déjenme aquí ser muy claro y muy honesto sé que este es un tema de polémica al interior de Chile, es difícil caracterizar que haya presos políticos con motivo del estallido”.
Hernández dijo que “la protesta social debe ser pacífica y que cuando se excede el límite de los pacífico deja de ser protesta social”.
“Tales afirmaciones no se condicen con los parámetros que el mismo Sistema Interamericano de DDHH ha fijado en materia de derecho a la protesta, amparado por el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación”, se señala en la Declaración Pública.