La defensa del exmiembro de la Comisión Calificadora, Juan Carlos Hidalgo, afirma que la devolución de los nueve millones de bolivianos, por parte del gerente de CHEC, demuestra que nunca se pagó una coima.
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El testigo protegido en el caso ABC, Felipe Sandy Rivero, durante la grabación de su video en Estados Unidos.
El diputado del MAS Héctor Arce informó que los dos abogados del testigo protegido Felipe Sandy Rivera sufrieron amenazas de muerte, luego de que el ministro de Justicia, Iván Lima, revelara que Sandy presuntamente falleció en enero, en un accidente de tránsito en Estados Unidos. Arce sostuvo que será la familia de la víctima la que tome la decisión de procesar a Lima por la infidencia.
“Son dos los abogados (de Sandy), pero no podría revelar ese dato (su identidad). Son gente que también está preocupada. Me llamó uno de ellos y me dijo ‘me acaban de amenazar de muerte’. Y me pregunta si yo podría ayudarlo para su seguridad. Ese tipo de cosas es lo que pasa lamentablemente”, informó a Página Siete el diputado Arce.
El legislador del ala evista señaló que los abogados de Sandy, que trabajan en La Paz, acompañaron todo el proceso de denuncia del caso de corrupción en la ABC, desde los primeros meses de 2022. Ambos juristas estuvieron presentes el 22 de agosto de ese año, cuando Sandy dio su declaración en cámara Gesell en la Fiscalía de Sucre, donde solicitó acogerse a la calidad de testigo protegido.
Una vez que estalló el escándalo, Sandy dijo que decidió abandonar el país por las amenazas de muerte que recibió. Su última ubicación conocida fue Miami, Estados Unidos. Allí, en enero de este año, grabó un video en el que aseguró que alguien estalló una bomba en la puerta de la oficina de sus abogados.
Arce corroboró esa versión, pero no quiso dar más detalles, al mismo tiempo, sostuvo que él también fue víctima de hostigamiento y amenazas “irreproducibles”, señaló que varias de ellas se dieron a través de perfiles falsos de Facebook.
“Son tres hechos importantes. Primero, el testigo protegido no ha recibido, de acuerdo a la Ley 458, lo mecanismos que le garantice su integridad y la de su familia. Al contrario, el ministro de Justicia lo amenazó con perseguirlo penalmente, no se le dio las garantías, por esa razón salió del país”, afirmó Arce. El legislador apuntó que será la familia de Sandy la que debe tomar medidas y analizar si procesará al ministro Lima, por revelar su identidad.
Como segundo punto, señaló el atentado en la puerta del edificio donde los abogados de Sandy tienen sus oficinas. Por último, mencionó las amenazas en su contra, “si el costo que tenemos que pagar por luchar por la transparencia es la cárcel o la muerte, lo vamos a asumir con total responsabilidad”, manifestó Arce.
Gerente de ABC Sucre
Por otro lado, el fiscal del caso, Javier Gorena, informó que el miércoles se suspendió una audiencia de cesación a la detención preventiva, solicitada por el exgerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Sucre, Hernán Palacios. Él fue parte de la Comisión Calificadora que aprobó y firmó el contrato, para la construcción de la carretera Sucre – Yamparáez con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), representada por Zhengyuan Jin.
Según los antecedentes, en diciembre de 2022, en audiencias separadas, Palacios y Juan Carlos Hidalgo, otro exmiembro de la Comisión Calificadora, junto a quien fueron encarcelados durante el inicio del caso, lograron que se les otorgue una detención domiciliaria. Pero tiempo después la misma fue revocada en una apelación planteada por la Fiscalía y el Gobierno.
En el caso de Palacios, éste presentó una acción de libertad contra esa apelación y se ordenó que sea revertida, para que se mantenga la detención domiciliaria. En la audiencia de cesación realizada el miércoles, el juez dio un cuarto intermedio, hasta contar con una copia del fallo de la acción de libertad.
Miembro de la Comisión
Por otra parte, Hidalgo tiene programada su audiencia de cesación a la detención preventiva para el 3 de abril. De acuerdo con la abogada del exfuncionario, Dubeysa Palacios, en dicha audiencia se solicitará que su cliente ya no permanezca encarcelado en el penal de Sucre y se le permita cumplir una detención domiciliaria en Oruro, donde tiene a su familia.
Asimismo, para la abogada Palacios hay otros hechos que analizar, como la noticia de la muerte del testigo protegido, la ampliación de la imputación contra su cliente y todos los imputados y la devolución del dinero que Jin hizo, en un proceso de orden privado en favor de CHEC.
Hidalgo fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y uso de instrumento falsificado, pero ahora la Fiscalía solicitaría que también se lo procese por conducta antieconómica.