El diputado Héctor Arce compartía los mismos abogados con el testigo protegido, estos aseguran que la muerte de Felipe Sandy se trata de un crimen de Estado y pidieron medidas de protección a CIDH.
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El diputado del MAS, Héctor Arce, en una conferencia de prensa.
El diputado Héctor Arce reveló que la “(ex)abogada senior” de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Rosario Cuéllar, pasó a trabajar a la empresa China Harbour Engineering (CHEC) y fue quien presentó la denuncia por extorsión contra el testigo protegido, Felipe Sandy. El legislador criticó que esa demanda se haya hecho luego de que se destapara el escándalo de corrupción.
Sandy, quien falleció en enero de este año en Estados Unidos (según el Gobierno), en circunstancias aún no esclarecidas, decidió salir de Bolivia por las amenazas que sufrió luego de revelar y dar su declaración ante la Fiscalía, por el caso de corrupción entre funcionarios de la ABC y la CHEC, para la adjudicación del contrato para la construcción de la carretera Sucre – Yamparáez, que tenían un costo de 456 millones de bolivianos.
“Una funcionaria que trabajó en ABC (Cuéllar), que conocía del proceso de contratación, luego presenta la denuncia (contra el testigo protegido) y hace requerimientos a Sereci (Servicio de Registro Cívico) y otros, entonces esto nos da a entender que todo este hecho de corrupción era de conocimiento de estos funcionarios”, afirmó el diputado Arce, la noche del martes durante una entrevista en el programa Que no me pierda.
Página Siete trató de comunicarse con la abogada Cuellar para conocer su versión, pero la misma no atendió las llamadas.
El diputado del ala evista acusó a los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño, y al de Justicia, Iván Lima, de ser quienes lo amenazan e insultan constantemente por hacer las denuncias. Arce señaló a Lima por revelar la identidad de Sandy, pese a su muerte, pues de esa forma se vulneró la seguridad del entorno del testigo protegido, como la de su familia y sus abogados.
Cronología de la denuncia
El legislador señaló que la abogada Cuéllar trabajó hasta finales de 2021 en la ABC. Según su explicación cronológica, gracias a la manipulación del proceso de licitación, cometida entre diciembre de ese año y enero de 2022, por miembros de la comisión calificadora, gerentes y el presidente de la ABC, Henry Nina, la empresa CHEC se adjudicó el contrato para la construcción del tramo carretero Sucre – Yamparáez, en enero de 2022.
En febrero de 2022 el gerente de la CHEC, Zhengyuan Jin, presuntamente logra blanquear 9 millones de bolivianos por medio de un contrato ficticio con una empresa que no estaba en funcionamiento. El 4 de marzo, usa ese dinero para el pago de la coima negociada con anterioridad.
Por estos hechos, en abril de 2022 Sandy contrata abogados, primero para cobrar los honorarios que la CHEC le debía, por haber gestionado negocios con empresas locales en Sucre y luego, para preparar una denuncia por los actos de corrupción que atestiguó mientras trabajaba junto a Jin.
Sin embargo, este intento de cobro de salario por parte de Sandy a la CHEC sería considerado como un acto de extorsión. El testigo protegido relató que en agosto de ese año, luego de que presuntamente sus denuncias no fueron atendidas por autoridades de la Vicepresidencia y la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, el diputado Arce presentó la denuncia en la Fiscalía de Sucre.
Arce manifestó que luego de las aprehensiones de Jin y funcionarios de la ABC, en octubre de 2022, la CHEC, con patrocinio de la abogada Cuellar, presentó la denuncia contra Sandy, por la extorsión supuestamente cometida en abril. “Han demorado seis meses en presentar esta denuncia, si fue así, ¿por qué no denunciaron la extorsión en abril, por qué esperaron hasta octubre?”, cuestionó Arce.
Los mismos abogados
En un video grabado en enero, días antes de perder la vida, en Miami, Sandy afirmó que sus dos abogados, con quienes presentó la denuncia, sufrieron un atentado en puertas del edificio donde tienen sus oficinas, en la zona Sur de La Paz.
El diputado Arce reveló que los abogados de Sandy eran los mismos que lo representaron a él durante la presentación de la denuncia en Sucre, uno de ellos es el jurista Marcelo Cazas, que el martes calificó la muerte del testigo protegido como un hecho nunca antes sucedido en Bolivia. El jurista junto con el diputado del ala evista presentaron una solicitud de medidas de protección a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en estos días visita Bolivia.
Crimen de Estado
“Desde la presentación de la denuncia se dieron una serie de amenazas, desde el momento que se dieron las audiencias de medidas cautelares, recibe amenazas, el diputado, yo, nos mandan fotografías mostrando la ropa con la que estaban en la mañana, antes de salir de su casa (…) el cherry en la torta ha sido la bomba (que estalló) en diciembre del año pasado, cuando gracias a Dios no hubo daños personales”, relató Cazas en el mismo programa.
Cazas denunció que las amenazas que recibieron al inicio del caso disminuyeron luego del estallido de la bomba en la puerta del edificio donde tienen sus oficinas, pero las mismas recrudecieron luego de que el ministro Lima reveló la identidad de su cliente fallecido. El abogado señala que reciben mensajes y llamadas de números desconocidos.
“Aquí ya ha sucedido una tragedia (la muerte de Sandy), que para nosotros es un crimen de Estado y que no tiene antecedente en la historia boliviana. Por cómo se ha llevado adelante este proceso, no nos permiten a nosotros permite ejercer nuestra profesión, incluso la del diputado, que tiene garantías constitucionales, por eso recurrimos a la CIDH”, manifestó Cazas.
Tres casos de ABC
De acuerdo a los antecedentes, al momento se tiene tres procesos penales abiertos en relación a supuestos actos de corrupción en la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaez por parte de la ABC en favor de la empresa CHEC.
“Son tres casos diferentes que no tienen relación uno con otro. El primer caso es por corrupción y lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hubo malos funcionarios que actuaron indebidamente, en ese caso hay detenidos preventivos, se ha ampliado el caso que está en la ciudad de Sucre; el segundo caso es por legitimación de ganancias ilícitas contra ese mal gerente (exgerente de la CHEC); y el tercer caso contra el testigo protegido que siempre dijimos que era parte de la organización criminal que pretendió dañar la honra de Henry Nina”, declaró Lima la pasada semana.
En el primer caso, según Lima, se busca sancionar a funcionarios de la ABC que presuntamente realizaron acciones ilícitas en el proceso de contratación de la carretera Sucre – Yamparaez.
“En ese proceso hay detenidos preventivos, inclusive se ha ampliado la acción penal contra la notaria que elaboró los documentos que son objeto de denuncia en este caso y hay la posibilidad de que se determine que funcionarios de la ABC introdujeron al menos un poder notarial dentro de ese proceso de contratación. En este caso estamos buscando que se presente una acusación penal, porque los funcionarios de la ABC no actuaron con la debida diligencia”, manifestó.
Lima sostuvo que se realizaron reuniones con el más alto nivel de la gerencia de la empresa china y que se encuentra garantizada la construcción de la carretera.
Posteriormente, se refirió al proceso que fue instalado en La Paz luego de que en Sucre se liberara al exgerente de la empresa china. “El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional logró la detención preventiva del gerente de una de las empresas más grandes que está operando en Bolivia y en la región”, recordó.
En relación con las actuaciones del exgerente de la empresa CHEC Bolivia, detalló que cuando se allanaron sus oficinas, se encontraron facturas compradas para defraudar al fisco por sumas millonarias y que adicionalmente se retiró dinero de cuentas bancarias sin un destino conocido, por lo que el exgerente se encuentra detenido preventivamente y es objeto de investigación.
“China Harbour consecuente con sus valores y principios, destacó a un equipo del más alto nivel y a un equipo de auditores que determinó que su gerente había actuado en contra de los intereses de sus accionistas y de la empresa; el gerente fue destituido y está enfrentado una serie de procesos penales. Adicionalmente, esta empresa le ha pagado al Estado boliviano todos los montos de dinero que habían sido indebidamente declarados y no pagados por parte de este mal gerente”, develó.