El informe que corresponde al año 2022 ve presos políticos, ataque a la prensa, corrupción y torturas

RESUMEN EJECUTIVO

Bolivia es una república constitucional multipartidista con un presidente electo y una legislatura bicameral. En 2020, Luis Alberto Arce Catacora, candidato del partido Movimiento al Socialismo, ganó las elecciones presidenciales con el 55 por ciento de los votos. Misiones de observación electoral internacionales y organizaciones de observación electoral nacionales caracterizaron las elecciones nacionales como libres, imparciales y transparentes.

La Policía Boliviana, bajo la autoridad del Ministerio de Gobierno, tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir la ley y mantener el orden dentro del país, pero las Fuerzas Armadas, que dependen del Ministerio de Defensa, pueden ser llamadas para ayudar en situaciones críticas. Los funcionarios de inmigración dependen del Ministerio de Gobierno, y la policía y las fuerzas armadas comparten responsabilidades en la vigilancia de las fronteras. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos.

Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: tortura y casos de trato o castigo cruel, inhumano o denigrante por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas respecto a la independencia judicial; restricciones sobre la libertad de expresión y medios de comunicación, incluidos actos de violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión; corrupción gubernamental seria; falta de investigación y de rendición de cuentas por actos de violencia en razón de género; y existencia de las peores formas de trabajo infantil.

En algunos casos el gobierno tomó medidas para enjuiciar a miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios del gobierno que cometieron abusos o actos de corrupción, pero la aplicación desigual e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto condujeron a la impunidad.

Country Reports on Human Rights Practices for 2022

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

 

Sección 1. Respeto a la integridad de la persona

a.   Privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilegales o por motivos políticos

No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales durante el año.

b.   Desaparición

No hubo informes de desapariciones por parte o en nombre de las autoridades gubernamentales.

c.   Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes, y otros abusos relacionados

La constitución prohíbe todas las formas de tortura, coerción y violencia física y emocional, pero hubo informes de que funcionarios del gobierno las emplearon. El código penal sólo prevé penas mínimas para las personas condenadas por tortura, pero ningún funcionario público ha sido jamás declarado culpable del delito.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que el Ministerio de Justicia no denunció actos de tortura por parte de policías y militares, empleados con frecuencia según la Defensora del Pueblo Nadia Cruz. Las ONG informaron que las investigaciones policiales se basaban en gran medida en la tortura para obtener información y extraer confesiones. Según informes, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a las instalaciones policiales o custodiaban a las personas detenidas. Según informes de ONG que trabajan con poblaciones carcelarias, las formas más comunes de tortura para hombres y mujeres con privación de libertad incluyen violación, violación en grupo por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, uso de pistolas paralizantes (tasers), asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia.

El 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo informó que policías golpearon a 11 productores de coca detenidos por protestar contra un mercado de coca rival y que los detenidos sufrieron contusiones. Un abogado de los productores de coca añadió que se les privó de alimentos y se les impidió reunirse con sus abogados mientras estaban detenidos. La Defensora del Pueblo también criticó el uso de gas por parte de policías contra civiles durante las protestas.

Las autoridades arrestaron al denunciante Marco Antonio Aramayo en 2015 luego de que acusara a funcionarios del gobierno de robar 1.260 millones de bolivianos (182,7 millones de dólares) del Fondo Indígena que él dirigía. Tras su denuncia, se enfrentó a más de 250 procesos penales, de los cuales solo tres dieron por resultado una sentencia, por un total de cinco años de prisión. Aramayo murió en abril luego de pasar siete años en prisión preventiva en 56 cárceles diferentes. En septiembre, una ONG publicó un informe que concluía que Aramayo había sido atacado 88 veces en prisión y torturado. El informe responsabilizó a numerosos policías, jueces y funcionarios gubernamentales por estos ataques. Varios funcionarios del partido político Movimiento Al Socialismo (MAS) involucrados en el caso fueron acusados, pero ninguno había sido condenado hasta finales de año.

La impunidad policial continuó siendo un problema importante debido a la corrupción y la politización del sistema judicial. Rara vez se utilizaron o aplicaron mecanismos para investigar abusos. La Defensoría del Pueblo recibió 110 denuncias de tortura desde 2019 hasta marzo de 2022, pero ninguna dio por resultado una sentencia de prisión. Los procedimientos legales complejos, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la interferencia del ejecutivo, la corrupción y los mecanismos inadecuados de seguimiento de casos contribuyeron a la impunidad policial. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a los sobornos pagados a los investigadores de las partes bajo investigación.

Condiciones de las prisiones y centros de detención

 

Las prisiones estuvieron superpobladas y carecieron de servicios médicos adecuados, lo que ocasionó condiciones duras y potencialmente mortales. La violencia fue generalizada debido a la falta de seguridad interna.

Condiciones físicas abusivas: Según la administración penitenciaria del gobierno, las instalaciones penitenciarias tenían una capacidad combinada para 6.765 personas, pero al mes de marzo la población carcelaria era de 20.864 reclusos. El problema fue más agudo en las 20 prisiones urbanas. Hombres y mujeres compartieron dormitorios en el Penal de Morros Blancos en Tarija, el Penal de Montero en Santa Cruz, el Penal de Riberalta en Beni y el Penal de Oruro en Oruro. En otras instalaciones, hombres y mujeres tuvieron dormitorios separados, pero ambas poblaciones se mezclaban todos los días. Las reclusas sufrieron acoso y agresión sexual de manera regular y algunas se vieron obligadas a pagar tarifas de extorsión para evitar ser violadas. Observadores notaron violaciones generalizadas y otras formas de violencia de género y una cultura del silencio que reprimió la denuncia de violencia en razón de género por temor a represalias.

La ley permite que niños menores de seis años vivan con una madre encarcelada, pero no con un padre encarcelado, en “condiciones seguras y reguladas”. Niños mayores a veces residieron en centros de detención con madres encarceladas, a pesar de las condiciones inseguras.

La ley establece las edades para la detención juvenil de 14 a 16 años y exige que los delincuentes juveniles permanezcan en instalaciones separadas de la población penitenciaria general para facilitar la rehabilitación; sin embargo, muchos delincuentes permanecieron en centros juveniles mucho después de llegar a la edad adulta. Según informes, reclusos adultos y policías abusaron de reclusos menores. Los programas de rehabilitación para menores u otros presos fueron escasos.

Un médico atendía a los reclusos en cada prisión dos veces al mes. Aunque los servicios médicos fueron gratuitos, las prisiones rara vez tuvieron medicamentos a la mano. Prevalecieron las dermatosis y la tuberculosis debido al hacinamiento de los dormitorios y la falta de medicamentos. Las mujeres embarazadas encarceladas carecieron de acceso a servicios obstétricos.

La violencia en las cárceles y centros de detención fue universal debido a la inadecuada seguridad interna. Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, trata sexual y amenazas de muerte. Hubo denuncias de violaciones y agresiones sexuales cometidas por las autoridades y por otros reclusos.

 

La corrupción fue generalizada. La capacidad de un recluso de pagar sobornos a menudo determinó su seguridad física, el tamaño de su celda, privilegios de visita, su capacidad de asistir a las audiencias judiciales, su elegibilidad para salidas por el día y el lugar y la duración de su encierro. Los reclusos pudieron comprar un traslado al centro de rehabilitación, un centro de detención recién construido con mejores condiciones de vida. Tanto los reclusos como las ONG alegaron que el número de policías fue insuficiente para escoltar a los reclusos a sus audiencias.

Los directores de las prisiones a menudo no tomaron medidas para trasladar a los reclusos a sus audiencias, lo que exacerbó la retardación. En ocasiones, policías exigieron sobornos a cambio de otorgar a los reclusos el derecho a asistir a sus propias audiencias. Medios independientes informaron que las denuncias de corrupción contra la policía eran comunes. Los reclusos dijeron que los guardias extorsionaron dinero para que los reclusos recibieran artículos.

Administración: En general, las autoridades no investigaron las denuncias creíbles de malos tratos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los reclusos pueden presentar denuncias ante una comisión de jueces de distrito para que las investigue, pero con frecuencia no lo hacen por temor a las represalias de las autoridades penitenciarias. La Dirección General del Régimen Penitenciario instaló buzones de denuncia y creó un grupo de WhatsApp Messenger para reportar denuncias, pero no quedó claro si las autoridades actuaron ante alguna denuncia.

Monitoreo independiente: El gobierno generalmente permitió el monitoreo por parte de observadores independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG locales, jueces, organizaciones religiosas, legisladores y medios de comunicación.

d.   Arresto o detención arbitraria

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre respetó la ley. La ley establece el derecho de cualquier persona a impugnar ante un juzgado la legalidad de su arresto o detención.

Procedimientos de arresto y tratamiento de los detenidos

 

La ley requiere que la policía obtenga una orden de arresto de un fiscal y que un juez justifique la orden dentro de las ocho horas posteriores al arresto. La policía no se adhirió estrictamente a estas restricciones de tiempo, excepto en los casos en que el gobierno ordenó específicamente el cumplimiento. La ley exige que un detenido comparezca ante un juez dentro de las 24 horas (excepto bajo un estado de sitio declarado, durante el cual un detenido puede permanecer detenido por 48 horas), momento en el cual el juez debe determinar si es apropiado continuar con la prisión preventiva o dar libertad bajo fianza. El juez ordenará la puesta en libertad del detenido si el fiscal no demuestra motivos suficientes para la detención. El gobierno permite que los sospechosos elijan sus propios abogados; proporciona un abogado de la Defensoría Pública si el sospechoso lo solicita. Los defensores públicos generalmente estuvieron sobrecargados y limitados en su capacidad para brindar asistencia legal adecuada y oportuna. Si bien se permite la libertad bajo fianza, la mayoría de los detenidos fueron puestos en prisión preventiva o no pudieron pagar la fianza. Varios expertos legales señalaron que la prisión preventiva era la regla y no la excepción.

Arresto arbitrario: La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre respetó la ley. Grupos internacionales de derechos humanos señalaron varios casos posiblemente motivados por móviles políticos iniciados por el gobierno que ocasionaron arrestos arbitrarios, todos contra opositores al gobierno o miembros del gobierno anterior.

Policías involucrados en extorsión. En mayo, cinco policías fueron acusados de secuestrar, agredir y extorsionar a un hombre por 69.000 bolivianos (10.000 dólares). Según la presunta víctima, los policías detuvieron al hombre y lo acusaron sin pruebas de posesión ilícita de drogas. Luego, los agentes lo llevaron a una comisaría, donde lo esposaron a una cerca y lo golpearon. Uno de los oficiales ofreció liberarlo a cambio de 138.000 bolivianos (20.000 dólares). Fue liberado luego de que uno de sus familiares depositara 69.000 bolivianos (10.000 dólares) en una cuenta que presuntamente pertenecía a la hermana de uno de los oficiales.

En septiembre, las autoridades arrestaron a cuatro de los cinco oficiales y los acusaron de agresión y secuestro. El director de la policía antinarcóticos afirmó que no había evidencia de que la presunta víctima haya estado en posesión de drogas ilícitas.

Prisión preventiva: La ley otorga a los jueces la autoridad para ordenar la prisión preventiva si existe una alta probabilidad de que un sospechoso haya cometido un delito, si existe evidencia de que el acusado busca obstruir el proceso de investigación o si se considera que existe el riesgo de que el sospechoso se dé a la fuga. Si no se detiene a un sospechoso, un juez puede ordenar restricciones significativas sobre los movimientos del sospechoso.

La ley establece que nadie será detenido por más de 18 meses sin cargos formales. Si transcurridos 18 meses el fiscal no presenta acusación formal y concluye la fase de investigación, el detenido puede solicitar su libertad a ser determinada por un juez. El juez debe ordenar la liberación del detenido, pero no se retiran los cargos contra el detenido. Por ley, la fase de investigación y la fase de juicio de un caso no pueden exceder los 36 meses combinados. La ley permite la prórroga del juicio si las demoras en el proceso se deben a la defensa. En estas circunstancias, la prisión preventiva puede exceder el límite de 36 meses sin violar la ley.

A pesar de los límites legales sobre la prisión preventiva, la prisión preventiva prolongada continuó siendo un problema, y las mujeres permanecieron en prisión preventiva en mayor proporción que los hombres. Los procedimientos legales complejos, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la injerencia del poder ejecutivo, la corrupción, la escasez de defensores públicos y los mecanismos inadecuados de seguimiento de casos contribuyeron a demoras en los juicios que prolongaron la detención preventiva y mantuvieron a muchos sospechosos detenidos por más tiempo de los límites legales para la finalización de un juicio o la presentación de acusaciones formales.

Muchos abogados defensores intencionalmente no asistieron a las audiencias para retrasar los procedimientos judiciales y, en última instancia, evitar una sentencia definitiva, ya sea a pedido de sus clientes o debido a la gran cantidad de casos.

Según la agencia penitenciaria, aproximadamente el 66 por ciento de la población carcelaria estaba compuesta por personas en prisión preventiva, como en 2021 pero menos que en años anteriores, cuando entre el 70 y el 85 por ciento de la población carcelaria estaba en prisión preventiva.

En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Saván, destacó el caso Áñez (ver Presos y detenidos políticos más abajo) como un ejemplo de los “problemas estructurales” en la administración de justicia, como el uso generalizado de la detención preventiva. Tras el juicio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó varias preocupaciones, incluidas las acusaciones “excesivamente amplias y ambiguas” contra Áñez, así como el uso excesivo de la prisión preventiva.

El 28 de diciembre, la policía arrestó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y lo trasladó a una prisión de máxima seguridad en La Paz. Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente declararon que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el gobierno describió como un “golpe de estado”. El 30 de diciembre, un juez ordenó la prisión preventiva de Camacho durante cuatro meses por cargos de terrorismo. En respuesta al arresto de Camacho y los disturbios posteriores, el Secretario General de la ONU emitió una declaración en la que destaca la importancia de adherirse al estado de derecho y garantizar el debido proceso y la transparencia en todos los procedimientos legales. Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era “muy frágil”.

e.   Denegación de un juicio público justo

La ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial permaneció sobrecargado y vulnerable a la influencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo. El poder judicial también estuvo plagado de denuncias de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, los jueces y fiscales practicaron la autocensura al dictar sentencias para evitar ser objeto de hostigamiento verbal y legal por parte del gobierno.

El poder judicial enfrentó numerosos problemas. ONG afirmaron que los fondos presupuestados para el poder judicial fueron insuficientes para garantizar una justicia equitativa y eficiente, además que el depender de fiscales públicos sobrecargados y mal pagados provocó graves retrasos judiciales. Los funcionarios de justicia fueron vulnerables al soborno y la corrupción, según observadores creíbles, incluidos expertos legales. En julio, el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia de una ONG destacó los problemas en el sistema judicial, incluyendo la presión política, la falta de recursos y la falta de acceso a la justicia, especialmente en las zonas rurales.

 

Las demandas judiciales se utilizaron con frecuencia para intimidar a los legisladores de la oposición. Los observadores notaron que había un patrón claro entre las figuras de la oposición que hablaban en contra del gobierno y poco después eran acusadas o llamadas a testificar en un juzgado. Una vez que las tensiones entre el gobierno y la figura de la oposición disminuían, los procedimientos legales quedaban inactivos hasta el próximo enfrentamiento. El alcalde de Cochabamba y figura clave de la oposición, Manfred Reyes Villa, por ejemplo, enfrentó 18 demandas, algunas vinculadas a hechos que ocurrieron hace más de 20 años. El gobierno afirmó tener una orden de arresto en su contra, la cual se había abstenido de ejecutar al estar “pendiente de revisión”. El alcalde de La Paz, Iván Arias, enfrentó 13 demandas, de las cuales 10 databan de su época como ministro de Obras Públicas bajo la expresidenta interina Áñez. Por el contrario, pocos o ningún líder prominente del MAS enfrentó cargos penales a pesar de la evidencia bien documentada de irregularidades reportadas por periodistas de investigación. Los observadores describieron esta discrepancia como otro ejemplo de la politización del sistema judicial por parte del gobierno.

Procedimientos de juicio

 

La ley establece el derecho a un juicio justo y público sin demoras indebidas, pero el gobierno no siempre respetó la ley.

Como precaución de seguridad ante la pandemia de COVID-19 y como medida de ahorro, se programaron algunas audiencias a través de plataformas virtuales, pero en muchas ocasiones los reclusos no tuvieron acceso a equipos confiables ni a una conexión a Internet.

Los funcionarios no siempre cumplieron con la ley. En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados informó que los defensores públicos estaban presentes en menos de un tercio del país. Los observadores también destacaron la siempre deficiente retención de los defensores públicos debido a la gran carga de trabajo y la mala remuneración. Un observador señaló que muchos acusados pagaron sobornos para que sus defensores públicos asistieran a las audiencias judiciales.

 

Presos y detenidos políticos

 

Hubo informes de presos políticos.

 

El 10 de junio, la expresidenta interina Jeanine Áñez Chávez fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión por “resoluciones contrarias a la constitución” e “incumplimiento de deberes” relacionados con su asunción a la presidencia en 2019. Se encontraba en prisión preventiva desde marzo de 2021. La Constitución establece que los presidentes en ejercicio y los expresidentes tienen derecho a un juicio de responsabilidades, en lugar de un juicio penal ordinario, por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el gobierno inició procesos penales en la jurisdicción ordinaria contra Áñez, integrante del Movimiento Socialdemócrata, en lugar de juzgarla en la Asamblea Plurinacional, donde el partido gobernante MAS carecía de la mayoría de dos tercios necesaria para condenarla.

Grupos de derechos humanos expresaron su preocupación de que los arrestos de Áñez y miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas. En junio, Human Rights Watch informó que no vio evidencia para respaldar los vagos cargos de terrorismo, sedición y conspiración. El informe de Human Rights Watch también señaló que a Áñez no se le permitió estar físicamente presente en su juicio.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

 

La ley permite que las personas y las organizaciones busquen recursos penales ante los tribunales nacionales por violaciones de derechos humanos. Al concluir un juicio penal, el denunciante puede iniciar un juicio civil para reclamar daños y perjuicios. El Defensor del Pueblo puede emitir resoluciones administrativas no vinculantes sobre casos específicos de derechos humanos.

F. Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe dichas acciones, y no hubo informes de que el gobierno no haya respetado estas prohibiciones.

Sección 2. Respeto a las libertades civiles

a.   Libertad de expresión, incluso para miembros de la prensa y otros medios

Si bien la constitución establece la libertad de expresión, incluyendo para los miembros de la prensa y otros medios, el gobierno tomó represalias contra los medios de comunicación que expresaron opiniones disidentes. Algunos medios de comunicación informaron que el gobierno los presionó e intimidó para que informaran favorablemente sobre las políticas del gobierno al retener la publicidad del gobierno e imponer impuestos elevados. Una ONG registró 61 violaciones a la libertad de prensa entre enero y abril, muchas de las cuales fueron instigadas por el gobierno.

Violencia y acoso: Los periodistas sufrieron amenazas y acoso. El 2 de noviembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz condenaron la agresión a un periodista que cubría el paro en Santa Cruz por la fecha del censo nacional. Marco Rocabado, periodista de la cadena de televisión UNITEL, fue golpeado con piedras y palos y una turba le robó su teléfono celular y su micrófono. Las asociaciones culparon del ataque a grupos apoyados por el MAS.

El 17 de septiembre, las mismas asociaciones denunciaron un intento por parte de un fiscal de descubrir la fuente de un periodista. Dijeron que un fiscal del departamento de Chuquisaca emitió una orden para que un periodista de Culpina Digital revelara la fuente de un artículo del 5 de agosto sobre un recluso que murió en prisión.

El 20 de septiembre, las dos asociaciones denunciaron “hostigamiento judicial” contra periodistas por parte de la Fiscalía. Las organizaciones acusaron al gobierno de amenazar con sanciones penales excesivas contra periodistas por supuestas “faltas administrativas” ocurridas durante el mandato de la expresidenta interina Áñez.

Censura o restricciones de contenido para los miembros de la prensa y otros medios, incluidos los medios en línea: Además del temor al enjuiciamiento y el acoso, los periodistas a veces practicaron la autocensura por temor a perder sus trabajos o perder acceso a las fuentes gubernamentales.

De acuerdo con la ley, el gobierno debe proporcionar bienes y servicios a todos los medios de comunicación de manera no discriminatoria, pero en ocasiones el gobierno no compró anuncios en ciertos medios de comunicación porque se consideraba que esos medios se oponían a las posiciones políticas del gobierno.

Los medios de comunicación alegaron que el gobierno presionó a las organizaciones de noticias para que informaran favorablemente sobre las políticas gubernamentales. Los medios de comunicación también alegaron que el gobierno tomó represalias contra las organizaciones de noticias que no obedecieron ante esa presión. En agosto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por una supuesta campaña de “asfixia económica” y “presión política” contra el periódico Los Tiempos de Cochabamba. La empresa matriz de Los Tiempos acusó al gobierno de auditorías excesivas y de presionar a los inversionistas para que no compraran los inmuebles que estaba vendiendo Los Tiempos. Los directores de Los Tiempos también acusaron al gobierno de intentar obligar a los propietarios a vender el periódico. La SIP expresó alarma ante los esfuerzos del gobierno por convertir a Los Tiempos en un “vehículo de propaganda”.

Leyes de difamación/calumnia: La difamación es un delito penal y se castiga con una multa monetaria. Hasta diciembre, no había informes de que las leyes de difamación fueran usadas para restringir el debate público o tomar represalias contra periodistas.

Libertad en Internet

 

No hubo evidencia de que el gobierno restringiera o interrumpiera el acceso a Internet o censurara el contenido en línea, y no hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreara las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal adecuada.

b.   Libertades de reunión pacífica y asociación

La constitución establece las libertades de reunión pacífica y asociación. En general, el gobierno respetó el derecho a la libertad de asociación.

 

Libertad de reunión pacífica

 

Si bien la ley requiere un permiso para la mayoría de las manifestaciones, el gobierno rara vez hizo cumplir las disposiciones y la mayoría de los manifestantes llevaron a cabo manifestaciones sin obtener permisos. La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, pero ocasionalmente los manifestantes portaron armas, incluyendo garrotes, machetes, armas de fuego, petardos y dinamita. En ocasiones, las fuerzas de seguridad dispersaron a los grupos de manifestantes que portaban armas o amenazaban instalaciones gubernamentales y privadas.

Grupos de oposición al gobierno acusaron al gobierno de restringir la libertad de reunión pacífica de los manifestantes durante el paro general de trabajadores de octubre a noviembre en Santa Cruz al instigar, tolerar y participar en actos de violencia y hostigamiento contra los manifestantes. Representantes de la sociedad civil citaron a funcionarios de alto nivel que repitieron la caracterización del paro como un “intento de golpe” del que los partidarios del gobierno se defenderían “en las calles”. Señalaron que los partidarios del gobierno prestaron atención a esas declaraciones al rodear a Santa Cruz con bloqueos para castigar a los manifestantes y forzar el fin de su paro. La Federación Sindical Trabajadores en Salud de Santa Cruz culpó a los bloqueos por limitar el suministro de oxígeno a los hospitales, mientras que los medios informaron sobre la escasez de combustible inducida por el bloqueo. Un alto funcionario justificó públicamente los bloqueos calificándolos de “lógicos”. Los medios también informaron que la policía se mantuvo al margen mientras los partidarios del gobierno se enfrentaban con los huelguistas mientras los primeros intentaban eliminar por la fuerza los bloqueos de los segundos, uniéndose ocasionalmente a las golpizas contra los manifestantes y periodistas y lanzando gases lacrimógenos. Las autoridades afirmaron que los manifestantes en huelga también cometieron actos de violencia.

c.   Libertad de religión

Consulte el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado en https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

 

d.   Libertad de circulación y derecho a salir del país

La ley establece la libertad de movimiento interno, los viajes al exterior, la emigración y la repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos relacionados.

Movimiento dentro del país: La ley prohíbe viajar en días de elecciones y en días de censo y restringe los viajes nacionales y extranjeros por hasta tres meses como sanción para las personas que no votan.

e.   Protección de refugiados

El gobierno cooperó con la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan y solicitantes de asilo, así como a otras personas de interés.

Acceso al asilo: La ley prevé la concesión del asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados a través de la Comisión Nacional del Refugiado. El país cuenta con una estructura y marco legal para acomodar a quienes buscan refugio y cuenta con un registro de refugiados y apátridas.

Sección 3. Libertad para participar en el proceso político

La ley brinda a los ciudadanos la capacidad de elegir su gobierno en elecciones periódicas libres e imparciales celebradas por voto secreto y basadas en el sufragio universal e igualitario.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: Elecciones nacionales se llevaron a cabo en 2020. El candidato del MAS, Luis Arce, ganó la presidencia con el 55 por ciento de los votos. Las misiones internacionales de observación electoral y las organizaciones nacionales de observación electoral caracterizaron las elecciones como libres, imparciales y transparentes.

 

Participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios: No hay leyes que limiten la participación de mujeres o miembros de grupos minoritarios en el proceso político y sí participaron.

Las mujeres que participaron en política sufrieron violencia y acoso. Según una encuesta realizada por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, el 59 por ciento de las concejalas encuestadas había sufrido algún tipo de violencia o acoso político en su municipio, y el 39 por ciento no terminó su mandato por la gravedad de las amenazas y la hostilidad que recibieron.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales para las condenas por corrupción de los funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental.

Corrupción: El 1 de septiembre, los fiscales allanaron la oficina de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en La Paz por presuntamente recibir un soborno de 17,9 millones de bolivianos (2,6 millones de dólares) de China Harbor Engineering Company (CHEC) para aprobar un contrato para un proyecto de carretera. El allanamiento siguió a una demanda penal presentada el mismo día contra varios funcionarios, incluido el presidente de ABC, Henry Nina, y el representante boliviano de CHEC, Jin Zhengyuan, ciudadano de la República Popular China.

Sección 5. Postura gubernamental hacia la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos

Varios grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operaron sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno cooperaron un poco y respondieron a sus puntos de vista, con algunas excepciones.

En 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en virtud de un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó su informe sobre la violencia postelectoral de 2019 que dejó 37 muertos. El informe culpó al gobierno en el poder en ese momento por no prevenir actos de violencia y cometer actos de violencia por sí mismo. En general, el informe del GIEI fue bien recibido por el gobierno, la oposición, las ONG y los expertos independientes, quienes declararon que el informe contenía un análisis independiente y creíble.

Represalias contra defensores de derechos humanos (DDH): El 13 de agosto, el gobierno usó su autoridad fiscal para destituir a Amparo Carvajal como líder de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la organización de derechos humanos más grande del país. La oficina nacional de impuestos transfirió el control del número de identificación fiscal de la organización de manos de Carvajal, crítica del gobierno, a Édgar Salazar Limachi, leal al gobierno. La medida deshabilitó efectivamente la capacidad de Carvajal para administrar la organización que cofundó en 1974.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: La constitución establece un Defensor del Pueblo, sujeto a confirmación por ambas cámaras del Congreso, con un mandato de seis años. El Defensor del Pueblo está encargado de defender y promover los derechos humanos, específicamente defendiendo a los ciudadanos contra abusos del gobierno. La constitución también otorga al Defensor del Pueblo el derecho de proponer legislación y recomendar modificaciones a las leyes y políticas gubernamentales. Grupos de la sociedad civil y varias figuras políticas sostuvieron que la Defensora del Pueblo carecía de independencia del gobierno central y no era eficaz en la defensa de los derechos humanos.

En febrero, el gobierno inició el proceso para elegir un nuevo Defensor del Pueblo en reemplazo de Nadia Cruz, quien se desempeñaba en calidad de interina desde 2019. Ningún candidato obtuvo los dos tercios necesarios de los votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante las primeras cinco votaciones. En septiembre, el candidato favorito del MAS, Pedro Callisaya, fue elegido durante una sesión en la que los legisladores de la oposición estaban ausentes. Los partidos de oposición denunciaron la maniobra y un legislador la calificó como un “ataque a la democracia”. El 9 de noviembre, Cruz fue nombrada Viceministra de Igualdad de Oportunidades, lo que destaca sus estrechos vínculos con el gobierno.

 

Ambas cámaras del Congreso tenían comisiones de derechos humanos que proponían leyes y políticas para promover y proteger los derechos humanos. El Congreso no aprobó ni propuso ninguna legislación relacionada con los derechos humanos durante el año.

Sección 6. Discriminación y abusos sociales

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley establece penas de prisión de 15 a 20 años para la condena por violación de un adulto (hombre o mujer), pero rara vez se cumplieron.

La ley prohíbe la violencia doméstica, pero también se la hizo cumplir rara vez. La condena por abuso doméstico que ocasione lesiones se castiga con una pena de prisión de tres a seis años y la pena por una condena por lesiones físicas o psicológicas graves es de cinco a 12 años de prisión.  A pesar de estas disposiciones legales, la ONG Comunidad de Derechos Humanos informó que dos tercios de los casos de violencia doméstica se cerraron sin acción, y la tasa de condena de los casos restantes fue inferior al 1 por ciento.

La falta de capacitación sobre la ley y los procesos judiciales lentos, entre otros factores, continuaron obstaculizando la implementación plena de la ley, según la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y grupos de derechos humanos. La violencia intrafamiliar fue el delito más frecuentemente cometido, según el Observatorio Nacional de Seguridad Pública. Según una encuesta realizada por la ONG local Coordinadora de la Mujer, el 50 por ciento de las mujeres fueron sobrevivientes de un crimen violento en algún momento de sus vidas; dos tercios de estas mujeres sufrieron violencia en su propio hogar.

La ley tipifica como delito el feminicidio, el asesinato de una mujer en razón de su identidad como mujer y estipula una pena de 30 años de prisión. Según la Fiscalía General del Estado, de enero a agosto se registraron 62 feminicidios, y La Paz registró 22 feminicidios denunciados, la mayor cantidad en todos los departamentos. El 4 de julio, el presidente Arce promulgó una ley que aumenta las penas contra los jueces que “manejen mal” los casos de feminicidios, infanticidios y agresiones sexuales contra menores. La ley también exige detención preventiva para los sospechosos de feminicidios y ordena a los tribunales que actúen en los casos de feminicidio y agresión sexual en un plazo de 10 días. Observadores legales expresaron su preocupación de que el gobierno explotaría el amplio mandato de la ley para manipular a los jueces por medio de acusarlos de “manejar mal los casos”, un estándar legal vago. También señalaron que promover la detención preventiva en la ley exacerbaría el hacinamiento en las cárceles.

Activistas afirmaron que la corrupción, la falta de investigaciones adecuadas en la escena del crimen, la falta de fiscales especializados y un poder judicial disfuncional y con fondos insuficientes obstaculizaron las condenas por feminicidio.

El 22 de enero, la policía arrestó a Richard Choque luego de descubrir los cuerpos de dos mujeres jóvenes en su patio trasero. Choque había sido condenado por asesinar a otra joven en 2013 y sentenciado a 30 años de prisión sin libertad condicional. En 2019, sin embargo, Choque presuntamente pagó un soborno para ser puesto en libertad bajo arresto domiciliario, tras lo cual presuntamente atacó a otras 77 mujeres. El 31 de enero, cientos de manifestantes marcharon desde la casa de Choque en El Alto hasta la Fiscalía de La Paz exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio. El 2 de marzo, Choque fue sentenciado a 30 años de prisión sin libertad condicional por el asesinato de una adolescente de 17 años en 2021.

El 17 de agosto, Érika Alvarado, madre de tres hijos, se prendió fuego luego de ser golpeada por su pareja. Murió por sus quemaduras 25 días después. Según informes de prensa, Alvarado sufría de depresión debido a los repetidos abusos.

Organizaciones por los derechos de las mujeres informaron que los policías asignados a la Fuerza Especial contra la Violencia no tenían suficientes recursos y que los oficiales de primera línea carecían de la capacitación adecuada con respecto a sus responsabilidades de investigación. Las organizaciones de mujeres también informaron que las sobrevivientes de violencia doméstica recibieron poca representación de los defensores públicos y, en general, abandonaron sus casos después que languidecieran en el sistema judicial durante años. En promedio, se necesitaron tres años para que concluyera un caso de violencia doméstica. Una vez cerrado el caso, la sobreviviente a menudo fue responsable de pagar los honorarios legales. La falta de servicios públicos, los procesos judiciales prolongados y las cargas financieras desanimaron a la mayoría de las mujeres a denunciar el abuso doméstico por parte de sus cónyuges.

Una ley de 2014 dispuso la construcción de albergues para mujeres en cada uno de los nueve departamentos del país, pero a finales de año solo cuatro departamentos tenían albergues. Activistas de derechos humanos explicaron que los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica no tenían el personal adecuado, no prometían el anonimato y no podían brindar protección frente a los abusadores.

Los activistas afirmaron que los albergues cobijaban mujeres vulnerables, niñas, delincuentes juveniles, víctimas de trata de personas, sobrevivientes de abusos sexuales y menores con problemas de salud mental.

Acoso sexual: La ley considera al acoso sexual como un delito punible con hasta ocho años de prisión. No hubo informes completos sobre el alcance del acoso sexual, pero los observadores en general reconocieron que estaba generalizado (ver también la sección 3, Participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios) y dijeron que la ley rara vez se aplicaba.

Derechos reproductivos: No hubo reportes de aborto forzado o esterilización no voluntaria por parte de las autoridades gubernamentales.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la información sobre el acceso a la salud reproductiva podría ser difícil de obtener en las zonas rurales debido a la falta de infraestructura médica.

La ley prevé el acceso a los anticonceptivos, pero según la organización de derechos reproductivos Marie Stopes International-Bolivia, muchos proveedores de salud pública se negaron a brindar el servicio y estigmatizaron a las pacientes que solicitaron anticonceptivos. Algunos proveedores requerían el consentimiento del esposo de una mujer adulta u otro miembro masculino de la familia antes de proporcionarle anticonceptivos y no proporcionaban anticonceptivos a adolescentes sin el consentimiento de los padres. La mala información y los tabúes sociales hicieron que las mujeres dudaran en buscar anticonceptivos.

La falta de acceso a una atención médica de calidad en áreas remotas afectó negativamente el acceso a la atención médica calificada durante el embarazo y el parto. Además, muchas mujeres indígenas temían que sus tradiciones culturales sobre quién debería estar presente en el parto, el tratamiento de la placenta y el tratamiento del cordón umbilical no se respetarían si daban a luz en un hospital o clínica.

El gobierno proporcionó acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para sobrevivientes de violencia sexual, incluida la anticoncepción de emergencia. Estos servicios estuvieron más fácilmente disponibles en las zonas urbanas. Las áreas rurales carecían de acceso y con frecuencia dependían de centros de salud móviles como los proporcionados por Marie Stopes International.

Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad materna fue de 155 por cada 100.000 nacidos vivos en 2017. La Organización Panamericana de la Salud informó que un tercio de todas las muertes maternas fueron causadas por hemorragia obstétrica, generalmente posparto. Otra de las principales causas de muerte materna fueron los abortos clandestinos e inseguros; el acceso a la atención postaborto adecuada y a servicios de emergencia obstétrica fue limitado.

La tasa de mortalidad materna fue más alta entre las mujeres indígenas debido a la falta de acceso a servicios médicos adecuados. En El Alto, la segunda ciudad más grande, compuesta en gran parte por indígenas, la tasa de mortalidad materna fue de 316 por 100.000 nacidos vivos. La mayor tasa de mortalidad se atribuyó al lento crecimiento del sistema de atención médica de la ciudad que no se mantuvo al ritmo del crecimiento demográfico de la ciudad que fue de 30 por ciento en los últimos 10 años.

Las niñas de las zonas rurales carecían de acceso a productos de higiene menstrual, lo que afectaba su desempeño en la escuela. La ley prohíbe que las escuelas expulsen a las niñas embarazadas, pero el 25 % de las niñas embarazadas abandonaron la escuela en 2019 debido a la presión social, la falta de asistencia del gobierno o ambas cosas.

Discriminación: La ley establece el mismo estatus legal y derechos para las mujeres que para los hombres, pero las mujeres generalmente no disfrutaron de un estatus social igual al de los hombres. El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva.

 

Discriminación y violencia racial o étnica sistémica

El censo de 2012 estableció que existían de 23.300 afrobolivianos. La ley prohíbe la discriminación por parte de instituciones públicas y privadas y prohíbe las ideas racistas y discriminatorias a través de los medios de comunicación. El gobierno hizo pocos esfuerzos para enfrentar dicha discriminación. Los afrobolivianos en áreas rurales experimentaron los mismos tipos de problemas y discriminación que las personas indígenas que vivían en esas áreas. Los líderes de la comunidad afroboliviana informaron que la discriminación laboral era común y que los funcionarios públicos, en particular la policía, discriminaban en la prestación de servicios. Los afrobolivianos también denunciaron el uso generalizado de lenguaje discriminatorio.

Personas indígenas

En el censo de 2012, aproximadamente el 41 por ciento de la población mayor de 15 años se autoidentificó como indígena, principalmente de las comunidades quechua y aymara.

Las tierras indígenas no estaban completamente demarcadas y la reforma agraria continuó siendo un problema político importante. Históricamente, algunas personas indígenas compartían tierras colectivamente bajo el sistema del ayllu (forma tradicional de comunidad), que no recibió reconocimiento legal durante la transición a las leyes de propiedad privada. A pesar de las leyes que ordenan la reasignación y titulación de tierras, el reconocimiento y la demarcación de las tierras indígenas no se completaron.

Muchos grupos indígenas estuvieron bien representados en el gobierno y la política, pero sufrieron una parte desproporcionadamente grande de pobreza y desempleo. Los servicios gubernamentales de educación y salud seguían sin estar disponibles para muchos grupos indígenas que vivían en áreas remotas.

Grupos indígenas de las tierras bajas se quejaron de que no estaban bien representados en el gobierno o por representantes electos. Estos grupos indígenas residían en tres departamentos de las tierras bajas orientales del país: Santa Cruz, Beni y Pando. Estos grupos indígenas incluían varios grupos étnicos y lingüísticos que se consideraban distintos de los grupos indígenas aymara y quechua de la región del altiplano. Los líderes de las comunidades indígenas de las tierras bajas del departamento de Santa Cruz describieron un enojo y frustración crecientes con el gobierno nacional por continuar con una política de tierras desarrollada bajo el expresidente Evo Morales. Un destacado líder indígena dijo que el gobierno estaba apoyando la explotación minera y de hidrocarburos en las tierras sin consultar a las poblaciones indígenas. El líder también mencionó una campaña de intimidación y hostigamiento para silenciar a los defensores de los derechos indígenas.

En agosto, la Defensoría del Pueblo concluyó que se habían violado los derechos del grupo indígena Leco debido a que el gobierno no les consultó acerca de actividades mineras en el departamento de La Paz.

El gobierno identificó diez poblaciones indígenas en riesgo de extinción. Una de ellas fue el grupo araona, cuyos líderes afirmaron haber sido abandonados por el gobierno. Informaron que la posta de salud más cercana estaba a cuatro días en bote. Tenían un solo maestro para educar a su población de casi 1.000 personas y carecían de libros de texto y suministros.

Un grupo indígena de la región norte del país reportó que muchos de sus miembros estaban enfermando por comer pescado contaminado con mercurio utilizado en la extracción de oro. En septiembre, el relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos confirmó que en esa región las mujeres de la comunidad indígena ese’ejja sufrían niveles extremadamente altos de mercurio por consumir pescado contaminado.

Niñez

Registro de nacimiento: La ciudadanía se obtiene tanto por nacimiento dentro del territorio del país (a menos que los padres tengan estatus diplomático) como por los padres. El registro civil de 2018 indicó que el 78 por ciento de los ciudadanos se inscribieron dentro del año de su nacimiento y el 96 por ciento hasta los 12 años. El registro de nacimiento se proporcionó de manera no discriminatoria.

Maltrato infantil: El código penal define el infanticidio como el asesinato de un niño menor de 13 años. La violación de un niño o niña menor de 14 años conlleva una pena de 20 a 25 años de prisión. La Fiscalía General del Estado reportó 28 casos de infanticidio entre enero y agosto. La Fiscalía también reportó 1.884 casos de abuso infantil de enero a agosto, en comparación con 1.262 casos en 2021. Las ONG evaluaron que el número real de niños abusados probablemente sea mucho mayor.

Matrimonio infantil, precoz y forzado: La edad mínima para contraer matrimonio es 14 años para las niñas y 16 años para los niños. Los padres o tutores de los menores deben aprobar los matrimonios entre adolescentes menores de 18 años.

Explotación sexual de niños: La explotación sexual comercial de niños se castiga con penas de prisión de 15 a 20 años, pero continúa siendo un problema grave. La ley también prohíbe la pornografía infantil, sancionable con penas de 10 a 15 años de prisión. El gobierno generalmente hizo cumplir la ley.

La Defensoría del Pueblo reportó 1.318 casos de violación sexual contra menores en el primer semestre del año. La pena por estupro de un adolescente de 14 a 17 años es de tres a seis años de prisión. La pena por tener relaciones sexuales con un menor de 14 años es de 20 a 25 años de prisión, aunque no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue el consentimiento.

Antisemitismo

La población judía ascendía a menos de 500 personas. No hubo informes de antisemitismo.

Trata de personas

Consulte el Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

Actos de violencia, criminalización y otros abusos basados en la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales

Criminalización: No hay leyes que penalicen la conducta sexual consentida entre adultos del mismo sexo.

 

Violencia contra las personas LGBTQI+: Las personas transgénero siguieron siendo particularmente vulnerables al abuso y la violencia. Activistas informaron que las personas transgénero que eran trabajadoras sexuales enfrentaron violencia y amenazas, lo cual era común en la industria de las trabajadoras sexuales.

Discriminación: La ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI+) sufrieron una discriminación manifiesta en el lugar de trabajo, en la escuela y en el acceso a los servicios gubernamentales, especialmente en la atención médica. Las personas mayores LGBTQI+ experimentaron altas tasas de discriminación al intentar acceder a los servicios de salud. No existieron mecanismos legales para transferir poder notarial a una pareja del mismo sexo.

Los activistas transgénero afirmaron que la mayoría de los integrantes de la comunidad transgénero recurrió al sexo comercial para ganarse la vida debido a la discriminación en el mercado laboral y la falta de voluntad de los empleadores para aceptar sus documentos de identidad y licencias profesionales.

Disponibilidad del reconocimiento legal del género: La ley permite que las personas transgénero actualicen su nombre, marcador de género y fotografía para reflejar su identidad de género en todas las cédulas de identidad y actas de nacimiento después de someterse a una evaluación psicológica y presentarse ante el Servicio de Registro Civil.

Prácticas médicas o psicológicas no voluntarias o coercitivas dirigidas específicamente a personas LGBTQI+: No hubo informes sobre la práctica de la llamada terapia de conversión y la práctica de realizar cirugías innecesarias en personas intersexuales.

Restricciones a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica: No hubo restricciones a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica con respecto a temas LGBTQI+ o la convocatoria a eventos relacionados.

Personas con discapacidades

Las personas con discapacidad tuvieron dificultades para acceder a la educación, los servicios de salud, los edificios públicos y el transporte en igualdad de condiciones con las demás personas. La ley exige el acceso de los usuarios de sillas de ruedas a todos los edificios públicos y privados, la importación libre de impuestos de dispositivos ortopédicos y una reducción del 50 por ciento en las tarifas de transporte público para personas con discapacidades. La ley también requiere que los medios de comunicación y las agencias gubernamentales ofrezcan servicios y publicaciones en lenguaje de señas y braille. La ley estipula que las personas con discapacidades “graves y severas” tienen derecho a pagos del gobierno de 250 bolivianos (36 dólares) por mes. La ley exige que tanto las instituciones públicas como las privadas empleen un determinado porcentaje de trabajadores con discapacidad.

El gobierno no hizo cumplir efectivamente estas disposiciones. Las barreras arquitectónicas y de infraestructura impidieron el acceso de personas con discapacidades físicas en la mayoría de las áreas urbanas. Rara vez se tomaron medidas oficiales para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de actos de violencia contra personas con discapacidad.

Las escuelas secundarias informaron que muchos estudiantes con discapacidades dejaron de asistir a clases durante la pandemia de COVID-19 porque no podían asistir a clases virtuales. O bien carecían de acceso a Internet o su discapacidad les impedía seguir las lecciones en una computadora. En agosto, la Defensoría del Pueblo dijo que el 65 por ciento de las personas con discapacidad no tenía educación formal o solo había completado la escuela primaria.

Otra violencia o discriminación social

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra las personas con VIH o SIDA, persistió la discriminación generalizada. Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que la discriminación contra las personas con VIH o SIDA era más severa en las comunidades indígenas, donde el gobierno tenía menos capacidad para diagnosticar los casos, ya sea porque las personas estaban menos dispuestas a hacerse la prueba o porque el gobierno carecía de los recursos para llegar a las personas en áreas remotas.

Activistas denunciaron que la discriminación obligó a las personas con VIH a buscar atención médica fuera del país.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a.   Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva

La ley dispone la libertad de asociación, el derecho a organizarse y negociar colectivamente, y el derecho a la huelga. La ley prohíbe la discriminación antisindical y exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por actividades sindicales. La ley no otorga estos derechos a los trabajadores agrícolas o trabajadores en empresas con menos de 20 empleados, que se estima constituyen el 72 por ciento de todas las empresas. La constitución prevé la protección de las huelgas generales y las huelgas de solidaridad y el derecho de cualquier trabajador a afiliarse a un sindicato. La ley protege el derecho a la huelga, pero estipula que una huelga no puede ser indefinida. Según expertos legales, esta estipulación fue una reacción a los trabajadores del sector de la salud que amenazaron con realizar una huelga por tiempo indefinido.

Los trabajadores pueden formar un sindicato en cualquier empresa privada de 20 o más empleados. La ley requiere que al menos el 50 por ciento de los empleados esté a favor. La ley requiere que los sindicatos se registren como entidades legales, obtengan autorización gubernamental previa para establecer un sindicato y confirmen a sus líderes elegidos. La ley permite sólo un sindicato por empresa y permite que el gobierno disuelva los sindicatos por decreto administrativo. La ley también exige que los miembros de las juntas ejecutivas de los sindicatos sean ciudadanos. Las leyes laborales prohíben que la mayoría de los empleados públicos formen sindicatos, incluidos los militares, la policía y otras fuerzas de seguridad pública. Algunos trabajadores del sector público, incluidos maestros, trabajadores del transporte y trabajadores de la salud, estaban legalmente sindicalizados y participaban activamente sin sanción como miembros de la Central Obrera Boliviana, la principal federación sindical del país.

La negociación colectiva y las negociaciones directas voluntarias entre empleadores y trabajadores sin participación del gobierno fueron comunes. La mayoría de los convenios colectivos se limitaron a abordar asuntos salariales.

 

El gobierno no hizo cumplir de manera efectiva las leyes aplicables y las sanciones fueron menores que las de otras leyes que implicaban la denegación de derechos civiles, como la discriminación. Rara vez se aplicaron sanciones a los infractores.

El Juzgado del Trabajo tramitó las denuncias de discriminación antisindical, pero tardaba un año o más en dictar sentencia. La ineficacia de los juzgados del trabajo y los largos tiempos para resolver casos y denuncias limitaron la libertad sindical. El juzgado falló a favor de los trabajadores despedidos en algunos casos y exigió su reincorporación; sin embargo, los líderes sindicales afirmaron que los problemas a menudo se habían resuelto o ya no eran relevantes para el momento en que el juzgado emitía dictamen. El gobierno emprendió acciones penales contra los líderes sindicales que se pronunciaron en contra de las políticas gubernamentales.

En julio el gobierno imputó y detuvo al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, por la muerte de su padre por COVID-19. Observadores criticaron la acusación por tener motivaciones políticas debido a las críticas de Larrea al gobierno, específicamente al Ministro de Salud Jeyson Auza. Los medios reportaron denuncias de que Auza y el viceministro Álvaro Terrazas estaban conspirando para oprimir a los líderes sindicales médicos por su papel en el gobierno interino de Áñez. Los médicos, junto con el Comité Nacional para la Defensa de la Democracia y al menos otras 12 instituciones, realizaron protestas en Santa Cruz denunciando a Auza como corrupto. El ministro tomó represalias imponiendo sanciones salariales a los médicos que se sumaron a las protestas.

b.   Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe y tipifica como delito todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, pero aquellas continuaron siendo problemas graves. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo no fueron efectivos en los esfuerzos de cumplimiento o en la prestación de servicios a las víctimas del trabajo forzoso. El ministerio llevó a cabo talleres para educar a los trabajadores vulnerables sobre sus derechos, impuso sanciones a los empleadores infractores y remitió los casos de sospecha de trabajo forzoso al Ministerio de Justicia para su enjuiciamiento.

Hombres, mujeres y niños fueron víctimas del trata sexual y trabajo forzoso en la servidumbre doméstica, la minería, la ganadería y la agricultura. La criminalidad forzada siguió siendo un problema; los medios de comunicación informaron sobre casos de niños obligados a cometer delitos como robo y producción de drogas, y otros fueron explotados en la mendicidad forzada. Las poblaciones indígenas fueron especialmente vulnerables al trabajo forzoso en el sector agrícola y a oportunidades de empleo engañosas que pueden equivaler a trabajo forzoso en los países vecinos.

Consulte también el Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

C. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima de empleo

Consulte las Conclusiones del Departamento de Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/.

 

d. Discriminación con respecto al empleo y la ocupación

Las leyes y reglamentos laborales prohíben la discriminación con respecto al empleo y la ocupación por motivos de raza, edad, sexo, género, discapacidad, religión, opinión política, origen nacional o ciudadanía, idioma, orientación sexual o identidad de género, condición de VIH positivo u otras enfermedades transmisibles, o estatus social. Las sanciones fueron acordes con leyes análogas relacionadas con los derechos civiles, como la interferencia electoral. Se aplicaron sanciones a los infractores con regularidad.

El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley en todos los sectores y se produjo discriminación con respecto al empleo y la ocupación. Las mujeres en la política y las mujeres en cargos gubernamentales enfrentaron altos niveles de violencia política y acoso, según la Coordinadora de la Mujer, una red de ONG nacionales que aboga por los derechos de la mujer (ver también la sección 6). Líderes de la sociedad civil informaron sobre casos creíbles de discriminación laboral contra mujeres, indígenas, afrobolivianos, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQI+. Por ley, los empleadores que sean encontrados llevando a cabo prácticas discriminatorias deben ofrecer restitución a los empleados afectados, pero no se reportaron casos.

 

Las leyes laborales del sector formal brindan a las mujeres beneficios de maternidad, horas de lactancia, permiso para trabajar menos horas y más vacaciones que sus contrapartes masculinas. Observadores críticos sostuvieron que estas leyes basadas en el género alentaron a las empresas a preferir hombres en la contratación.

Si bien la ley del salario mínimo trata a hombres y mujeres por igual, las mujeres generalmente ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Las leyes contra la discriminación no se implementaron de manera uniforme o efectiva para proteger a las mujeres del acoso y la violencia política (ver también la sección 3, Participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios). La ley estipula que la semana laboral oficial para las mujeres es de 40 horas (más corta que para los hombres), prohíbe que las mujeres trabajen de noche (con excepciones) y prohíbe que las mujeres realicen tareas que sean “peligrosas, insalubres, pesadas o que perjudiquen la moral o las buenas costumbres”.

Las personas que trabajan con bajos salarios en el servicio doméstico fueron predominantemente mujeres. Aproximadamente el 40 por ciento de ellas recibía un salario inferior al salario mínimo nacional y trabajaba sin contrato, seguro médico ni otros beneficios relevantes.

e. Condiciones aceptables de trabajo

Leyes sobre horas y salarios: El salario mínimo mensual fue mayor que el ingreso de pobreza oficial establecido por el gobierno. Los trabajadores agrícolas están excluidos de la cobertura de la Ley del Trabajo y, por lo tanto, no están protegidos.

La ley ordena períodos de descanso y requiere el pago de una prima por trabajo que se prolonga más allá de una semana laboral estándar. Para los hombres la semana laboral oficial es de 48 horas y la jornada laboral es de ocho horas. Para las mujeres, la ley establece una semana laboral de 40 horas y prohíbe que las mujeres trabajen de noche. La ley estipula un mínimo de 15 días de vacaciones anuales. La ley exige que las normas se apliquen uniformemente a todas las industrias y sectores.

Seguridad y salud en el trabajo: La ley exige que las normas de seguridad y

 

salud en el trabajo (SST) se apliquen de manera uniforme a todas las industrias y sectores. Los estándares de SST son apropiados para las principales industrias del país. Los expertos en SST no identificaron activamente las condiciones inseguras, incluida la falta de equipo de protección personal contra COVID-19, además de responder a las quejas de SST de los trabajadores. Un comité nacional tripartito de representantes empresariales, laborales y gubernamentales fue responsable de monitorear y mejorar los estándares y la aplicación de la SST. El Ministerio de Trabajo mantuvo oficinas para consultas, quejas e informes de trabajadores sobre prácticas laborales injustas y condiciones de trabajo inseguras, pero no estaba claro si las oficinas fueron efectivas para regular las condiciones de trabajo.

La ley prohíbe despedir a los empleados por retirarse de condiciones de trabajo que consideren peligrosas y dispone que el Ministerio de Trabajo ordene la recontratación de los empleados después de una inspección.

El uso extensivo y el comercio ilegal de mercurio en las operaciones de extracción de oro provocaron intoxicación por mercurio en trabajadores de los departamentos de Beni y La Paz. Como resultado, las condiciones de seguridad de los trabajadores en los sectores de la minería aurífera artesanal e industrial continuaron siendo motivo de preocupación.

Cumplimiento de salarios, horas y SST: El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las leyes de salario mínimo, horas extras y seguridad y salud en el trabajo (SST). El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley. Los inspectores tienen autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso y pueden iniciar sanciones; sin embargo, el número de inspectores fue insuficiente para realizar una inspección eficaz del lugar de trabajo.

La Oficina de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero las sanciones por infracciones a la SST no eran proporcionales a las de delitos similares, como la negligencia. Se aplicaban sanciones a los infractores con regularidad.

Líderes de la sociedad civil y medios de comunicación informaron que las empresas chinas empleaban trabajadores en condiciones deficientes.

 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) documentaron el creciente papel de las empresas chinas, que habían ampliado su presencia en los sectores de minería, hidrocarburos e infraestructura desde 2010.

El 28 de marzo, trabajadores de la construcción en la planta siderúrgica El Mutún iniciaron un bloqueo a la entrada de la planta para exigir mejores salarios a la siderúrgica estatal china Sinosteel. Un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas denunció al proyecto El Mutún, alegando que en la construcción de la planta, Sinosteel violó los derechos de consulta previa de las personas indígenas debido a la explotación de la tierra sin consulta, dañó humedales y abusó de los derechos de los trabajadores al no incluirlos en las deliberaciones ni pagarles a tiempo.

Sector informal: Según expertos en derecho laboral, el sector informal constituía aproximadamente entre el 65 y 75 por ciento de la economía. Los trabajadores a tiempo parcial y los del sector informal no estaban cubiertos por las leyes e inspecciones respecto a salarios, horarios, seguridad y salud en el trabajo (SST) y otras leyes laborales. Muchos negocios informales que no estaban registrados legalmente preferían contratar trabajadores por hora para evitar pagar los beneficios de maternidad y pensión requeridos.