La responsable de la OCD, Sandra Verdugez, dijo a la ANF que el sistema político y las instituciones del Estado no deberían ignorar la iniciativa ciudadana que impulsa una reforma integral de la justicia.
Fuente: ANF
La preselección de candidatos a los altos cargos judiciales carece de legitimidad y auguran que el resultado de la elección de las autoridades será peor que las experiencias de 2011 y 2017.
La responsable de la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) una iniciativa de la Fundación Jubileo, Sandra Verduguez, manifestó que el proceso de preselección de candidatos que realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional para la elección judicial “no tiene la misma legitimidad” que la iniciativa ciudadana que impulsa una reforma integral de la justicia.
“No creo que tenga la misma legitimidad por varios problemas. El trabajo de la Comisión Mixta de Constitución para la preselección de magistrados judiciales responde a lo que dice la norma, que finalmente los altos cargos van a pasar por la Asamblea Legislativa, tal vez ese sea el mayor problema de legitimidad que tenga”, sostuvo Verduguez en entrevista con la ANF.
Sustenta su afirmación en los problemas que enfrentó la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cuando tuvo que designar al Defensor del Pueblo, cinco intentos sin consensos. Hasta que el Movimiento al Socialismo aprovechó la ausencia de los opositores para aprobar el nombre de Pedro Callisaya.
Asimismo, detalla que en las elecciones de 2011 y 2017 la ALP preseleccionó a candidatos que en la elección por voto popular obtuvieron votaciones mínimas, incluso los votos blancos y nulos superaban la votación de varios de los elegidos.
Observa que la Comisión Mixta de Constitución, conformada por los partidos y organizaciones políticas, no garantiza una preselección de aspirantes objetiva con base en la meritocracia, la experiencia, porque los intereses son políticos.
Situación que ha quedado en evidencia en las dos anteriores elecciones, “son las que le muestran al ciudadano que este proceso no sirve, que por tercera vez se va a llevar a cabo y no va a dar resultados. Seguramente el resultado va a ser peor”, sostuvo la responsable de la OCD.
Acotó que existen varias inconsistencias de tipo constitucional en el reglamento de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, que vulneran preceptos de la Constitución Política del Estado.
Verdugez comentó que UNITAS, Fundación Jubileo, la OCD, la Ruta de la Democracia y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia realizaron un análisis en el que detectaron varias vulneraciones del reglamento a la CPE.
Por ejemplo, no pueden postular abogados que hubieran patrocinado a personas sentenciadas por narcotráfico; o haber patrocinado a responsables de atentar contra la unidad del país; no haber sido dependiente de ONG que hubieran realizado control social al proceso de selección de autoridades judiciales.
También observaron la repostulación de magistrados a otras funciones diferentes de las que ejercieron, porque el hecho sigue siendo en el mismo sistema judicial.
Verduguez manifestó que el sistema político y las instituciones del Estado no deberían “ignorar” la iniciativa ciudadana que busca mejorar de manera integral la administración de justicia, que la propuesta no se limita a la elección de autoridades judiciales, sino al tema presupuestario, a la justicia indígena originaria campesina, entre otros.
Sostuvo que seguirán trabajando con los cientos de voluntarios que día a día están recolectando firmas, que hasta ahora más o menos se tienen 800.000, pero que intensificarán esta labor con unidades móviles para sumar más adherencias a esta iniciativa que cierra el 24 de abril.
El grupo de Juristas independientes plantea la necesidad de una reforma parcial de la Constitución a través del referéndum para transformar la justicia, que en criterio de organizaciones internacionales y nacionales atraviesa una de sus peores crisis institucionales.
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