La primera misión para el comandante de Santa Cruz es desbaratar grupos policiales de secuestros y extorsiones

El coronel Erik Holguín fue nombrado por segunda vez comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, estuvo a cargo de esa región primero en 2021. Una de las primeras tareas que afrontará al regresar a ese cargo será la desarticulación de grupos de policías denunciados por secuestros, extorsiones y volteo de drogas.

“Estamos en procesos investigativos, el mes pasado hemos desarticulado un grupo delincuencial, caso en el que intervenimos desde Cochabamba y hemos coordinado con el comando de Santa Cruz para la aprehensión de otro funcionario policial. Como lo ha anunciado el ministro de Gobierno, se va a transparentar y no se va apañar la actitud negativa que tiene cualquier policía encargado de hacer cumplir la ley y que se desvíe de sus funciones”, declaró Holguín, luego de jurar al cargo en un acto realizado este jueves en el Comando General de la Policía, en La Paz.

Holguín fue comandante de Santa Cruz por primera vez en 2021, a mediados de 2022 fue designado en el mismo cargo en el departamento de Cochabamba.

El coronel dijo que desconoce si en Santa Cruz hay un descontrol por parte de miembros de su institución, esto debido a las constantes actividades delictivas en la que los policías se ven involucrados, y que, pese a los indicios en su contra, continúan ejerciendo funciones. Al contrario, Holguín señaló que también se investigará a las víctimas o denunciantes.

Los “secuestradores”

“Me dijeron que había la forma de arreglar, que ya habían hablado con su superior (un coronel) y que también estaba de acuerdo, (…) me dijeron ‘no te vamos a molestar, tienes que depositar a este número de cuenta la suma de 10.000 dólares si quieres salir ahora’. Procedí a llamar a todos mis familiares, (…) me dieron la cuenta de la hermana de uno de los policías, del sargento (Breidy Flores)”, señala parte de la declaración del conductor de un camión cisterna Julio César S.R.

El texto figura en la denuncia que el conductor presentó el 15 de julio de 2022 ante la Fiscalía de Santa Cruz. La víctima relató que cinco policías lo secuestraron fingiendo un operativo, en el que nunca le explicaron el motivo, lo llevaron a celdas del módulo policial en el Plan 3.000, donde mientras lo tenían enmanillado lo golpearon y amenazaron con enviarlo a la cárcel.

El hecho sucedió un mes y 18 días antes de presentar la denuncia, la madrugada del 28 de mayo, fecha en la que Holguín aún era comandante en Santa Cruz. Según el testimonio de la víctima, luego de horas de estar encarcelado, uno de los policías le ofreció dejarlo en libertad a cambio de 10.000 dólares, dinero que Julio Cesar S.R. pagó por medio de una transacción electrónica a una cuenta que fue identificada a nombre de la hermana de uno de los uniformados.

Durante su declaración, la hermanda del sargento Breidy Flores confirmó que recibió el dinero en su cuenta y que luego, su familiar le pidió retirarlo en efectivo para luego, presuntamente, repartirlo con los otros policías en una reunión en su casa.

Consultado del porqué no se actuó con drasticidad contra esos los cinco policías secuestradores durante su gestión, pese a contar con pruebas como el depósito bancario y el testimonio de la hermana del sargento Flores, Holguín manifestó que recibió los informes y los mismos fueron enviados a las direcciones de transparencia y las instancias disciplinarias.

Sin embargo, señaló que genera sospechas la actitud de la víctima, que demoró en presentar su denuncia. “Lo primero que voy a hacer es pedir un informe para hacer seguimiento de cómo se encuentra el proceso administrativo (…), pero lo que también nos llama la atención, es que esta persona (el chofer secuestrado) no ha denunciado de forma inmediata el abuso del que ha sido objeto, lo ha hecho luego de varios días”, señaló Holguín.

Julio Cesar S.R. explicó en su denuncia que demoró en hacer la misma debido a las graves amenazas de las que fue víctima, además que en los días siguientes a su denuncia, personas extrañas y abogados de los policías denunciados se presentaron a su casa para intimidar a su familia.

El conductor del cisterna reconoció que, en primera instancia, por medio de sus abogados trató de llegar a una conciliación a través de los superiores de los policías, a cambio de la devolución del dinero, pero todos los involucrados presentaron informes negando el crimen, por lo que el chofer se vio obligado a hacer la denuncia penal y presentar las pruebas.

Extorsiones en Diprove

Un caso similar se dio en el mismo departamento contra Franco Yampara, un comerciante del municipio de Warnes, quien en diciembre de 2022 fue detenido por cuatro policías de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), acusado falsamente del robo de un motorizado, denuncia que fue desestimada por la Fiscalía. Pero para conseguir su libertad, la familia de la víctima tuvo que pagar 4.000 bolivianos a los policías.

Entre los denunciados, figura la sargento Maribel Huayllani, quien es señalada por Yampara como una de las responsables de montar el operativo en su contra. Al igual que el chofer del camión cisterna, el comerciante fue intimidado para que no denuncie el hecho, pero encontró apoyo en el capitán Edman Lara, quien luego de verificar que Huayllani era una funcionaria policial, indicó a Yampara el procedimiento para presentar cargos en la vía administrativa.

De manera contradictoria, Huayllani no fue procesada en la Fiscalía Policial y, al contrario, ella presentó una denuncia ante el Ministerio Público, acusando a Lara por usurpación de funciones, porque supuestamente este no podía ejercer fiscalización sobre su lugar de trabajo.

Al contrario de como se actuó contra los dos grupos de policías denunciados por secuestro y extorsión, el lunes, en un operativo violento, Lara fue aprehendido y llevado a celdas del mismo módulo policial donde se torturó a Julio Cesar S.P.

Sobre su caso, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que no intervendrán en el proceso, “si existen indicios de que él (Lara) hubiera cometido un delito será la justicia boliviana la que determine su situación jurídica”, señaló.