La senadora Centa Rek, ha denunciado que el Gobierno de Luis Arce, ha repuesto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, con otro nombre, buscando introducir una norma de carácter persecutorio y de corte dictatorial para la sociedad boliviana.
Fuente: Prensa Creemos
Dicho proyecto fue repuesto en la Cámara de Diputados con el número 280 bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que en esencia es el PL 218 que fue presentado y retirado por el Órgano Ejecutivo a fines de 2021 luego de una serie de protestas sociales encabezadas por Santa Cruz.
“Denunciamos ante la opinión pública la reposición en el Órgano Legislativo de un peligroso proyecto de ley que ya antes estuvo en tratamiento y fue retirado por las protestas ciudadanas y por todos los reclamos en los sectores empresariales, populares y sociales de la economía boliviana, de todos los sectores activos en Bolivia por el peligro que este proyecto de ley entraña para el ejercicio democrático para las libertades ciudadanas y para la convivencia dentro de nuestro país, hablamos de un Proyecto de Ley contra la Legitimación de las Ganancias Ilícitas,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales; este proyecto ya estuvo en tratamiento en el año 2021 con el número de proyecto de ley 218, en la actualidad ha sido repuesto por el mismo Presidente de la República con el número 280 que en esencia es exactamente el mismo”, denunció enfáticamente la legisladora por Santa Cruz.
Rek, añadió que el nuevo proyecto de ley, en esencia conserva todos los peligros y riesgos ante los cuales la ciudadanía protesto en 2021, para no permitir que en Bolivia se instale una dictadura, ya que ese proyecto de norma buscaba generar un instrumento persecutorio para los bolivianos.
“Explico en sus aspectos más generales cuáles son los riesgos de ese proyecto: bajo el título de perseguir ganancias ilícitas o supuesto financiamiento ilícito al terrorismo o proliferación de armas de destrucción, el gobierno genera un instrumento que, sin tipificar claramente el delito de terrorismo, haciendo del delito de terrorismo un delito penal -cambiando el Código Penal- haciendo que este delito abarque una amplia gama de situaciones, incluso el contrabando o situaciones que se tipifiquen como ilícitas por no estar reguladas por una norma clara, en la amplitud de esta definición de ganancias ilícitas del terrorismo, cualquier ciudadano boliviano puede ser tipificado y denunciado dentro de esta característica; todas las protestas ciudadanas, todas las protestas gremiales, todas las protestas de sectores entran a ser tipificadas dentro del marco de este proyecto de ley, ya sea como ganancias ilícita y como financiamiento del terrorismo”, advirtió la legisladora.