“En Bolivia, el clima de hostilidad hacia la prensa y la total impunidad contra ataques a medios de comunicación y a periodistas configura un cuadro en el que la labor de informar resulta de alta peligrosidad”, sostiene el balance realizado por delegados de las asociaciones de periodistas de todo el país durante el Encuentro Nacional de Periodistas por la Libertad de Prensa.
Fuente: Brújula Digital
Texto: Jimena Mercado
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Fotos y videos: Adriana Gutiérrez
“No vamos a esperar que un periodista más muera”, se levanta la voz de alerta de periodistas, medios de comunicación y asociaciones del gremio periodístico de Bolivia, para encender las alertas a nivel internacional, no solo por el aumento exponencial de agresiones a reporteros, sino sobre todo, por la gravedad de los ataques.
La espiral de violencia en contra de periodistas y medios se ha dado desde diferentes frentes: discursos de odio por altos personeros del Gobierno, agresiones físicas y verbales, hasta amenazas de muerte por redes sociales.
Latinoamérica se ha convertido en la región más peligrosa para ejercer el periodismo, pues concentra más de la mitad de los 57 casos de asesinato a periodistas y trabajadores de la prensa a nivel mundial, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En Bolivia, desde la recuperación de la democracia -el 10 de octubre de 1982- se ha lamentado la muerte de tres periodistas: Carlos Quispe Quispe, de Radio Municipal de Pucarani, quien perdió la vida el 29 de marzo de 2008 por “traumatismo encéfalo craneano”, tras sufrir una brutal golpiza y latigazos en manos de dirigentes del Comité de Vigilancia, además de los hermanos Peñasco, en 2012.
Verónica Peñasco Layme, jefa de prensa de Radio San Gabriel y su hermano Víctor Hugo Layme de radio Pachamama, murieron estrangulados y sus cuerpos fueron dejados en plena vía pública en la ciudad de El Alto. Después de casi cuatro años de un accidentado juicio y de haberse declarado el mismo en reserva, cinco personas fueron sentenciadas, sin embargo la pena mayor fue por homicidio, y no por asesinato. El caso fue presentado como el de “inseguridad ciudadana”.
La desaparición del periodista de Red Plus Tv de Tarija, Cristian Osvaldo Mariscal Calvimontes en 2014, fue cerrado por segunda vez el año pasado, por presunta falta de indicios que permitan dilucidar sobre su paradero.
Organizaciones representativas del gremio periodístico, directores de medios de comunicación y periodistas en ejercicio, han levantado su voz para encender las alertas a nivel internacional: la violencia hacia las y los reporteros, camarógrafos y trabajadores de la prensa se agravó, a la par de un aumento exponencial de casos.
“En Bolivia, el clima de hostilidad hacia la prensa y la total impunidad contra ataques a medios de comunicación y a periodistas configura un cuadro en el que la labor de informar resulta de alta peligrosidad”, sostiene el balance realizado por delegados de las asociaciones de periodistas de todo el país durante el Encuentro Nacional de Periodistas por la Libertad de Prensa.
El Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) advirtió que los casos de vulneración a la libertad de prensa se incrementaron de 67 en 2021 a 202 en 2022; siendo las agresiones físicas a periodistas las más recurrentes (75), seguidos del impedimento de acceso a la información de periodistas (28), la estigmatización (24) y el incumplimiento al deber de protección a periodistas (24).
“Realmente hay una situación muy seria; y que, lamentablemente a nivel internacional no se percibe de esa manera, probablemente sea porque es un Gobierno ´de izquierda` que crea una especie de protección, pero en el marco de la situación de los periodistas, se está dando la violación a los Derechos Humanos en el país”, afirma el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda.
En Bolivia –dice el dirigente- hay graves violaciones a la libertad de prensa. “Solo en Santa Cruz desde el caso Las Londras (28 de octubre de 2021) hasta enero de 2023, en un poco más de un año, 75 colegas fueron agredidos físicamente, para no mencionar otros casos de colegas que han sido enjuiciados por haber trabajado en medios públicos durante el Gobierno transitorio (de Jeanine Áñez). Realmente se vive una situación seria y que lamentablemente a nivel internacional no se percibe de esa manera”, señala.
En esa línea, afirma que en esta gestión se puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Relator de Libertad de Prensa y de Expresiones de las Naciones Unidas, Reporteros Sin Frontera, Human Rights Watch y otros organismos internacionales, sobre la situación del periodismo en Bolivia. “Hemos enviado comunicados y hemos pedido que incluso se pronuncien y en algunos casos lo han hecho”, explica.
Peñaranda dice que no solo es necesario que la sociedad boliviana conozca la situación en la que realizan su labor las y los periodistas, sino también, que esta situación logre un grado de interés internacional, para que el Estado cumpla su obligación en dar las garantías al trabajo de la prensa.
“La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Protección de la Libertad de Expresión solo puede venir con la venia del Gobierno, no puede venir de manera autónoma, porque son instancias de las relaciones internacionales que indican eso, y obviamente el menos interesado, es el Gobierno”, afirma.
El experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Franco Albarracín, considera urgente que los organismos internacionales asuman una posición crítica sobre el estado de situación del país, debido a que el 2022, grupos parapoliciales; es decir, civiles asumiendo acciones propias de la Policía, agredieron de manera selectiva a periodistas y camarógrafos.
“Es importante que se pueda diferenciar entre un grupo irregular que se atribuye funciones propias de autoridades públicas y un grupo espontáneo de civiles que han actuado debido a una situación específica y que por lo general esto ocurre en los conflictos”, señala.
Remarca que la Policía es la única autoridad pública que puede hacer uso de la fuerza pública para desbloquear, por ejemplo. “Entonces, ¿qué ha ocurrido durante el paro (de Santa Cruz)? grupos de civiles se atribuyeron funciones propias de la Policía y esto tiene una definición, y hay que utilizarla para que los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos asuman una posición crítica”, cuestiona.
Peñaranda llama la atención sobre los grupos de choque afines al partido gobernante, en los cuales se encuentran también funcionarios públicos. “El sector opositor nunca trata de desbaratar, atacar una marcha del oficialismo, esta es una actitud violenta de parte del oficialismo contra grupos contrarios. No hemos visto por ejemplo, que cuando el MAS se reúna haya grupos de choque de la oposición que vaya atacarlos”, dice.
Menciona que en La Paz, mientras plataformas ciudadanas protestaban en respaldo al gobernador de Santa Cruz, Luis Alberto Camacho y exigían su libertad tras haber sido detenido, oficialistas atacaron al equipo de Red Uno -una periodista y el camarógrafo- mientras transmitían en vivo, mientras que un periodista de Erbol era alcanzado por un petardo disparado contra su humanidad.
“La espiral de violencia también se vio en contra de periodistas oficialistas y gubernamentales, y la APLP también defendió a esos colegas, independientemente de cuál fuera su línea editorial de sus medios. Incluso, el primer comunicado que ha emitido nuestra gestión en septiembre de 2022 ha sido respecto de unos cocaleros que tuvieron una actitud agresiva en contra de estos periodistas”, afirma.
“Nos quieren matar”
Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz observa extrema violencia en los ataques en contra de la integridad física de varios periodistas, en momentos en que realizaban la cobertura de diferentes hechos de enfrentamientos durante el paro cívico por el censo y luego por la detención de Camacho. “Nos quieren matar”, lanza la advertencia.
El periodista de la Red Uno, Joaquín Matías, recibió una pedrada directamente en la cabeza, mientras realizaba en vivo sus despachos de los enfrentamientos en el Plan 3000, la agresión le hizo perder el conocimiento durante segundos tras los cuales se reincorporó para esquivar otras pedradas.
Otro de los casos más dramáticos fue el ataque que sufrió, hasta casi el linchamiento el periodista de Unitel, Mario Rocabado, quien en su testimonio dijo que el grupo que lo agredió en el piso tras robarle sus celulares, billetera y equipos de trabajo, estaba junto a la Policía.
El secuestro y tortura al que fueron sometidos seis periodistas en la hacienda Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, el 28 de octubre de 2021, es uno de los casos más emblemáticos de vulneración de derechos al trabajo periodístico de los últimos años. Los periodistas Percy Suárez de la Red ATB, Silvia Gómez y su camarógrafo Sergio Luis Martínez de la Red Unitel, Mauricio Egüez y el camarógrafo Nicolás García de Red Uno y Jorge Gutiérrez del periódico El Deber no hallan justicia.
Y, en el contexto de la reciente audiencia de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz ante la misión de la CIDH –que llegó al país en una visita in loco– se suscitaban nuevas agresiones en esa región en contra de un periodista de la Red Uno, quien además estaba en la lista de víctimas.
La información la hizo conocer Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), quien ha advertido que el 2022 ha sido el año más peligroso para las y los periodistas de la región, y ha señalado que la situación de violencia en contra de las y los trabajadores de la prensa se ha naturalizado y quedado en total impunidad.
“Tardaron en entender en el seguro que no era un accidente fortuito”
Inés Gonzales, directora de la Red Erbol, coincide con Alanes: “Por supuesto que hay impunidad, porque no hay una intención clara de investigar, ni de reparar el daño a las personas afectadas por las agresiones (…). El caso de Las Londras es el más icónico, pero están otros tantos, y en ninguno la justicia ha establecido responsables. Por supuesto que hay impunidad, y yo señalaría además, una responsabilidad del Gobierno”.
Al referirse al reportero de Erbol, Rodrigo Fernández, quien quedó herido por el impacto de un petardo en su humanidad, señala que hasta la fecha no se identificó al responsable del ataque.
“No hay responsables identificados lamentablemente, pero tenemos claro que había la intención de herirlo porque el petardo llegó de frente; los petardos en las marchas se disparan hacia arriba, pero este impacto fue de frente y había la clara intención de herir a nuestro periodista”, sostiene.
Gonzáles revela que actualmente “los periodistas de Erbol van poco identificados a las coberturas, sobre todo a conflictos. “Como somos periodistas de radio no necesitamos cámaras, con el celular basta”, dice.
Sin embargo admite que hay cierta resistencia a usar cascos, y que fue en esas circunstancias, que Fernández fue herido. “El petardo le llegó cerca al cuello, le quemó la ropa, la quemó la piel y le rompió la membrana timpánica; hoy está con tratamiento, el diagnóstico es que aunque haya que hacer una cirugía, es muy probable que no recupere al 100% la audición”, afirma.
En momentos de alta conflictividad política y social como fue el 2019 -tras conocerse el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que daba cuenta de irregularidades en todo proceso electoral- los periodistas de esta casa radial tuvieron que salir a realizar cobertura con cascos y máscaras antigás.
Consultada si presentaron de manera formal la denuncia para identificar al responsable del ataque al reportero de Erbol, responde que la justicia no actúa de oficio, y todo es muy burocrático.
“No hubiera querido nunca haber acudido a un juzgado porque es algo que siempre le he rehuido. Al día siguiente (del ataque) fui al Instituto de Investigación Forense (IDIF), Fiscalía, y nos dijeron que la denuncia no la puede hacer el medio, sino la persona afectada, y que la denuncia había que respaldarla. Hemos tenido obstáculos por todo lado”, denuncia.
También recuerda que el periodista agredido tuvo que acudir al seguro de salud, donde le quisieron hacer firmar una boleta para cobrarle (la curación) porque pensaron que no era un accidente de trabajo, sino un “accidente fortuito” al estar en medio de la marcha.
“Tardaron de entender que era un accidente de trabajo; lo atendieron finalmente, pero un mes más tarde recién se recibió el informe médico con una burocracia absurda, solo con este informe médico podemos hacer la denuncia”, explica.
Considera necesario denunciar a nivel internacional lo que sucede en el país, antes de que aumente el grado de agresividad y que se tenga que lamentar la muerte o desaparición de algún periodista. “Hay que apelar a los gremios de periodistas, así como a las y los periodistas como individualidades”, afirma.
Discurso de odio y ciber-ataques
Mery Vaca, directora de Página Siete, identifica un modus operandi de ataque a la prensa que viene desde el Gobierno de Evo Morales a través del discurso de odio. “El sistema político no te apalea directamente, lo que hace es atacar virulentamente a través del discurso y eso se traduce luego en violencia física en las calles que apoyan al Gobierno”, afirma.
Observa que a pesar que la retórica del presidente Luis Arce en contra de los medios ha bajado su tono, la estrategia y ataque desde otros niveles se ha mantenido. Claro ejemplo es del exabogado de Evo Morales y procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien de manera reiterada publica por sus redes sociales ataques con descalificativos e insultos contra algunos medios.
“Al margen de lo que tu señalas, hay otros escenarios de ataque, y uno de los que me preocupa particularmente es el ataque cibernético porque estamos siendo víctimas los periodistas del acoso a través de las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Página Siete, el caricaturista Abecor está siendo amenazado de muerte a través de cuentas que son fácilmente identificables”, denuncia.
A pesar del sobreaviso que se dio sobre la situación de Abecor y otros colegas de su medio ante el Ministerio de Gobierno, no se obtuvo ninguna respuesta. “Lo que si recibimos fue el apoyo de otras instituciones como Unitas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entidades que trabajan en la defensa de los derechos de los ciudadanía y a defensores de la libertad de expresión”, destaca.
Sin embargo, las amenazas de muerte no quedan en Abel Bellido, conocido como Abecor. “También recibimos amenazas el resto de los periodistas a través de las redes sociales, nos dicen que nos van a matar, que nos van a violar, que saben dónde vivimos, que saben quiénes son nuestros hijos, etcétera”, denuncia Vaca.
El ataque cibernético también lo sufren las cuentas oficiales de Página Siete, al igual que otros medios independientes, además del acoso de parte de los denominados “guerreros digitales”que trabajan de manera sistemática para atacar a determinado medio.
“De manera constante sufren hackeo las cuentas de las redes sociales, y no solo eso, sino que también en el caso de Facebook ya es muy difícil lograr mostrar las publicaciones porque nuestras cuentas están denunciadas”, denuncia.
Mery Vaca, quien se caracteriza por un carácter determinado, confiesa sentirse frente a un muro, porque la cuenta de Twitter de Página Siete está hackeada y es un robot el que responde a las denuncias.
“No hay un tratamiento específico para un medio de comunicación; nos tratan como una cuenta más, como si fuésemos distribuidores de cualquier información falsa cuando en realidad los que están denunciando son quienes emiten información falsa, y lo mismo está sucediendo con el Facebook”, asevera.
A su criterio, hay una falta de conciencia de las megaempresas con los medios de comunicación de países como Bolivia, Nicaragua y/o Venezuela, que están siendo acosados y que sus cuentas están sufriendo el hackeo con enfoque político.
“No es un hackeo ciudadano, sino político, y necesitamos recuperar nuestras cuentas para que nuestras publicaciones se vean, para mantener nuestro canal de información, pero también para tener ciberseguridad”, puntualiza.
La directora de Página Siete recuerda que en el país existe una red nacional de “guerreros digitales” que maneja redes sociales a cargo del Ministerio de Gobierno. “Se pagan salarios a través de nuestros impuestos, pero no solo ello, sino que también, contratan a empresas terciarizadas y se instruye a todos los funcionarios públicos a poner like al Presidente y atacar a los periodistas independientes y que el Gobierno nos considera enemigos”.
Vaca recomienda poner el ojo de la comunidad internacional en lo que está sucediendo en Bolivia. “No vamos a esperar que un periodista muera, tenemos que ponerle cartas en el asunto, tenemos que hacer un llamado a las autoridades para que se garantice la libertad de expresión y se garantice sobre todo la seguridad y la vida de los periodistas”.
“ANF hace diez años que no tiene publicidad gubernamental”
Nancy Vacaflor,directora informativa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), la más antigua del país en su género, afirmaque hay un proceso de vulneración sistemática a los derechos de los periodistas y al derecho a trabajar en condiciones seguras, en las que no se atente al derecho laboral.
“Hace más de una década ANF no tiene publicidad gubernamental, no tiene ingresos del Gobierno o de las diferentes instituciones públicas (…). Tenemos casi seis décadas de funcionamiento. La ANF ha pasado por todos los momentos de la historia boliviana; desde las dictaduras, el retorno a la democracia, la crisis de 2019, y seguimos aquí”, afirma.
Vacaflor explica que la agencia de noticias, dependiente de la Compañía de Jesús, frente a la asfixia económica gubernamental, ha buscado fondos concursables para proyectos de investigación, como el otorgado por Google News Initiative Innovation Challenge.
“Tenemos pocos clientes, pero le siguen apostando al trabajo de ANF. Hay una convicción de vivir en un sistema democrático, la agencia sigue con ese pilar fundamental y le sigue apostando a diferentes formas de trabajo, nos hemos reinventado para trabajar más en periodismo digital, tenemos que pensar en nuevos modelos de negocios. Ante tanta información gratuita es muy difícil”, explica.
En esa línea afirma que el desafío es pensar en proporcionar información más exclusiva, con temas de más profundidad que requieren un esfuerzo mayor. “No es lo mismo trabajar una nota de 15 minutos o una nota con varias fuentes, un reportaje que lleva semanas y que demanda presupuesto”, señala.
ANF es un medio con amplitud en el tratamiento de sus temas, destaca su directora. “No recuerdo que se censure o se baje una nota, obviamente hay que ser rigurosos, esa libertad para tratar temas te da independencia porque no dependes de unos recursos económicos que da una x o y institución o poder político, ni oficialistas, ni opositores podrían decir a mí me deben, nunca hemos negociado publicidad por una línea en particular”, asegura.
Ante el permanente deterioro del estado de los derechos de los periodistas, desde la dirección de ANF se dio un mensaje clarísimo: “Los periodistas no pueden exponer sus vidas, hay límites, hay una recomendación permanente que también habrá que dar a los medios, y es que es importante la información, pero nada vale más que la vida”.
“Estamos en un momento en el quehay un deterioro total de estas instituciones; no creemos en la Policía, no creemos en la Fiscalía, en la Asamblea Legislativa, dudamos del Ejecutivo. ¿En quién confiamos como ciudadanos para que resguarden nuestros derechos?”, cuestiona.
“Que pida perdón por lo que me ha hecho y dé la cara”
El camarógrafo José Enrique Tarqui de la plataforma digital Periodismo Somos Todos, resultó gravemente herido tras ser impactado en su humanidad con cinco esquirlas disparadas por un Policía.
“La Policía no es como antes, que te protegía, es como que no tendría ni un poquito de humanidad (…). Gracias a Dios estoy con vida, y recuperándome, se cerraron las heridas que estaban abiertas porque arremetieron contra mi humanidad”, afirma.
Y es que Tarqui fue disparado mientras realizaba un despacho en vivo de la represión policial a las manifestaciones de protesta que se dieron en Santa Cruz, tras la detención del Gobernador, opositor al Gobierno.
“Estaba transmitiendo en vivo y en ese momento logro ver el Comando rodeado y lanzando gases (lacrimógenos) y delante de mí veo a un agente policial antimotines vestido de uniforme plomo con negro, sale de su escondite y dispara contra la humanidad de las personas”, recuerda.
Asegura que jamás se hubiera imaginado ser atacado con tanta saña. “Lamentable por la Policía, que haya personas inhumanas trabajando en esta institución porque le hace quedar muy mal”, dice.
Lamenta que la institución verde olivo no haya identificado a su agresor a quien le insta a pedir perdón de manera pública por el daño causado, y también pida perdón a Santa Cruz por haber reprimido de la forma tan violencia a su población.
Tarqui pide expulsar al policía violento, que valiéndose de su equipo antimotín ejerció violencia contra la población civil. “Deberían expulsarlo, retirarlo de la Policía y no trasladarlo a otro lado; él estaba con equipo antimotines, botas negras, casco, chaleco antibalas, era de un grupo especial de la Policía. No sé cuál fue el coraje que tuvo para ensañarse conmigo”, expresa el joven camarógrafo.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), con el respaldo The Global Media Defence Fund – Unesco.