Una investigación de la Fundación Milenio sostiene que entre 2006 y 2025 el país fortaleció redes vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, lavado de dinero y crimen transnacional, en medio de debilidad estatal y corrupción institucional.
Los expresidentes Evo Morales Ayma (2006 – 2019) y Luis Arce Catacora (2020 – 2025). Foto: Opinión
Bolivia consolidó durante las últimas dos décadas un modelo de economías ilícitas articuladas al narcotráfico, la minería ilegal y redes criminales transnacionales, según el informe “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla para la Fundación Milenio.
El documento dado a conocer por esa institución hace unos días atrás sostiene que el país pasó de ser principalmente productor de hoja de coca y pasta base a convertirse en un ‘productor y exportador completo de cocaína’, con conexiones internacionales que involucran a organizaciones criminales de Brasil, México, Europa y Colombia.
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“El narcotráfico en Bolivia es ahora una industria integrada verticalmente (desde los campos de coca hasta los laboratorios de cocaína y los oleoductos de exportación) dirigida por actores locales en colaboración con grupos criminales transnacionales”, señala el reporte.
La investigación afirma que el país soportó en las últimas dos décadas (2006-2025) ‘un régimen autocrático, nacionalista y corporativo’, alineado con los gobiernos de izquierda del llamado ‘socialismo del siglo XXI’; además de forjar relaciones muy estrechas con China, Rusia e Irán; potencias interesadas en expandir su presencia geoeconómica y su influencia geopolítica en América Latina y el Caribe.
“Un rasgo singular del régimen implantado en Bolivia, en 2006, por el líder indigenista Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), fue haber sustentado en gran medida su política económica en los beneficios derivados de la industria del narcotráfico, el contrabando en gran escala y otros negocios ilícitos florecientes, todos ellos con un marcado sesgo transnacional”, remarca el documento.
Una plantación de hoja de coca. Foto referencial: El Deber
Clanes familiares y carteles internacionales
El estudio afirma que el comercio de drogas en Bolivia dejó de depender de carteles jerárquicos tradicionales y pasó a estructurarse mediante ‘alianzas fluidas’ y redes de clanes familiares que gestionan producción, logística y exportación de cocaína. Esa evolución de la economía de la coca-cocaína pone de manifiesto un cambio sustantivo del papel de Bolivia en la geopolítica de las drogas.
Según el informe, organizaciones como las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho; los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del Clan del Golfo y mafias europeas, operan junto a estructuras bolivianas dentro de las rutas globales del narcotráfico. “Los clanes bolivianos no solo suministraban pasta de coca, sino que también cristalizaban clorhidrato de cocaína en el país”, advierte la investigación.
“El caso de Bolivia ilustra el perfil de la economía política de los mercados ilícitos. Como se conoce, las economías ilícitas suelen expandirse allí donde las políticas y estructuras estatales crean oportunidades propicias, (…) permitiendo que los mercados legales y tradicionales de hoja coca coexistieran con el desvío de la coca a la producción de cocaína”, puntualiza.
El texto añade que Bolivia se transformó en un ‘punto nodal’ del tráfico continental debido a su ubicación geográfica, con rutas hacia Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y puertos del Pacífico utilizados para exportaciones ilegales a Europa y Asia.
Destrucción de una fábrica de droga en el Chapare. Foto: FELCN
Chapare, coca y control sindical
Uno de los capítulos centrales del informe analiza la política de ‘control social’ aplicada desde 2006 durante el gobierno de Evo Morales, que permitió legalizar parte de la producción de coca mediante el sistema de ‘catos’; reconoce que inicialmente el modelo redujo los niveles de confrontación violenta y disminuyó temporalmente los cultivos ilegales, pero sostiene que posteriormente la producción de coca terminó alimentando la expansión de la industria de cocaína.
El gobierno del MAS optó por incrementar la cuota legal de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas ‘mientras ocasionalmente se allanaban laboratorios de cocaína’, sostiene el documento, para luego afirmar que los sindicatos cocaleros del Chapare asumieron funciones de autoridad paralela frente a la ausencia estatal. “Son los dirigentes sindicales quienes asignan tierras, median disputas y hacen cumplir normas comunales”, señala el texto.
“En ausencia de una presencia estatal efectiva, ha surgido un sistema de gobernanza informal que enfatiza los derechos colectivos y la resolución de conflictos a través de las organizaciones locales. Ello, desde luego, tiene profundas implicaciones para el tráfico de cocaína: en lugar de estar dominado por cárteles violentos, la economía de la droga estaría entrelazada con las estructuras sociales y comunitarias”, advierte.
Según la indagación, Morales se ufanaba de los logros en la reducción de las plantaciones de hoja de coca cruda mientras Bolivia migraba a la fase de transformación y exportación de cocaína. Es así que, tras la expulsión de la Oficina de Control Antidrogas (DEA) estadounidense en 2008, hubo una proliferación de laboratorios de cocaína, varios de ellos bajo control de extranjeros atraídos por la abundancia de coca del Chapare y la ausencia de control policial.
La minería ilegal afecta a nevados como el Illimani en La Paz. Foto: El Diario
Minería ilegal y lavado de dinero
La Fundación Milenio identifica además a la minería ilegal del oro como uno de los principales riesgos emergentes para la seguridad nacional y el lavado de activos. El informe estima que el 80% de la minería informal está concentrada en el oro y mueve aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales. “Muchos emprendimientos de minería ilegal pasaron a ser financiados por el narcotráfico y el lavado de dinero”, advierte el estudio.
La investigación sostiene que en torno a esa actividad convergen ciudadanos y organizaciones de origen chino, brasileño, colombiano y peruano, principalmente en regiones amazónicas de La Paz, Beni y Pando.
Corrupción e infiltración institucional
El estudio dedica otro apartado a la infiltración del narcotráfico en instituciones estatales y fuerzas de seguridad. “Al menos 30 policías fueron investigados por delitos de narcotráfico entre 2022 y 2023”, señala el documento.
También menciona reportes sobre cómo se ignoraban vuelos clandestinos de cocaína y casos de jueces y fiscales que evitaron investigar o sancionar a estructuras criminales. “El nexo entre los narcotraficantes y funcionarios del Estado es innegable”, alerta el texto en uno de sus apartados.
Sebastián Marset fue expulsado del país el pasado 13 de marzo de este año. Foto: Red Uno
Marset y el ‘punto de inflexión’
El documento también aborda la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset el pasado 13 de marzo en Santa Cruz, hecho que considera un ‘momento de inflexión’ en la lucha antidrogas en Bolivia.
La investigación sostiene que la detención de Marset se produjo en el marco de una nueva etapa de cooperación internacional impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz y Estados Unidos.
“El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, cita el informe respecto a un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.
Asimismo, menciona que el presidente Rodrigo Paz calificó la captura como “un hecho histórico” y “el inicio de una serie de acciones” contra el crimen organizado.
Reforma policial y cooperación internacional
Finalmente, el estudio plantea que Bolivia enfrenta el reto de reconstruir su estrategia de seguridad mediante una reforma profunda de la Policía, la Justicia y los mecanismos de cooperación internacional.
“No es posible mejorar la seguridad pública ni fortalecer la lucha contra la criminalidad sin una Policía fuerte, moderna, profesional y honesta”, señala el documento.
El informe concluye que el país debe enfrentar simultáneamente narcotráfico, minería ilegal, lavado de dinero y corrupción institucional para recuperar el control estatal y fortalecer la gobernabilidad democrática.
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