El documento dirigido a la AAPS señala que “organizaciones sociales” del MAS promovían y definían las contrataciones del personal, lo que a puesto “en riesgo la estabilidad financiera y administrativa de la empresa”.
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El exinterventor de Epsas, Bladimir Iraizos, el presidente Luis Arce y el exministro de MMAyA, Juan Santos.
Un informe dirigido a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (Aaps) reveló que el exinterventor de Epsas, Bladimir Iraizos, usó esa entidad para dar trabajo y conceder obras en una línea de prebendas políticas, con el fin de buscar réditos para el actual Gobierno, y que esto ha puesto en riesgo el servicio de agua potable y alcantarillado en La Paz.
“En los referidos contratos (de personal) se advierte que adjunto a los mismos cursan avales de organizaciones sociales, que promueven y definen estas contrataciones. Esta situación crea un clima de dependencia y prebendalismo de la gestión de Epsas, respecto de intereses particulares”, señala una de las nueve observaciones que figuran en el informe firmado por el interventor suplente en Epsas, Jaime Martínez.
El documento fue emitido el 10 de mayo. Martínez fue designado por la directora de la AAPS, Karina Ordoñez, luego de que Iraizos fuera suspendido en medio de las denuncias de extorsión a empresas y el intento de soborno al mallku de Hampaturi, Ramiro Choque, quien sostiene que el exinterventor le envió 20.000 bolivianos con el jefe legal de Epasas, Raúl Einar Rivas Camacho, a cambio de que evite que los comunarios de ese sector protesten y pidan su destitución, debido a varios compromisos incumplidos.
Las prebendas políticas prometidas con el dinero de los usuarios de Epsas la denunció en abril la autoridad originaria de Hampaturi, representante de un sector afín al MAS y que apoya la gestión del presidente Luis Arce. Choque afirmó que, con el fin de contar con apoyo de ese sector, Iraizos se comprometió a dar canchas de césped sintético y abrir un camino para unir las diferentes comunidades de ese ayllu.
Transparencia
En la investigación que se abrió contra Iraizos y Rivas por el caso de uso indebido de influencias e intento de soborno al mallku Choque, se conoció que la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, se sumó al proceso “en calidad de víctima y denunciante”. En su memorial dirigido al Ministerio Público, la autoridad solicitó fotocopias de todo el cuaderno de investigaciones.
Servicio en riesgo
“Gastos operativos: En el mes de febrero se identificó un crecimiento de los gastos operativos del 33,64%, con una tendencia creciente que puede poner en riesgo la sostenibilidad operativa de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, por lo que se hace urgente asumir las acciones correspondientes”, señala otra parte del documento.
El informe de siete páginas detalla que Martínez no pudo desarrollar de forma normal su trabajo, debido al clima de susceptibilidades que generó la suspensión de Iraizos entre el personal que fue contratado por él y el más antiguo. Ligado a este tema, se evidenció que los despidos injustificados y los procesos laborales que se abrieron por los reclamos de pago de beneficios y otros, han puesto a Epsas al punto del colapso económico, debido a “exorbitantes” deudas.
En uno de los varios casos, por orden judicial, ya se tiene retenidos un millón de bolivianos del patrimonio de Epsas. Otras deudas promedian los 300 mil y 500 mil bolivianos.
Asimismo, se apunta la “negligencia del jefe jurídico (de Epsas) que no dice o hace algo para mejorar el trabajo legal”, señaló Martínez en el informe. La deficiencia en esa área llegó al punto de que, en 10 años de intervención, los abogados no lograron definir la “naturaleza jurídica de Epsas, es decir no se tiene una definición al respecto, si es una empresa pública o privada”.
Iraizos pide pruebas
“No quiero hablar nada, con el tiempo se aclarará, todo es mentira, son falsedades que están sacando por justificar lo que están haciendo. Que lo comprueben, a qué mala gestión se estarán refiriendo”, afirmó Iraizos en un breve contacto con Página Siete.
Señaló que pedirá las pruebas sobre el informe emitido por Martínez. Sobre las acciones de prebenda de las que se lo acusa, señaló que la única relación que tuvo con los movimientos sociales fue la coordinación para la dotación de agua potable y alcantarillado para los nuevos barrios.
Canchas y sedes sociales
Sin embargo, el informe de Martínez desmiente la versión de Iraizos. “Conflictos sociales: Se han identificado serios conflictos sociales emergentes de una deficiente e irresponsable gestión administrativa de Epsas, con sectores y comunidades, donde se encuentran las fuentes de agua y/o se ejecutan proyectos que han concluido, lamentablemente, con el inicio de procesos legales, y en algunos casos, con la firma de convenios cuyo objetivo final no tiene ninguna relación con el rubro de la empresa, como la construcción de canchas sintéticas, caminos y sedes sociales”, detalla el documento.
Martínez sostiene que esta forma “prebendal” de relacionarse con los sectores sociales también ha ocasionado la división y conflictos al interior de las comunidades y sindicatos agrarios. Al contrario de esas dádivas entregadas a los sectores sociales del MAS, el informe revela que, por ejemplo, la “División de mantenimiento” de los vehículos de Epsas no recibe motorizados, porque no cuenta con los recursos para comprar los repuestos.
Conclusión del informe
El informe también remarca que durante su gestión, Iraizos incrementó los despidos de personal de planta y la contratación de personal eventual “por invitación directa”, cuyos servicios no fueron justificados y ese es, según el reporte, otro elemento que pone en riesgo el servicio de agua potable en La Paz.
“En atención a las consideraciones expuestas, se puede concluir que la deficiente gestión administrativa de la empresa a cargo del interventor Ingeniero Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar, ha generado un clima de inestabilidad laboral y conflictividad social, que ponen en riesgo no solo la continuidad de los servicios, sino también la estabilidad económica financiera y administrativa de la empresa”, señala la parte conclusiva del informe entregado a la AAPS.