Según el consejero Marvin Molina, la norma de Régimen Disciplinario los obliga “a constituir jueces ciudadanos”, además que las autoridades judiciales denunciadas recurren a amparos constitucionales para demorar por años el proceso.
El Consejo de la Magistratura pide a la Asamblea Legislativa modificar la Ley 025 de Régimen Disciplinario del órgano judicial, con el fin de evitar casos como los de la hermana del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Zenón Bacarreza. La exjueza Gladis Bacarreza logró la impunidad y mantenerse en el cargo desde 2017, pese a que contaba con 45 procesos disciplinarios y 14 procesos penales.
“Nuevamente exhortar y pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por favor, modifique la ley de Régimen Disciplinario. Es un pedido que el Consejo de la Magistratura ha realizado desde la gestión 2021, debido a este tipo de razones”, afirmó el consejero Marvin Molina, en alusión a Bacarreza. Señaló que el proyecto de ley, para la modificación de la Ley 025, fue presentada durante la presidencia del diputado del MAS, Freddy Mamani.
Molina puso como ejemplo el caso de la exjueza Bacarreza, que fue encarcelada y destituida por la pérdida de 90 expedientes, de quien señaló se tiene denuncias e inicios de procesos disciplinarios desde el año 2017, “casi siete años en los que el sistema demora en destituir este tipo de autoridades”, sostuvo Molina.
La exjueza es hermana del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Zenón Bacarreza, quien fue uno de los que firmó la resolución que habilitó la reelección de Evo Morales a la presidencia en la pasada gestión. Jueces, colegas de la autoridad destituida con los que Página Siete tuvo contacto, señalaron que el nexo familiar con el exmagistrado es el que permitió la “impunidad” en favor de la exjueza Bacarreza, quien, además, mientras aún estaba en funciones, asistía a actos proselitistas del expresidente Morales, en el Chapare cochabambino, junto a la esposa del procurador Wilfredo Chávez.
Molina manifestó que la actual norma brinda “demasiados” beneficios para los jueces denunciados por diferentes hechos. En el caso de Bacarreza, incluso se conformó una asociación de víctimas.
“En el caso del Régimen Disciplinario tenemos hasta el día de hoy, algo que en los procesos penales ya se ha superado hace mucho tiempo. Nos obligan a constituir jueces ciudadanos, (proceso) que más o menos toma entre tres a cinco meses, todos estos procesos disciplinarios, con los beneficios que la misma ley les otorga a las autoridades judiciales (se suma también), son objeto del uso de amparos constitucionales y otras figuras legales, que nos demoran entre tres a cuatro, y en este caso (de Bacarreza) hasta siete años”, explicó Molina.
Por su parte, Carmiñia Martínez, representante distrital de la Magistratura en La Paz, señaló que en el juzgado primero de sentencia anticorrupción y lucha contra la violencia hacia la mujer, donde ejercía su labor Bacarreza, se daban recurrentes denuncias sobre pérdida de expedientes e incumplimiento a instructivos de la Magistratura, además de otras faltas, lo que obligó a su intervención, la aprehensión y encarcelamiento de la exjueza y finalmente su destitución.
Martínez informó que se hallaron varios de los expedientes “perdidos”; al momento, el juzgado volvió a funcionar, aunque aún lo hace con un juez suplente, pero las denuncias bajaron en un 90%.
La Magistratura es la encargada de la contratación de jueces y vocales a nivel nacional, además de supervisar su labor en la vía disciplinaria. Sin embargo, Molina señaló que los procesos penales abiertos en la Fiscalía, a los que la Magistratura debe dar seguimiento, son poco impulsados por los denunciantes, pero también existe el factor del tráfico de influencias, por medio del cual se cierra el caso o se dicta sobreseimientos en favor de los malos jueces.
“Quiere decir que, lastimosamente, nos encontramos en una esfera donde se pagan favores con favores (entre jueces)”, concluyó Molina.
En la gestión 2022, el Consejo de la Magistratura recibió 1.027 denuncias contra jueces, admitió la mitad y solo sancionó a 124, entre ellos aquellos que liberaron a asesinos y violadores seriales.