En un hilo en Twitter, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que se contactó con el periodista Junior Arias, director de la red DTV, para ofrecerle garantías debido a las consecuencias del caso de Banco Fassil.

“Nos contactamos con el periodista Junior Arias para brindarles todas las medidas de seguridad necesarias, quien nos aseveró que no teme por su seguridad e integridad, sin embargo, salió del país por pedido de su familia”, escribió.

Al conocerse la muerte del interventor de la entidad financiera, Carlos Colodro, Arias decidió salir del país. Él informó de una probable estafa en el banco de más de Bs 4.500 millones. “He decidido salir del país por un tiempo hasta que se esclarezca la muerte del Interventor de Fassil”, escribió en sus redes sociales la madrugada del domingo.

En su mensaje, el ministro Del Castillo afirmó que “cualquier periodista, político, militar, civil. Independiente de su ocupación, que sienta que corre peligro por investigar un hecho”, debe acudir el Ministerio Público.

“Le vamos a brindar todas las garantías que amerite el caso”, recomendó.

Nuestro gobierno tiene el “compromiso de protección a cualquier persona que se sienta amenazada por investigar cualquier hecho irregular que se suscite en nuestro territorio”, insistió Del Castillo.

La noche del sábado consternó al país la muerte de Colodro; él se hacía cargo de la gestión del intervenido Banco Fassil desde el 26 de abril reciente. Su cuerpo apareció en el piso exterior del edificio Ambassador, en Santa Cruz.

La primera información fue que cayó desde el piso 15 de esa infraestructura, aunque no hubo información suficiente sobre los presuntos móviles. El domingo, Del Castillo informó de la existencia de una “carta póstuma” atribuid a Colodro, aunque dijo que debía estudiarse el documento.

Banco Fassil fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) por graves irregularidades en su gestión. El jueves, Arias publicó una lista de 12 empresas y una treintena de personas implicadas en presuntos créditos vinculados.

La Policía realiza las investigaciones en el edificio Ambassador, en Santa Cruz. Foto: APG