Narcoaudios: Fiscalía desestima segunda denuncia del evismo

Por “pruebas insuficientes” el Ministerio Público decidió liberar de culpa o sobreseer a los tres policías de alto rango implicados en el caso “narcoaudios”, que denunció públicamente el expresidente Evo Morales en 2022. Es la segunda acusación de corrupción que desecha la Fiscalía en menos de una semana y desde el sector extremista del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirman que el gobierno de Luis Arce impuso una línea vertical para “encubrir, proteger y blindar” los hechos de corrupción detectados.

“El suscrito Fiscal de Materia, en aplicación del principio de objetividad, legalidad y en amparo del numeral 3 del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, se dispone el sobreseimiento de Ivert Alejandro de Villegas, Whilmher José María Velasco Villarroel y Franco Jaime Arancibia Díaz, por el delito de tenencia, porte o portación ilícita, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes”, dice el parte firmado por Franklin Antonio Alborta Arandia, de la “Fiscalía especializada en delitos en anticorrupción”.

Como antecedentes se conoce que el 4 de abril de 2022 el expresidente Morales y líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba hizo una denuncia ante los medios de comunicación con la publicación de un audio sobre una “presunta protección al narcotráfico”.

El hecho habría ocurrido en un operativo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) el 25 de marzo de 2022 en el Valle de Sajta del Chapare. Se encontró un laboratorio y cuatro fábricas de cocaína. Cuando estaban a punto de intervenir el lugar, un “jefe superior” ordenó que salgan del lugar en “z” y “no toquen ni saquen nada”. El hecho fue investigado de oficio por la Fiscalía.

Morales denunció a los coroneles Velasco y Arancibia, además se investigó al capitán Villegas. En ese entonces, Arancibia fungía como comandante nacional de la Umopar y Velasco era el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Después de un año, dado que la resolución de sobreseimiento se firmó el 28 de abril de 2023, el fiscal Alborta dice que no existen pruebas suficientes del presunto hecho. Eso da lugar a la “duda razonable en el juzgador”, para que pueda dictar una sentencia condenatoria.

En consecuencia, dice la resolución, “procédase con el correspondiente archivo de obrados” y también ordena informar a las partes la decisión de la Fiscalía.

“Protegen y blindan a corruptos”

Legisladores evistas del MAS expresaron su repudio a la decisión de la Fiscalía. Recordaron que en menos de una semana el Ministerio Público desestima otra denuncia sobre hechos de corrupción del gobierno de Luis Arce. Alertan que se trata de una estrategia de protección y blindaje a funcionarios denunciados por actos de corrupción.

“Estos dos años y medio yo creo que son parte de uno de los peores momentos que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora en la administración pública, por denuncias de hechos de corrupción. Es lamentable que exista una línea vertical, desde lo más alto, para encubrir y proteger y blindar la corrupción en este Gobierno”, dijo a Página Siete el diputado Héctor Arce Rodríguez, del ala radical.

El legislador cochabambino recordó que el lunes 22 de este mes la Fiscalía también liberó de culpa a 12 implicados en el caso coimas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Además, la Fiscalía no admitió una segunda denuncia en este caso y que otras 20 acusaciones que presentó en su calidad de fiscalizador “no avanzan en absolutamente nada”.

Su colega, el diputado Ramiro Venegas, agregó que este accionar lo único que hace es afectar más la credibilidad del Ministerio Público y el sistema judicial de Bolivia, mostrando que deja impunes a quienes cometen actos ilícitos. Lamentó que, desde que los legisladores fiscalizan y denuncian actos de corrupción del gobierno de Arce, el Órgano Ejecutivo empezó una persecución penal contra los asambleístas.

“(Tengo) una querella penal por parte del ministro de Gobierno por calumnias e injurias. No considera que el artículo 151 de la Constitución Política del Estado se refiere a la inviolabilidad que tienen los legisladores para que podamos ejercer nuestra tarea de fiscalización como servidores públicos. Existe una persecución política para acallarnos, no quieren que denunciemos actos de corrupción, no quieren que transparentemos la información de cómo están manejando los recursos públicos”, dijo el legislador del MAS a Página Siete.

Según el diputado Arce, el expresidente Morales ya les había alertado que, a pesar de las pruebas, todo proceso por corrupción contra el gobierno de Arce “no va a avanzar y va a quedar en la nada”.