EL MINISTRO MONTAÑO EVITÓ REFERIRSE A LOS DOCUMENTOS Y DECLARACIONES QUE RESPALDAN LA DENUNCIA
El diputado Héctor Arce, calificó a la comisión de fiscales como “los tres chiflados” y a la resolución que emitieron como “repugnante y vergonzosa”, recordó las revelaciones que hizo el ministro de Justicia, Iván Lima.
Los fiscales Cristhian Suárez y Fernando Aragón, quienes sobreseyeron a 12 imputados en el caso ABC.
Al menos ocho elementos, entre declaraciones de involucrados, documentos notariales, fotografías, boletas bancarias y verificación de facturas ilegales, que muestran que la adjudicación del contrato para la construcción de la vía Sucre – Yamaparáez, a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) tuvo evidencias de corrupción.
El pasado 22 de mayo, los fiscales Cristhian Suárez y Fernando Aragón emitieron una resolución de sobreseimiento en favor de las 12 personas que fueron imputadas por legitimación de ganancias ilícitas, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, uso de instrumento falsificado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, entre otros delitos.
De acuerdo con los documentos en el cuaderno de investigaciones, una de las primeras irregularidades detectadas en el proceso de licitación que favoreció a la CHEC se dio en la designación de los seis miembros de la “comisión de calificación”, cuyos nombramientos se hicieron por una orden firmada por el gerente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina.
El diputado del MAS Héctor Arce, quien denunció públicamente corrupción en este caso, explicó que estas designaciones se dieron con el fin de tener el control del proceso de selección de la empresa y la adjudicación del contrato. Dos de las observaciones fueron que el encargado de la comisión era quien se constituía también en unidad solicitante, el gerente regional de la ABC Sucre, Hernán Palacios, y que tres de los funcionarios eran de la ciudad de La Paz.
Siguiendo un orden cronológico de los hechos, el segundo elemento que se constituye en evidencia de hechos irregulares en el proceso de licitación es el hostigamiento y llamadas que el gerente nacional administrativo de la ABC, William Mamani, hizo hacia uno de los miembros de la comisión de calificación, Juan Carlos Hidalgo Chura, quien en su declaración ante los fiscales reveló cómo se dio la presunta manipulación de los documentos.
Hidalgo señaló que desde el momento de su designación, Mamani lo contactó varias veces por celular, para que le filtre información sobre el proceso de contratación y las observaciones que tenía la CHEC. Aseguró que dio estos datos y asistió a reuniones con los representantes de esa firma con el conocimiento y autorización de los otros cinco miembros de la comisión.
El tercer elemento es la declaración en detalle del testigo protegido, Felipe Sandy Rivero, quien afirmó que fue contratado como asesor del gerente de la CHEC, Zhengyuan Jin, y como enlace con la ABC. Su testimonio dio detalles sobre las irregularidades y hasta el pago en efectivo de 9 millones de bolivianos a Henry Nina.
Sandy Rivero falleció en enero de este año, en circunstancias aún no muy claras, en Estados Unidos, a donde dijo que debió huir por temor a un atentado contra su vida.
El cuarto elemento que da veracidad a la denuncia de Arce y el relato de Sandy fue la reunión que se dio en una residencial, en la ciudad de Sucre, entre Jin e Hidalgo, en febrero de 2022. El encuentro está corroborado por los registros de la residencial y las grabaciones de cámaras de seguridad, además de que existe una fotografía en la que se corrobora la presencia de Jin e Hidalgo en una de las habitaciones con documentos en una cama.
Según Hidalgo, ese encuentro fue gestionado por Mamani. Durante esa reunión que se originó el quinto elemento, la manipulación de los documentos y poderes de la CHEC.
Arce se apoyó en las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, de quien proyectó declaraciones pasadas. “La irregularidad de este poder (de CHEC) es que el número del formulario notarial nos permite afirmar que ha habido un hecho ilegal (…) esa es la irregularidad más grave que hemos denunciado y confirma lo afirmado por el diputado Arce”, declaró Lima en 2022.
El sexto punto, también relacionado a los poderes de la CHEC, es que los documentos adulterados fueron introducidos luego de la reunión que se dio en la residencial de Sucre, otra vez, según Hidalgo, ese hecho se dio con el consentimiento de todos los miembros de la comisión de calificación.
Los poderes notariales de la CHEC se imprimieron en documentos que fueron vendidos, en blanco, en enero de 2022, y que por lógica no pudieron ser usados en diciembre de 2021, cuando se cerró el plazo para la presentación de propuestas para el contrato licitado. Por ese hecho también fue imputada una notaría de fe pública.
El séptimo elemento que evidencia la irregularidad en el proceso de licitación es la generación de facturas que presuntamente la CHEC usó para validar el gasto del dinero pagado en el adelanto de la ABC. Esas facturas, por 14 millones de bolivianos, fueron emitidas por una empresa de construcción que sólo existió en los papeles, que no tenía autorización de dar esos documentos, el propietario de esa firma también fue imputado, pero al igual que la notaria finalmente se favorecieron con el sobreseimiento.
Por último, el octavo elemento es el manejo de los 9 millones de bolivianos que salieron, en efectivo, de los supuestos pagos que se hizo a la empresa que dio las facturas y estaba destinado al pago de la mitad de la coima, que en total sumaba 18 millones de bolivianos. Para los fiscales, este hecho no constituye un delito porque el dinero nunca llegó a manos de ninguno de los funcionarios procesados.
“Todo es mentira”
Pese a todos los detalles y documentos que figuran en el cuaderno de investigaciones, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, declaró su conformidad con la resolución de los fiscales y dijo que “todo fue mentira”, en relación a la denuncia de Arce, contra quien, pese a todo, dijo que no iniciará un proceso penal porque antes el legislador le pidió disculpas por involucrarlo.
Página Siete consultó al ministro sobre la declaración de Hidalgo y la revelación de su colega Lima, Montaño dijo: “Hay dos temas, la denuncia que hizo la empresa CHEC contra su exgerente (Jin), que va por cuerda separada (en un proceso distinto) y obviamente este (caso) en el que se dice que supuestamente hubo irregularidades. En todos los tipos penales en los que ha sido acusa la ABC, (…) se ha demostrado en la investigación que los recursos económicos no llegaron a los funcionarios públicos”, dijo.
Ante todos estos hechos, el diputado Arce anunció que apelará la resolución fiscal. Afirmó que no existe la justicia en Bolivia, y señaló al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de estar tras la resolución fiscal, pues estaría protegiendo a Nina.