A casi un año del avasallamiento de tierras en Aramasí-Punata, en el valle alto, que dejó varios heridos y dio lugar a varios procesos, las víctimas piden a la justicia el desalojo y demolición de las construcciones ilegales, según manifestaron en el portal “El Eje”.
Según el abogado Edwin Montaño Fernández, los avasalladores se adueñaron de terrenos del Sindicato Agrario Blanco Rancho Chirusi con exagerada violencia causando heridos y destruyendo todo a su paso. Ante la acción criminal, los comunarios sólo atinaron a salvar sus vidas y de sus familias ante el uso de armas contundentes.
Recordó que el avasallamiento a la propiedad de los afiliados del mencionado sindicato ocurrió el 25 de agosto de 2022 con uso de la fuerza, armas de fuego y amenazas de muerte a quien se resistía a ese hecho delictivo.
Al igual como ocurre en otros municipios donde también se dieron avasallamientos, las denuncias de despojos de tierras en Punata no son atendidas por las autoridades municipales y fiscales, pese a existir órdenes terminantes de desalojo y demolición de viviendas ilegales en predios usurpados. Guardan un silencio cómplice y de parcialización con los salteadores de tierras, indicó.
Ante esta actitud pasiva, el abogado Montaño reiteró el pedido de desalojo y demolición a las autoridades fiscales, judiciales, policiales y agrarias de Cochabamba.
Asimismo, exigió a los ministerios de Gobierno y Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura cumplir con las órdenes del presidente Luis Arce Catacora de desalojar y demoler las construcciones ilegales, así como de encarcelar a los autores de avasallamientos violentos.
Identificados
La denuncia sostiene que se trata de un grupo de 70 personas lideradas por Nelson C. M., Casto C. E., Willy C. M., Aldo Miguel V. O., Jhonny V. O., David M.R., Edgar P., entre otros, quienes “el 25 de agosto de 2022 invadieron los predios y acarrearon en volquetas materiales de construcción: ladrillos huecos, arena, piedra, cemento y otros, para luego proceder a la construcción ilegal de pequeñas viviendas sin tomar en cuenta los reclamos de los legítimos propietarios”.
Fuente: lostiempos.com