La discusión entre los cooperativistas auríferos y el Banco Central de Bolivia (BCB) para elaborar el reglamento de la “ley del oro” se centra en al menos cinco aspectos, señalaron los representantes del sector minero.
Fuente: lostiempos.com
Los temas que aún no se han resuelto y que se discutirán la próxima semana son: control a la legitimación de ganancias ilícitas, proceso de bancarización de los mineros, gastos de realización, requisitos para la venta del oro al BCB, y cantidades mínimas y máximas de compra, manifestó el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda.
La Ley 1503, que permite al BCB monetizar las reservas en oro para obtener liquidez de dólares, fue promulgada el 8 de mayo. Se tiene 60 días de plazo para reglamentarla y fijar los detalles de cómo la entidad monetaria comprará oro a los productores locales.
El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas (Fecmabol), Roger Coata, indicó que sus bases se oponen a la aplicación de controles de legitimación de ganancias ilícitas y a la bancarización. Lo primero, explicó, significaría fiscalizar la compra de maquinaria, vehículos y bienes inmuebles. Lo segundo implica dificultades para muchos mineros que trabajan en zonas alejadas con poco o nulo acceso al sistema financiero, tanto físico como digital.
“Rechazamos la bancarización, porque en las zonas alejadas que tenemos en el norte de La Paz y en todo nuestro país a veces no tenemos cómo comunicarnos y menos vamos a estar en la bancarizción, no podremos cobrar. Por otro lado, la legitimación de ganancias también rechazamos. El Estado no aparece cuando hablamos de explorar, sólo aparece en la producción y nos pueden fiscalizar cómo nos compramos maquinaria, casa o coche”, dijo Coata a Los Tiempos.
En cuanto a los gastos de realización, Balmaceda dijo que para los mineros sería beneficioso que el BCB los asuma. Estos gastos implican transporte, seguridad y fundición del oro, entre otros aspectos.
Los requisitos para que los cooperativistas puedan vender su producción al banco central también están en la mesa de discusión. Balmaceda explicó que se pretende exigir que el oro venga de operaciones legales que tienen un contrato minero con el Estado.
Esta obligación podría reducir el número de vendedores. El experto en minería Héctor Córdova señaló en una anterior entrevista que sólo el 14 por ciento de las cooperativas tiene licencia ambiental y cumple con todas las formalidades legales.
Balmaceda apuntó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como el cuello de botella que retrasa la obtención de contratos. “Cuánto nos gustaría que la AJAM resuelva la burocracia que hay con contratos administrativos”.
El último aspecto es el de las cantidades que el BCB podrá comprar. El volumen de producción de las aproximadamente 1.500 cooperativas es muy diverso: oscila entre algunos gramos a varios kilos a la semana.
El pasado viernes debía llevarse una reunión para abordar estos puntos, pero la misma fue suspendida para este lunes.
Pese a que se presentan estas trabas, Coata espera que se llegue a un acuerdo y la llamada “ley del oro” sea beneficiosa para su sector y también para resolver, al menos momentáneamente, la falta de dólares.
Economistas como Gabriel Espinoza consideran que la ley es un parche que empeorará la situación.
Casi 4 meses sin datos de reservas
Hace casi cuatro meses que el BCB dejó de publicar el estado de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y no hay señales de que esto vaya a cambiar. Se presume que la situación es bastante compleja como para mantener esta decisión por este periodo de tiempo.
El economista Jaime Dunn señaló que la “ley del oro” permitirá al Gobierno “ganar tiempo” para adoptar medidas de fondo que eviten empeorar la situación. Aunque es también probable que, si se mantiene la conducta actual, se gasten las reservas de oro.
Al 8 de febrero, las RIN llegaban a 3.538 millones de dólares, 372 millones en divisas,538 millones en DEG y 2.592 millones en oro.
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