De enorme riesgo puede considerarse el caso narcoavión descubierto por la Aduana española en Barajas y la detención del juez Manuel Baptista que por presión de fiscalía y policías subrepticiamente se invierte su rol jurisdiccional en aprehendido, sin ser parte de la organización criminal del despacho de los 478 kilos de clorhidrato de cocaína que salió de Viru Viru el 12 de febrero en una aeronave alquilada por BOA, solo por determinar la madrugada del viernes 9 de junio, la detención preventiva por 90 días contra Maribel Romero Antelo y Ronald Marcelo Cabrera de la empresa del Courier con razón legal “José María Santa Cruz”, imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, pero dejando en libertad a Carolina Candia Romero hija de Maribel Romero Antelo.
Lo que Azora es que los responsables de la FELCN (Director) que dependen directamente del ministro de gobierno Eduardo del Castillo que sabían del caso desde marzo optaron por la omisión de investigar, esperando que sea la policía española la que haga el trabajo, y en una actitud incoherente el ministro de Transporte y Obras Públicas declara que se aplicará mano dura, cuando no fue capaz de demostrar los 36 vuelos de ingreso y salidas que hicieron del aeropuerto de Chimoré el 19 de mayo e 2021,calificadas como “instrucción de pilotos. Esa narrativa ¿alcanza también a los 961 vuelos transportando cocaína desde Bolivia en dirección a las regiones Presidente Hayes y San Pedro (Paraguay) por el piloto uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera entre 2020 a 2021?
Si la DEA continuara en Bolivia las investigaciones en el tema de narcotráfico contra ministros y autoridades de Lucha Contra el Narcotráfico serían transparentes, no selectivas y menos rezagadas. Parece que hasta ahora no se han recuperado de los efectos del tsunami que las policías especiales de países fronterizos ya no confían en las autoridades del Estado.
Detrás de esta tortuosa parafernalia, se suma el Proyecto de Ley enviado por el presidente Luís Arce Catacora a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 19 de abril de 2023, registrado como proyecto L.P. 359/22-23 con el título de: “Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia”, para quienes están con detención preventiva en el sistema penitenciario en Bolivia (hasta enero de 2023 alcanzan a 24.913 de los cuales 8.553 (34,33%) cuentan con sentencia y 16.360 (65,67%) son detenidos). De aprobarse la Ley, casi el 70% se va a beneficiar con la medida cautelar sustitutiva y en medio del turbión de hechos con beneplácito para los que cometen delitos no solo graves sino gravísimos.
En realidad, es una de las peores calamidades del sistema que le puede ocurrir a la justicia boliviana que está en terapia intensiva, al advertir que según el Artículo 10 del proyecto de Ley 359/22-23 (Incisos a), b), c), d), e) y f).) se aplicará como “medida cautelar” a los detenidos que no tengan sentencia ejecutoriada, siendo imprescriptibles, y en beneficio de los que hayan cometido los delitos siguientes: Femicidios, infanticidio, parricidio,, homicidio, , trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente; Delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y financiamiento al terrorismo; delitos por narcotráfico (todos los contemplados en la Ley 1008,asi tengan de 20 a 25 años de prisión); Delitos de tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas; Delitos cuya víctima sea niña, niño o adolescente, adulto mayor o persona con discapacidad.
Pues bien, como uno trata de buscar la raíz en la historia y en las circunstancias socio culturales de los sistemas que administran el Estado, queda claro que el Alto Comisionado para la Independencia de jueces y abogados de la ONU Diego García Sayán fue mal interpretado al verificar que en Bolivia se aplica la detención preventiva como regla cuando debía ser la excepción.
Y es tan cierta la distorsión, porque la medida cautelar abre paso a la imposición para beneficiar a los funcionarios públicos, autoridades del gobierno y afines al MAS IPSP, especialmente de las zonas productoras de la coca y narcotráfico del Trópico de Cochabamba donde funcionan seis Federaciones de cocaleros, cuyo presidente vitalicio es el expresidente Evo Morales Ayma. Además, de tener carácter retroactiva para bendecir a Juan Santos exministro de Medio Ambiente y Agua, Maximiliano Dávila exjefe antidrogas en el gobierno de Evo Morales reclamado por Estados Unidos por confabular con el ingreso de 100 kilos de clorhidrato de cocaína, entre otros casos emblemáticos.
La idea central es que la medida cautelar del grillete electrónico, no es aplicable a los que hayan cometido golpe de Estado, Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, suicidios, separatismo, difusión e incitación al racismo, ultraje a símbolos nacionales y protestas públicas democráticas.
Por tanto, el fondo del proyecto de Arce Catacora y del ministro de justicia, de cualquier ángulo que se quiera ver es poner a la calle a los delincuentes por narcotráfico en toda la cadena de delitos que prevé la Ley 1008 de 19 de julio de 1988 Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, corrupción de funcionarios públicos, violación de menores, feminicidios, secuestro, por el lapso de seis meses revisable por la autoridad jurisdiccional.
La medida supone un riesgo de altísima tensión para la seguridad de la población boliviana, puesto que nada se regula sobre los reincidentes que están guardando detención preventiva; por ello, la incapacidad del Estado en sus programas de resocialización en el sistema penitenciario, traslada irresponsablemente a la sociedad boliviana que no cuenta con los mínimos elementos de seguridad para defenderse. Por ejemplo, en España se aplica el brazalete colocado a la altura del tobillo que emite una señal de frecuencia, así como se porta un dispositivo de localización GPS, que es un aparato que lleva la víctima para detectar la señal del transmisor del agresor, concretamente, se aplica para delitos con penas menores, para autores de complicidad en el delito de tráfico, el control policial es diario desde la base central informática y presencial cada semana firmando el libro respectivo. Asimismo, la Corte IDH ante el desmesurado uso de la detención preventiva reconoce el uso del grillete.
El notable profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla Bartolomè Clavero, S. (+) dice: “El asunto de la acción de libertad es más urgente todavía, el más urgente en absoluto de todos los pendientes en el desarrollo de la nueva Constitución de Bolivia…refiriéndose a los indígenas y los pobres.
Sucre, junio 9 de 2020,
Pedro Gareca Perales,
Fuente: Eju.tv