Tras el bullado caso del envío de 478 kilos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru hasta el aeropuerto de Barajas, España, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se está trabajando en un proyecto de ley para “refundar” la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y en la creación de una Policía Judicial.

“Muchas veces vemos muy solo al Ministerio Público en las audiencias judiciales, donde se libera a personas comprometidas con el narcotráfico. Necesitamos el acompañamiento de una especie de Policía Judicial especializada en temas de narcotráfico para que sean dos instituciones que vayan buscando de manera conjunta (a estas organizaciones criminales)”, dijo Del Castillo a DTV.

El ministro no dio mayores detalles de la iniciativa en la que se trabaja actualmente.

La FELCN es un organismo especializado de la Policía Boliviana que tiene por misión la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la actividad ilícita del narcotráfico. También realiza tareas de interdicción en la fabricación, transporte, comercialización de narcóticos y sustancias controladas. Esta institución se constituyó mediante el artículo 4 del Decreto 21666 del 24 de julio de 1987.

La fuerza antinarcóticos es parte de los controles en las terminales aeroportuarias internacionales del país y en los puntos fronterizos.

Courier

El miércoles, Del Castillo señaló que los dueños de la empresa de courier “José María”, señalada como la que envió casi media tonelada de cocaína en un vuelo subalquilado de Boliviana de Aviación (BoA) a España, tienen antecedentes por narcotráfico desde 2011.

La autoridad confirmó que en marzo de este año la FELCN detuvo a dos personas, identificadas como Carolina C. R. y Ronald C. (dueños del courier “José María”). Ambos pretendían recoger un cargamento proveniente de España que consistía en almohadones; sin embargo, al interior hallaron 67.774 pastillas de Metilendioximetanfetamina (MDMA), una droga sintética.

Si bien la FELCN cumplió con detener a estas personas, en menos de 10 días ya estaban nuevamente libres por decisión judicial.