El exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció este martes que en el Gobierno del presidente Luis Arce, hay “protección al narcotráfico” y manifestó que en el país se aplica la “ley de Pablo Escobar, plata o plomo”.
El exministro de la gestión de Evo Morales (2006-2019) manifestó que continuará con sus denuncias de “protección al narcotráfico” a pesar de la acusación que interpuso el ministro de Gobierno actual, Eduardo del Castillo, en su contra por “calumnias e injuria”.
“Que este proceso penal que se ha instaurado contra mi persona sirva para aclarar si existe o no protección política, judicial y policial al narcotráfico en Bolivia”, señaló Romero en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz.
El exministro recalcó que la protección es desde 2020 y que le llama la atención las recientes muertes en el país, como la del interventor del banco Fassil o el asesinato en la amazónica Beni de Francisco Alejandro Suescun, conocido como Carachas, presuntamente vinculado con el narcotráfico y vinculado a Misael Nallar.
Romero aseveró que el pasado 16 de febrero le “alertaron” que se reunieron en un condominio policías y civiles para hablar sobre el caso del envío de 478 kilos de cocaína en un vuelo de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) hacia España y que la situación era de su “pleno conocimiento”.
“En Bolivia lamentablemente hemos llegado a los tiempos en que se está aplicando la ley de Pablo Escobar, plata o plomo, esa es la ley de Pablo Escobar, porque resulta que acá fiscales, jueces son los primeros encubridores en coordinación de algunos políticos”, subrayó Romero.
De la misma manera, pidió a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) que “desclasifique” informes sobre Bolivia.
La pasada semana la Agencia Tributaria de España informó que agentes de Aduana intervinieron en febrero un vuelo procedente del aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, que llegó hasta la terminal Adolfo Suárez-Madrid Barajas con 478 kilos de cocaína en la bodega que iba empaquetada en doce bultos.
Romero denunció además que en la actual gestión de Del Castillo se ha desarmado la plataforma tecnológica instalada en anteriores años en coordinación con Naciones Unidas.
“Ahora aparecen con el cuento de que las cámaras se han borrado, las imágenes de Viru Viru se han borrado; (no obstante, hay cámaras en todo lado) y no hay ninguna posibilidad de que descarguen la responsabilidad (en sólo dos funcionarios actualmente encarcelados)”, aseveró.
El Gobierno boliviano apuntó a una “mafia internacional” que ha “permeado a funcionarios” que están implicados en este caso.
