Profesionales en materia legal, política y técnica exponen ideas de solución para preservar la propiedad de la tierra y frenar los avasallamientos, en un momento en el que el Estado no brinda esa garantía
Walter Vásquez
Fuente: El Deber
Concluir el proceso de saneamiento de tierras que se inició hace décadas, impulsar un diálogo multisectorial que no necesariamente pase por el Gobierno y apoyarse en la legislación departamental y en instituciones públicas que no dependan del Gobierno central son acciones que se pueden trabajar para mitigar la inseguridad jurídica que se cierne sobre la propiedad de la tierra, según expertos en la materia.
“La reforma agraria debe tener un fin (…). El saneamiento se encargó de cercenar una buena cantidad de tierra (a medianos y grandes productores) y finalmente quedan unos 14,9 millones de hectáreas (ha) del territorio nacional para sustentar la actividad agropecuaria y la alimentación del país”, afirmó Fernando Asturizaga, especialista en derecho agrario y desarrollo rural.
Datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) muestran que hasta el 2022 el 28% de la tierra saneada del país estaba en manos de comunidades y pequeños propietarios (26,1 millones de ha); el 27% es territorio indígena originario campesino (25,6 millones de ha), el 26,8% son tierras fiscales (26,8 millones de ha) y el 16% está a cargo de medianas y grandes empresas.
Esto demuestra, apuntó, que la distribución de la tierra destinada a sectores indígena originario campesinos puede llegar a beneficiarlos con el 84% del área rural del país, considerando que -de acuerdo con la Ley 3545- las tierras fiscales deben ser entregadas en exclusividad a comunidades.
Aún así, “siguen buscándole el pelo en la leche para quitarles la tierra”. Por ello, hay que ponerle “fin a la reforma agraria redistributiva y política”, sostuvo Asturizaga, asesor legal de la Asociación de Productores y Oleaginosas y Trigo (Anapo), quien apuntó que el proceso “lleva más de 50 años, 27 de ellos con el actual INRA”.
Este proceso “tiene que concluir porque sigue con un elemento que requiere de un cambio judicial y constitucional. El título de propiedad tiene que ser eso, un título de propiedad, porque en este momento no es más que un derecho de uso absolutamente general que no garantiza ni al pequeño,mediano o grande poder producir e invertir con tranquilidad”, afirmó el especialista.
Gustavo Pedraza, experto en administración pública, dijo que la cohesión del sector productivo es fundamental para mantener los derechos básicos y “salvaguardar en lo que se pueda, porque el Estado está funcionando para favorecer intereses de poder y no para proteger a la ciudadanía”.
“El ideal es la ley, pero si no está funcionando en coyunturas como esta tenemos que dialogar (…), no con el que está pateando periodistas o te está apuntando con una escopeta, si no con los actores principales: ganaderos, maiceros, soyeros” y otros, indicó el excandidato a la Vicepresidencia.
“A corto plazo, la seguridad jurídica es una condición que no va a poder ser alcanzada por los productores agropecuarios”, sentenció Gustavo Flores, sociólogo experto en desarrollo agrario. Ante esta situación, apuntó, “hay espacios donde se puede intentar avanzar, como las leyes departamentales y los organismos desconcentrados y descentralizados”.
Estas propuestas fueron lanzadas durante el conversatorio “Los desafíos para la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra”, organizada por Anapo.Los expertos expusieron también otras ideas de solución para garantizar la propiedad de la tierra y frenar los avasallamientos, como recuperar la institucionalidad de las entidades agrarias, promover cambios en la Justicia para terminar con la impunidad y proteger el derecho propietario, y exigir el cumplimento de la ley a los órganos competentes del Estado.
En esta línea, Fernando Romero, presidente de Anapo, apeló al compromiso del presidente Luis Arce de no tolerar ningún tipo de avasallamiento.
En abril, el jefe de Estado remarcó: “Es importante que, de manera conjunta, todos asumamos un compromiso de no tolerar avasallamientos ni tráfico de tierras, vengan de donde vengan”.
“La tierra no debe ser traficada, si no trabajada y debemos dar seguridad a todos quienes la producen, sean nuestros hermanos campesinos, indígenas, originarios o nuestros hermanos productores y agropecuarios”, afirmó.
Pese a este compromiso, los avasallamientos continúan.
Asturizaga consideró que el papel de las entidades agrarias dentro de los Órganos Ejecutivo y Judicial no generan seguridad jurídica para los productores debido a varios factores, entre ellos la aplicación retroactiva de la Constitución, el manejo discrecional de la normativa agraria y un evidente rechazo de las autoridades hacia el sector productivo.
“Los hechos ocurridos en Las Londras han mostrado un montón de delitos cometidos por los avasalladores, como alzamiento armado, terrorismo, lesiones, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento, desmonte ilegal y robo entre otros, con la particularidad de que solo se detuvo a dos personas y ambas actualmente se encuentran libres”, aseveró.