Uno de los pilares fundamentales de un sistema de justicia es la igualdad ante la ley. Sin embargo, en ocasiones se observa que actos idénticos son juzgados de manera dispar dependiendo de quiénes sean los actores involucrados. Esta disparidad en la aplicación de la justicia plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad del sistema y socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones legales.
Existen numerosos ejemplos a lo largo de los gobiernos de Evo en un inicio y de Arce Catacora en la actualidad que ilustran esta situación. Un caso recurrente es el trato diferenciado que se da a ciudadanos, líderes reconocidos y políticos cruceños en comparación con ciudadanos del occidente del país donde existe afinidad política con el MAS. Los partidarios, funcionarios, dirigentes, sindicateros con recursos del gobierno o conexiones en el gobierno, suelen recibir un trato más favorable por parte del mal llamado poder judicial en nuestro país, lo que implica una clara falta de igualdad ante la ley.
Otro factor que influye en la disparidad de trato es la pertenencia a una región cultural, activamente industrial y empresarial distinta a la región y cultura aimara, que viven y se aprovechan del Estado y de sus recursos de manera grosera. Las evidencias de este trato desigual, está a la vista del país, donde se puede observar claramente que la dirigencia del comité cívico y de la gobernación de Santa Cruz, sufren, un acoso constante de la justicia masista con el único fin de acallar las protestas y la oposición a un gobierno ineficiente, corrupto y protector del narcotráfico.
Lo más aberrante y claro ejemplo de esta justicia parcializada y servil, es la sentencia de dos años de cárcel al Dr. Rómulo Calvo, simplemente por decir y hacer notar que la whipala no representa al pueblo oriental y amazónico. Jamás la bandera multicolor, símbolo de los pueblos aimaras y quechuas reconocida como símbolo patrio el año 2009 y que fue izada en la Plaza principal de nuestra ciudad que luego fue bajada, doblada y entregada de manera cordial a la autoridad masista en ningún momento fue ultrajada, ni pisada, ni escupida, ni cagada por ningún cruceño, tal como sucedió en la ciudad de El Alto con la bandera cruceña por unos inadaptados e ignorantes ciudadanos, como lo muestra un video que certifica y prueba tal acción.
He aquí, la clara muestra de la politización de la justicia boliviana, que, a través de corruptos jueces y fiscales, juzgan de manera desigual a los cruceños en comparación con aquellos que pertenecen a grupos más privilegiados como los andinos de El Alto o de La Paz. Esta desigualdad se manifiesta tanto en la fase de investigación como en el juicio y la imposición de penas.
La disparidad en la aplicación de la justicia cuando se trata de idénticos, pero con diferentes actores socava la credibilidad del sistema legal y amenaza los principios fundamentales de igualdad y equidad. Es esencial que los ciudadanos bolivianos se den cuenta, de lo podrida que está la justicia en general, que la injusticia que comete el MAS hoy en día, se les puede volcar el día de mañana cuando el poder político distinto, se manifieste de manera vengativa contra ellos.
Sería ideal, que los nuevos liderazgos que surjan para el 2025 se esfuercen por garantizar una aplicación justa y uniforme de la ley, independientemente del estatus social, la raza, el género, o cualquier otro factor. Esto requiere una mayor conciencia de los sesgos y prejuicios que pueden influir en la toma de decisiones judiciales y la implementación de medidas para abordar y corregir estas desigualdades. Solo a través de un sistema de justicia verdaderamente imparcial se puede garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad y respeto ante la ley. Es por ello que es urgente una Reforma Judicial y meter presos a toda la corruptela de jueces y fiscales masistas, que mucho daño hace a las familias cruceñas, a las familias de testigos protegidos que son asesinados y a las familias de aquellos inocentes que cargan con la culpa ajena.
La impunidad de aquellos que detentan el poder y utilizan su posición para cometer delitos es un desafío serio para la justicia y el estado de derecho, claro ejemplo es lo que vemos en el caso narco avión del MAS, donde se observa detalles de manejo de la información de los hechos de manera criminal, como es el caso del gerente de BOA que declaro públicamente que él había recibido un informe de autoridades españolas al día siguiente de la salida del narco avión, que señalaba que había paquetes no registrados. Ante este aviso, él se comunicó con la Policía a cargo y con la dirección de Naabol para que le facilitaran los videos del embarque de carga y se encontró con la negativa de ambas instituciones. Ahora bien, el pequeño detalle, es que Naabol también depende del ministerio de obras públicas, cuyo ministro Montaño (que recientemente nos mostró sus manos limpias, pero no así su sucia conciencia) como cabeza superior de ambas instituciones a nivel de mando, podría haber ordenado que se muestre las grabaciones y de esa manera descubrir en aquella entonces a los culpables del envío de media tonelada de droga (clara evidencia de un encubrimiento a este hecho delictivo de narcotráfico de parte del gobierno). No lo hizo, y como cualquier hijo de vecino parte del Clan de Gobierno y seguramente encubridor de los narcotraficantes, salió recién en el mes de mayo para ser parte de la investigación que se estaba realizando a raíz de una noticia de prensa y para nada de una solicitud de investigación realizada el mes de febrero por las autoridades españolas a la empresa aérea BoA.
La falta de consecuencias para estos responsables del poder ejecutivo, socava la confianza en las instituciones y perpetúa un ciclo de corrupción y abuso que pareciera no tener un final. Es más, la policía se está afianzando como el brazo operativo de la corrupción gubernamental. Seguramente leyeron y escucharon que en regímenes como el de Venezuela y de Nicaragua, los efectivos policiales son los que mejor vida tienen a costa de abusar a sus compatriotas sin ningún tipo de remordimiento, ya que lo que ellos velan siempre serán sus intereses personales por encima del bien de sus semejantes.
Y cuando la policía se convierte en un brazo operativo del autoritarismo gubernamental, tiene varios efectos perjudiciales en la sociedad. La impunidad y la falta de justicia al interior de una institución policial de cualquier país pueden generar diferentes tipos de corrupción, así como una serie de consecuencias negativas para ellos y sus familias, ya que el mal no dura toda la vida y sus consecuencias generalmente las pagan sus descendientes, aunque esta parte no la entienden por la ignorancia que se apoderó de sus vidas y que el gobierno supo aprovechar para adoctrinarlos de manera maquiavélica.
Cuando la policía está involucrada en actividades corruptas, de narcotráfico y sirve a intereses gubernamentales corruptos en lugar de proteger y servir a la comunidad, la confianza de los ciudadanos en las fuerzas del orden disminuye significativamente. Y esto es el sentir del ciudadano boliviano en general, lo que implicaría motivar a que se produzca una menor cooperación de la población en la lucha contra el crimen y dificultar la resolución de casos.
Es comprensible que una persona se sienta profundamente afectada y frustrada por la injusticia de ser acusada y condenada por un delito que no cometió. Es una experiencia extremadamente angustiante y puede tener consecuencias devastadoras en la vida de esa persona, tanto a nivel emocional como social, como lo vienen sintiendo el humilde conductor estibador de un vehículo de carga del aeropuerto Viru Viru, o los presos preventivos que sufren las consecuencias de un hecho que está siendo protegido por altas autoridades gubernamentales que buscan culpables en los más humildes trabajadores, como si fueran los narcotraficantes MAS reconocidos por la justicia.
La injusticia de ser considerado culpable de algo que no se hizo puede generar sentimientos de impotencia, enojo, tristeza y desesperanza. Es difícil comprender cómo el sistema legal, que debería velar por la justicia y proteger a los inocentes, puede cometer errores tan graves.
Es importante recordar que la justicia puede ser un proceso largo y complicado, pero no se debe perder la esperanza. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de personas que fueron injustamente condenadas y finalmente liberadas cuando se encontraron pruebas que demostraban su inocencia. La lucha por la justicia puede ser ardua, pero no se debe renunciar a la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado.
En definitiva, la injusticia que vivimos los bolivianos actualmente es una experiencia traumática y desafiante. Sin embargo, es importante mantener la esperanza, buscar apoyo y luchar por la verdad. Aunque el camino puede ser difícil, se ha demostrado que la justicia puede prevalecer y que los errores pueden corregirse. Es vital que todos declaremos la guerra a un poder judicial adoctrinado, servil a un partido político y al gobierno de turno. Que no descansemos hasta lograr una real y verdadera justicia imparcial y honesta, y, que los verdugos de jueces y fiscales que tenemos hoy, paguen el día de mañana las consecuencias de sus fallos interesados, comprados y dirigidos para beneficiar a un gobierno nefasto, corrupto o a quienes tienen el dinero suficiente para comprar sus conciencias.
La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien y no la lavada de manos que hacen los jueces, fiscales y los del gobierno para ensuciar la de ellos…
Alberto De Oliva Maya