El gerente de la aerolínea estatal expuso que este fue el detonante para sentar la denuncia contra dos de sus funcionarios y confirmó que se conocía de la carga irregular desde el 12 de febrero
Fuente: Unitel
[Foto referencial] / El titular de Boa dio detalles sobre la denuncia en conferencia de prensa
Asimismo, el ejecutivo confirmó que el 12 de febrero las autoridades españolas notificaron sobre la carga que estaba fuera de manifiesto, es decir, no estaba declarada y fue así que se abrió una investigación en busca de la documentación de dicha carga.
Fue así que se agotaron las instancias internas para determinar el origen de la carga, con auditorías y otros procesos, pero fue recién el 30 de mayo cuando desde España se advierte que esta tenía otro tipo de contenido y ahí cambio la clasificación a un tema relacionado a un delito, según la explicación del gerente de BoA.
“Determinamos por la imágenes proporcionadas el momento en el que se rompen los precintos, pero no podemos determinar qué se hizo al haber esa rotura de precintos, lo que es una infracción a la seguridad. Identificamos a dos de las personas en el video y presentamos una denuncia contra esas dos personas que son funcionarios de BoA”, confirmó Casso.
Es por eso que ahora el tema está en manos de la Fiscalía, entidad a la que ya se remitió un memorial con la documentación técnica de ese vuelo en el que se trasladó la cocaína hasta España y con detalles de los responsables de “cada etapa de liberación” de la aeronave, los equipajes, de la carga y de los pasajeros.
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Además, Casso apuntó que se puso a disposición a todo el personal dependiente de BoA para que se interrogado o investigado, ya que no se descarta que haya más implicados e, incluso, personas con antecedentes relacionado al narcotráfico; no obstante, el ejecutivo expuso que todo trabajador debe cumplir con procedimientos como la presentación de un certificado de antecedentes limpio y eso lo otorga una entidad ajena a BoA.
Mientras que el director de Naabol expuso que se enteraron de esta situación el 30 de mayo, por lo que el día 31 se traslada hasta La Paz para investigar las cámaras de seguridad instaladas en Viru Viru y que dependen de esta entidad; sin embargo, el sistema solo capta imágenes por un lapso de 30 días.
Pozo acotó que hay seis requerimientos para que funcionarios declaren respecto a esta situación que ya es noticia internacional.