APES denuncia torturas a periodista en cárcel de El Salvador


El gremio denunció que Víctor Barahona fue capturado durante el régimen de excepción y que estuvo preso por casi un año.

La asociación aseguró que «durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica».Imagen: Sorapop/Panthermedia/imago images

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el lunes (10.07.2023) la detención arbitraria de uno de sus colegas, quien estuvo preso más 11 meses y que habría sufrido torturas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

«La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena la captura arbitraria y sin sustento del periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo encarcelado por casi un año de manera injusta», indicó en un comunicado. Agregó que «durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica» en diversas prisiones.

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«La APES también rechaza que cuando Barahona salió libre el 19 de mayo de 2023 nadie informó a su familia, no le entregaron ninguna carta de libertad ni documentación similar, pues solo le dijeron que salía de la cárcel por ‘petición fiscal'», añadió la entidad y sostuvo que el periodista comunitario fue acusado por agentes de la Policía de colaborar con pandillas.

La Asociación condenó «el actuar negligente de las autoridades de justicia» y su «escaso profesionalismo y poco apego al marco legal y constitucional dentro del cual deben circunscribir su actuar».

«La APES desde la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos le da acompañamiento y defensa legal a Víctor Barahona para reafirmar su inocencia», dijo y lamentó que la corte que lleva su caso «aún no ha permitido el nombramiento del defensor de su confianza, o acceso a su expediente judicial».

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas. Con esta medida, que suspende derechos constitucionales, el Gobierno ha detenido a más de 70.000 personas.

Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.

ama (efe, dw, el diario de hoy)


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