El director de esta entidad, Alpacino Mojica, también declaró por tercera vez en este caso. La Fiscalía lleva adelante esta investigación por el presunto delito de falsedad material e ideológica, y uso de instrumento falsificado
Mientras se cumplen las órdenes de allanamientos en diferentes inmuebles en Santa Cruz para establecer la relación de personas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (32), de manera paralela, al menos 15 funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip) acudieron a la Fiscalía para brindar su declaración informativa en calidad de testigos.
Estos trabajadores fueron citados por la fiscal asignada al caso, Mariela Toledo, luego de un requerimiento del Ministerio Público, al existir elementos de que en esta institución se tramitó y emitió documentos falsificados en favor de Marset y su familia.
El director del Segip, Alpacino Mojica, manifestó este martes que por tercera vez acudió ante la fiscal para declarar por el caso, al ser la cabeza de esta entidad que pertenece al Ministerio de Gobierno.
Afirmó que esta investigación se origina porque un registro civil dependiente del Servicio de Registro Cívico (Sereci) entregó un certificado de nacimiento original boliviano a Sebastián Marset con el nombre de Gabriel de Souza Beumer, con el que activó el plan para residir con su familia en Santa Cruz.
A través de dicho certificado, Marset logró obtener documentos de identidad bolivianos para sus tres hijos y su esposa, pero con otras identidades.
“Nosotros hicimos la denuncia correspondiente y respondimos. (Soy) el único director que presentó una denuncia formal contra Marset y su familiares, lo hicimos desde el Segip, estamos coadyuvando con la investigación”, sostuvo Mojica.
El 8 de septiembre, la fiscal Mariela Toledo emitió requerimientos para que los servidores públicos del Sereci se presenten a declarar, después del allanamiento que se ejecutó en dicho lugar y que contó con el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde se secuestró documentación, equipos de computación y otros.
La Fiscalía investiga este caso por el presunto delito de falsedad material e ideológica, y uso de instrumento falsificado.