Esta práctica es muy dañina, porque se trata de una deforestación descontrolada y muchas veces sólo tiene el propósito de consolidar asentamientos para después justificar la obtención de un título agrario, advierte el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Jorge Ávila
Se calcula que, en los últimos 20 años, entre un 40 y un 50 por ciento de toda la deforestación que ocurre en el país sucede en bosques o suelos de vocación forestal; mientras que el promedio anual de pérdida de masa boscosa está alrededor de 200 mil hectáreas, según un informe de la Cámara Forestal de Bolivia y datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
El gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Jorge Ávila, considera que esta práctica es muy dañina, porque se trata de una deforestación descontrolada y muchas veces sólo tiene el propósito de consolidar asentamientos para después justificar la obtención de un título agrario.
Lamenta que, desde Estado, al amparo de la Ley 337 de Reposición de Bosques, se otorguen derechos agrarios en tierras de vocación forestal y permitir que se deforesten hasta un 20 por ciento de dichos predios, así sean estos de vocación forestal o Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), aspecto que, según Ávila, violando flagrantemente la Constitución Política del Estado (CPE).
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“El Estado ha olvidado su verdadero rol y ha hecho caso omiso de la realidad ecológica, cultural y ambiental de los bosques, y, en la gran mayoría de los casos, se han vuelto promotores de la destrucción del medioambiente”, observa el gerente general de la CFB.
El Decreto Supremo 26075 establece que el país tiene 28 millones de hectáreas destinadas exclusivamente a la producción forestal, de las cuales, según la CFB, 10 millones están siendo utilizadas y apenas 2 millones están bajo derecho forestal empresarial; es decir, cuentan con Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) otorgadas por el Estado (antes llamadas concesiones forestales) y el resto están en manos de pueblos indígenas, comunidades campesinas, algunos propietarios privados y Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL).
El decreto destina también 25 millones de hectáreas, aproximadamente, para áreas protegidas (parques nacionales, departamentales y municipales), de los cuales, resalta Ávila, la mancha verde en su totalidad no tiene otro objetivo que la conservación del medioambiente y manejo forestal, lo cual, lamentablemente, no se está respetando en la actualidad.
“La deforestación de los bosques de producción forestal, como también de los bosques frágiles que están destinados a las áreas protegidas, está generando un perjuicio ecológico incalculable, ya que incide directamente en los ciclos del clima, lluvia y sequía”, afirma.
Ávila señala que la industria forestal genera en el mercado interno un movimiento económico entre 650 y 700 millones de dólares por año y ha logrado superar los más de 100 millones de dólares en exportaciones.
Además, agrega, cabe resaltar el impacto económico por recaudaciones tributarias, ya que la actividad maderera no goza de regímenes especiales; es decir, al margen de la patente forestal y la tarifa de regulación forestal, paga todos los impuestos previstos en el régimen general (IVA, IT, IUE y otros).