La economía boliviana a lo largo de su historia, fue siempre una economía dependiente de los recursos naturales no renovables, por lo tanto, de los precios internacionales de los mismos. Pero, además, como por épocas estos recursos eran una fuente de ingresos muy importante para el Estado, cuando los precios caían, la economía también.

Es así que la historia se repitió con la plata, con el estaño y ahora con el gas natural. Los precios subían y vivíamos un auge, y si los precios caían o se agotaba en términos relativos, entonces la explotación del recurso natural caía y la economía experimentaba una recesión y en algún caso, debido a otros factores adicionales, la crisis vino combinada con inflación. Por supuesto, esto dependía del grado de dependencia de la economía a dicho recurso.

En la última época (la actual), las exportaciones de gas llegaron a ser en 2014, prácticamente el 50% de las exportaciones totales del país. El 2014 logramos exportar un poco más de 6 mil millones de dólares, el 2021, 2.249 millones de dólares, y por el efecto precio el 2022 las exportaciones aumentaron a casi 3 mil millones. Hasta el año 2014, el Estado y la “riqueza” crecieron, pero debemos preguntarnos, ¿quién fue el mayor beneficiario de este auge?

Hay muchos casos en la historia, de gente que se saca la lotería y apenas unos años después se quedan sin nada. Ellos, teniendo tanto dinero a disposición, lo despilfarran, se lo farrean, gastan sin medida y se olvidan de lo más importante, invertir para que ese dinero se convierta en más dinero. En otras palabras, para mantener un gasto elevado se debe invertir parte del dinero ganado. Puede parecerle esto; querido lector, bastante obvio, sin embargo, casi a ninguno de nuestros políticos a lo largo de nuestra historia le interesó pensar en el futuro de Bolivia, prefirieron pasarla bien en el momento (farrearse o despilfarrar el dinero). La riqueza de todos los bolivianos, sirvió para que los del gobierno y sus amigos, se llenen los bolsillos, inviertan mal dichos recursos y no prioricen las necesidades de la población, se dedicaron sólo a gastar. Eso fue lo que sucedió con el gas los últimos 17 años.

Pero a diferencia de las anteriores etapas de auge por las que atravesó Bolivia, la cantidad de ingresos que recibimos desde el 2006 superaron los ingresos recibidos por anteriores gobiernos durante 70 años. Si sumamos la renta petrolera desde ese año, ingresaron al país casi 50 mil millones de dólares, equivalente a 20 años de las transferencias de recursos a todos los municipios, gobernaciones y universidades del país, tomando como referencia el año 2022 (aproximadamente 2.500 millones de dólares en transferencias anuales).

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Pese a lo manifestado, la capacidad del despilfarro no quedó ahí. No conformes con esa ingente cantidad de recursos, además contrajimos deuda externa e interna, por lo que debemos sumar unos 24 mil millones de dólares adicionales (sin tomar en cuenta la que había antes de 2006). Pero para sólo seguir hablando del negocio de hidrocarburos, sabemos también que la cantidad de dinero que se llevaron las transnacionales petroleras por concepto de “costos recuperables” y utilidades superaron los 18 mil millones de dólares, por lo que la tan mentada nacionalización, ahora más que nunca parece un engaño. Probablemente, los recursos despilfarrados llegaron a los 100 mil millones de dólares (40 años de presupuesto para gobernaciones, municipios y universidades de todo el país). Aclaramos que nos referimos a esos recursos como despilfarrados porque estoy seguro que nadie en Bolivia piensa que hoy estamos mejor que antes. De hecho, no ocurrió ningún cambio estructural, no tenemos mejores ni mayores capacidades productivas, ni mejor educación y salud, y tampoco mayor riqueza.

Además de esta triste comparación, existen otros efectos colaterales. Ahora somos un país que no puede autoabastecerse energéticamente, y cada vez dependemos más de la importación de hidrocarburos, y aceleradamente. El 2020, importábamos combustibles y lubricantes elaborados, por un valor aproximado de 730 millones de dólares, para 2022 esta cifra subió a más de 4 mil millones de USD (5 veces más en sólo 2 años); mientras, las exportaciones; como vimos anteriormente superaron marginalmente los 3 mil millones (balanza comercial negativa, ingreso en dólares menor al egreso). Como el gobierno tiene el monopolio de la importación de estos hidrocarburos, requería cada día mayores divisas, y, no conforme con haber extraído la riqueza de los ciudadanos en pesos bolivianos, empezó a extraer los dólares de las familias, lo que provocó desde hace meses una escasez de dólares en el mercado y como efecto directo, un tipo de cambio paralelo que crece peligrosamente cada día, no sólo encareciendo las importaciones, sino, además, provocando un aumento generalizado de precios.

Este último efecto (mayor inflación), es el que provoca mayor preocupación a las familias en la actualidad, en vista de que su ya empobrecido ingreso no soporta ahora una mayor pérdida de poder adquisitivo, y por eso en Bolivia, ahora hay muchas familias que no pueden solventar sus gastos hasta fin de mes. Claro, el gran problema del modelo económico impuesto desde el 2006 es la “apropiación del excedente”. Todo ese dinero que cuantificamos líneas arriba, pudo ser utilizado de formas alternativas, pero se quedó en manos de un gobierno que despilfarró, mal invirtió y robó esos recursos, beneficiando a muy pocas familias (de los gobernantes y sus amigos), y sobrando para el pueblo alguna limosna (bonos y otros). Cada centavo que utiliza el gobierno, es un centavo menos para los agentes económicos, por eso tenemos menos empresas y menos empleo (con menor sueldo).

Los dos principales efectos económicos del modelo impuesto, fueron: el deterioro paulatino de los ingresos de las familias y las empresas; y, la expulsión de las familias del mercado de trabajo. Para ejemplificar lo dicho; por un lado, el aparato productivo fue destruido, las empresas unipersonales, que antes representaban el 70% sobre el total de las empresas, ahora sobrepasan el 80%; y, por el otro, sabemos que la población informal en 2006 alcanzaba a 65% y en la actualidad supera el 85% de la población económicamente activa.

Gran parte de este excedente, fue invertido en las llamadas empresas públicas, que como sabemos, son ineficientes y deficitarias. El déficit de dichas empresas, superó los 3.800 millones de bolivianos sólo el 2022 y si lo acumulamos, dichas pérdidas superan los 8 mil MM de dólares los últimos 11 años. Habíamos comentado, en anteriores artículos, que dichas empresas y los gastos que provocan, habían crecido tanto que incluso superaban con creces los gastos corrientes de educación y salud, algo, realmente inconcebible.

Lo cierto es que, gracias a la irresponsabilidad de nuestros políticos, el país se encuentra en la puerta de una crisis que probablemente afecte de manera importante la economía boliviana y especialmente a la de los más pobres (como siempre). Como soy economista, la gente me pregunta ¿cómo podemos salir de la crisis? ¿cuál sería el plan? Para tal respuesta, requerimos saber, qué queremos y cómo lo haremos.

Pero claro, la respuesta al “qué” podría darla con facilidad y hasta en forma poética (varios economistas responden de esa forma). Todos podríamos coincidir en que Bolivia tiene un déficit productivo, no generamos valor ni empleo, y por eso somos pobres. Pero, además, podría decir, “requerimos una economía naranja, azul, verde y de varios colores más, acorde por supuesto, a las nuevas tecnologías, el internet, etc.”. Entonces, el “qué”, lo sabemos todos, el problema está en el “cómo” lo hacemos.

Si el problema de Bolivia es la falta de producción y de generación de valor, la respuesta es, producir más (obvio, ¿no?). Muchos economistas que apoyan el liberalismo y el libre mercado, tienen la idea de que establecer bien los derechos de propiedad, liberalizar el comercio, facilitar la actividad económica, en un contexto donde se respeten las leyes y la igualdad ante la ley de todos los habitantes del país, debería bastar para que las fuerzas automáticas del mercado, nos lleven a un desarrollo (estoy en gran parte de acuerdo). Sin embargo, ¿esta afirmación es cierta en toda tu extensión? Para responder a esto, debemos ponernos de acuerdo en algunas ideas básicas.

Una primera lección de lo comentado anteriormente, es que la concentración de la riqueza (producción) en muy pocas manos, nunca fue la respuesta para nuestro desarrollo. Por supuesto, debo advertir al lector que, cuando hablo de muy pocas manos, me refiero también al gobierno, porque cuando el gobierno produce, son muy pocos los que intervienen en estos procesos. Lo malo de esto; adicionalmente, es que el gobierno para invertir, dado que no es un agente económico que produce riqueza, debe quitarle a alguien ese dinero, y debe apropiarse de recursos naturales que se supone pertenecen a todos, pero en los hechos son utilizados sólo por los políticos gobernantes y sus amigos. En otras palabras, el gobierno nos ha quitado la libertad de decidir nuestro propio futuro a través de nuestras propias decisiones porque nos ha confiscado los instrumentos o las armas a través de las cuales podemos producir.

En economía sabemos que para producir requerimos de factores productivos: tierra trabajo y capital. Pero resulta que todos los gobiernos a lo largo de la historia se apropiaron de los mismos, lo que evitó y evita que los verdaderos agentes económicos puedan producir o generar valor.

Esto también implica que la “diversificación productiva”, jamás fue posible en Bolivia dado que un gobierno no puede producirlo todo. Por otro lado, muy pocos agentes privados tampoco pueden diversificar la economía, la idea es que seamos muchos. Estas afirmaciones podemos relacionarlas con el conocido concepto de “especialización del trabajo”, como pilar fundamental de una economía productiva.

Si se imaginan, hace miles de años atrás, si una familia quería construir su choza, podía ir metros más allá, cortar un árbol y con esa madera construirla. Otro pueblo, que no tenía en sus alrededores árboles, aprendió a cazar y fabricar excelentes morrales con la piel de estos animales. Cada uno se volvió especialista en lo que hacía, pero la característica importante es que la disponibilidad de los medios de producción (tierra o animales), su tenencia, el acceso y el uso de los mismos, permitieron la especialización del trabajo. Por lo tanto, una educación y su capacidad al servicio de la sobrevivencia y el desarrollo de cada uno de los miembros de la tribu. Lo que pasa hoy en día, es que los gobiernos nos han limitado de manera exagerada nuestra libertad económica. Por lo tanto, pedirle al mercado que coordine la actividad económica y que genere riqueza, cuando los factores productivos se encuentran secuestrados por el poder político, parece una tarea imposible.

Para aclarar esta idea, en Bolivia, existe una gran disponibilidad de tierra, pero el acceso y su uso son exageradamente restringidos. En el ejemplo que dimos, esos pueblos tenían disponibilidad de esa “tierra” o recursos naturales, el acceso era libre y su uso también, por lo tanto, el beneficio era para cada uno de ellos. En nuestro país, el 29% de la tierra es fiscal; el 28% es propiedad de campesinos, interculturales y mujeres; el 27% es territorio comunitario de origen; y el 16% es producida por medianos y grandes agricultores. El problema de las tierras de campesinos es que no tienen acceso a capital, dado que al tener que competir con productos importados, prefieren dejar de producir en vista de que no pueden acceder a tecnologías que les permitan mecanizar y mejorar su producción, por lo que, además, podrían tener un déficit educativo (no saben cómo utilizar tecnología y biotecnología, por ejemplo). Por otro lado, los interculturales en su mayoría no producen, sólo tienen tierra para comercializarla provocando un tráfico de tierras y un negocio ilícito con las mismas. Las tierras comunitarias, el ser de todos, no es de nadie, y por supuesto, nadie puede producir en una tierra que no es suya, por lo menos no de manera eficiente (no tienen, tenencia ni acceso a la misma, usan en parte algo que no es suyo).

Pero para que conozcan un caso más específico, Mckay (2018), menciona que el oligopolio de la soya implica una evidente desigualdad en el acceso y distribución de la tierra productiva, y por eso el 78% de los productores controlan apenas el 9% de la superficie cultivable, y sólo el 2% controla el 70% de la tierra. Es también preocupante, que entre el 80 y 95% de los pequeños productores no tengan acceso a maquinaria e insumos, y por supuesto, tampoco a créditos, por lo que se ven obligados a alquilar sus tierras. Estos últimos, tienen disponibilidad y tenencia, tienen acceso, pero no pueden usarlas, por lo que los beneficios tampoco serán directamente para ellos (publicado en Fundación Tierra y Eju.tv, en el artículo titulado Biocombustibles, Soya y las “maravillas” del Modelo Económico Boliviano, 2019, de mi autoría).

Por eso que es muy importante saber, quien controla el acceso y uso a este factor económico. En Bolivia, el que tiene el mayor control sobre la tierra es el gobierno, y por años, ha sido este su principal negocio y forma de control y coacción sobre los agentes económicos. Podemos presentar en otra oportunidad un análisis parecido para el sector minero (también factor tierra).

Con estas ideas en mente, un primer principio para responder el “cómo” solucionar el principal problema que impide el desarrollo de Bolivia, es devolver a sus dueños originales los generadores de riqueza: los factores productivos. Pero no sólo permitirles contar con propiedad, sino también facilitar el acceso y uso de los mismos para su propia sobrevivencia y beneficio.

Algo que queda en el aire en toda esta explicación es la disponibilidad de acceso al capital. Para producir requerimos tener disponibilidad y acceso, no sólo a tierra y/o recursos naturales, sino también de inversión (capital), y para contar con dicha inversión, requerimos ahorro. En Bolivia, el ahorro es extremadamente bajo y concentrado y controlado por muy pocos. Del monto total de los depósitos en el sistema bancario, el 95% pertenece sólo al 2% de las cuentas de depósito, y de ese gran monto, más de 14 mil millones de dólares pertenecen a los ahorros previsionales de todos los bolivianos, que fueron utilizados para endeudar a los bolivianos con sus propios ahorros. Aunque claro, dichos recursos sí fueron a inversión, pero en un pequeño porcentaje a inversión productiva. Claro, concentrada en pocas manos, porque sabemos que muy pocos tienen la posibilidad de endeudarse, dado que nos han confiscado los factores productivos.

Para concluir y retomar la historia del gas y los recursos naturales, que como vimos, fue la principal fuente de riqueza del país los últimos 20 años, sabemos que gran parte de la misma fue destruida (se la gastó, mal invirtió, etc.), pero otra parte, sabemos que se la invirtió en empresas públicas que son deficitarias e ineficientes; pero, además, una riqueza concentrada y controlada sólo por el gobierno y sus amigos. Por lo que para continuar con el “cómo” desarrollamos Bolivia, les invito a leer mi próximo artículo, en el cual propondré convertir estas inversiones en empresas públicas en un mercado de capitales (ahorro e inversión), completando así la disponibilidad del factor capital para la mayoría de los bolivianos que no tienen ninguna posibilidad de invertir. La idea principal es que mientras más seamos los que generemos valor en la economía, no sólo desarrollaremos de manera más eficiente y rápida, sino que, además, este desarrollo será más equitativo.

Este enfoque para cambiar la estructura económica de Bolivia, podría ser entendido por un marxista, como la “democratización en la tenencia y uso de los medios de producción”, y en términos de un economista, como la “devolución a los verdaderos agentes económicos (familias y empresas) de su capacidad de producir y generar valor y empleo”, poniendo a disposición de ellos mismos, los factores de producción, facilitando e incentivando su acceso y uso, para que las fuerzas del mercado puedan coordinar la actividad económica, generando riqueza y desarrollo para cada uno de nosotros y las futuras generaciones.

M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista.