“Se ha improvisado, se ha acelerado” la aprobación de ley y ha “privilegiado los acuerdos políticos” entre la facción evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, observó Juan José Jáuregui.
POR RUBÉN ATAHUICHI
Fuente: La Razón
La ley de elecciones judiciales aprobada en la Cámara de Senadores incurrió en al menos cinco “inconsistencias” y, además, fue considerada de forma improvisada y acelerada.
La conclusión fue expresada este viernes en La Razón Radio por el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores, Juan José Jáuregui, del ala oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Apurados por la Sentencia Constitucional 0060/2023, del 31 de julio, que anuló la anterior convocatoria y reglamento de los comicios, los senadores aprobaron el proyecto de ley el 31 de agosto.
El documento, sobre la base del PL 144 del senador Hilarión Mamani (MAS), plantea elecciones en la primera quincena de enero de 2024 y posesión de magistrados y consejeros electos a mediados de febrero. Además, propone una vacancia de autoridades electas, la transición a cargo de personal subalterno y la suspensión de plazos procesales.
Improvisación
“Se ha improvisado, se ha acelerado” la aprobación de ley y ha “privilegiado los acuerdos políticos” entre la facción evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, observó Jáuregui.
En su criterio, la ley no consigna ningún argumento para proponer 90 días de trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Recordó que la Ley 929 dispone 150 días y, así, siquiera la propuesta hubiera planteado la abrogación de la norma o una justificación, al menos escrita a pulso, de parte del TSE.
Además, el proyecto de ley no define la paridad de género exigida para la elección de autoridades elegibles.
Jáuregui también dijo que la ley fue probada en un 90% sobre la propuesta de CC, que, en su criterio, ha reculado en la exigencia de la calificación meritocrática de los postulantes. Dijo que, ahora, CC, impuso su idea de calificación “en plancha” de los postulantes.
Un cuarto elemento que observó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución está referido al presupuesto de las elecciones. Recordó que el TSE tiene dispuestos al menos Bs 150 millones para organizar los comicios, siempre y cuando éstos se realicen hasta el 31 de diciembre de este año.
Presupuesto
Hace unas semanas, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi advirtió en La Razón Radio la necesidad de considerar un presupuesto “plurianual” para cruzar el proceso electoral entre 2023 y 2024.
Otro punto en cuestión planteado por el diputado Jáuregui está referido a la vacancia de autoridades que implicará el desarrollo de los comicios después del 2 de enero de 2024, cuando los actuales magistrados y consejeros terminen su mandato de seis años.
Debemos “encontrar una fórmula (de solución) que no rompa la CPE”, dijo el legislador del MAS. Por eso justificó la consulta que planteó la Comisión de Constitución a siete instituciones del Estado.
La ley fue derivada para la revisión de su viabilidad jurídica y técnica ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el TSE, el Consejo de la Magistratura y, en el Órgano Ejecutivo, a los ministerios de Justicia, de Economía y de Planificación del Desarrollo.
Constitucional
Jáuregui aclaró que la comisión que presidente no mandó su consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al considerarlo como parte interesada. Este órgano, precisamente, suspendió el proceso de preselección de postulantes previo luego de la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.
Al final, su sentencia anuló el proceso en general y dejó en fojas cero las elecciones convocadas a través de resoluciones legislativas, no así mediante ley. El falló también obligó a los legisladores aprobar los procedimientos y la ley con dos tercios de votos.
Se presume que la siguiente semana dichas instituciones puedan hacer conocer sus criterios respecto de la ley, que deberá ser considerada inmediatamente después en la Comisión de Constitución y luego en el pleno de la Cámara de Diputados.
En los comicios deberán ser elegidos 23 magistrados de los tribunales de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y tres consejeros de la Magistratura. En cada uno de los casos, titulares y suplentes.
Fuente: La Razón