La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito volvió a respaldar la política contra las drogas presentada por la administración Petro para el periodo 2023-2023 pero hizo varios llamados a detener el narcotráfico
Fuente: infobae.com
De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), durante 2022 se registró un aumento del 12,7% la cantidad de área sembrada con hoja de coca en el país. En ese orden, hay 230.000 hectáreas con este cultivo de uso ilícito concentradas en cinco zonas específicas.
Días antes el presidente Gustavo Petro había presentado en Cali la nueva política antidrogas de Colombia para el periodo 2023-2033. Esta, de acuerdo con el mandatario y otros integrantes del Ejecutivo, se centra en dos grandes ejes: la no criminalización del campesinado cultivador y la fuerte persecución de los grandes capos del narcotráfico y el desmantelamiento de las estructuras ilegales que se dedican a esta actividad.
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Teniendo en cuenta esos dos eventos, la representante de Unodc para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch mencionó cuáles son las ventajas y puntos débiles de esta nueva política, las medidas que debe tomar el país para dejar de ser uno de los primeros productores de cocaína en el mundo y el camino de la regulación de productos derivados de esta planta.
En diálogo con El Tiempo, la delegada de Naciones Unidas sostuvo que esta política, al ser de largo plazo, permitirá mayores transformaciones en los territorios durante varios gobiernos. También resaltó la importancia que tiene para el organismo el hecho de que tenga enfoques participativos, incluyendo uno con las comunidades desde la identificación del problema hasta la creación de soluciones en los territorios.
De paso, dijo que otro de los ejes que fueron marcados como prioridad por la Unodc en la lucha contra las drogas es el enfoque territorial que va en línea con el desarrollo rural y la voluntad de las comunidades para la sustitución de cultivos.
“Resaltaría las dos líneas estratégicas que el Gobierno llama ‘oxígeno’ y ‘asfixia’, lo que entendemos como la aproximación equilibrada. El ‘oxígeno’ se refiere a los esfuerzos en desarrollo rural para los campesinos y la prevención del consumo relacionado con la salud pública. Y la ‘asfixia’ se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo Welsch ante el medio citado.
Sobre los apartados negativos de la política, la representante sostuvo que “aún es muy pronto para mencionar esto” e hizo un llamado para avanzar con prioridad en la implementación del plan de acción centrado en el documento oficial y atender a las comunidades antes que se apoderen de ellas otras economías ilegales.
La delegada de Onudc también defendió la iniciativa de priorizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito antes que la erradicación forzada. Al respecto, reiteró el apoyo al Gobierno nacional para adoptar medidas que permitan hacer un monitoreo de cultivos de coca y otros de empleo ilícito.
“Tenemos evidencia de que la erradicación voluntaria tiene una mayor sostenibilidad en los territorios que son intervenidos. Los datos de resiembra muestran menores niveles que en la erradicación forzosa”, añadió ante el diario mencionado. Tema aparte, sugirió hacer una “acción fronteriza” que permita un robustecimiento de las autoridades locales para frenar el narcotráfico en conjunto con países vecinos con áreas de siembra.
El informe presentado el 11 de septiembre también arrojó que junto con Colombia, Perú y Bolivia son los principales países con área sembrada de hoja de coca. En esa medida, Welsch insistió en el apremio por alcanzar un sistema de monitoreo integral que abarque a Putumayo, Norte de Santander y Cauca, zonas del país donde se concentran la mayor cantidad de hojas de coca sembradas.