La experta explicó que en el sistema judicial, las víctimas se chocan con la mora procesal, muy pocos casos tienen condena, y todavía hay cierta impunidad.
En el Día de la Mujer Boliviana, dos expertas aseguraron que la aplicación de la Ley 348 Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia aún carece de reparación, una atención efectiva, de protección y prevención.
Según la activista de derechos humanos Susana Saavedra, uno de los avances de la Ley 348, que se promulgó en marzo de 2013, es que “saca el problema de la violencia de un ámbito privado y la ubica como una cuestión pública”, pero aún no se cumple íntegramente algunos aspectos de la norma como la prevención, la reparación, la atención efectiva y la reparación.
Con ella coincidió la experta en temas de género Marisol Quiroga, quien aseguró que la atención efectiva aún es ausente para evitar que una víctima sufra revictimización al momento de presentar una denuncia. Para eso, debería un existir protocolo, cosa que aún no sucede.
Cada 11 de octubre en el país se recuerda el Día de la Mujer Boliviana. Aunque la mujer tuvo bastantes avances en sus derechos, “viven acechadas por una amenaza que ensombrece sus vidas de forma permanente, la violencia machista”, indica un informe de la Coordinadora de la Mujer.
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Según sus datos, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 8 de octubre de este año, 973 mujeres fueron asesinadas; este año, 73 perdieron la vida en manos de sus parejas o exparejas y, como consecuencia, 114 niños quedaron huérfanos.
Quiroga sostuvo que la atención efectiva no se logró cumplir adecuadamente, ya que el sistema de justicia no respondió, la Policía tampoco. Si bien en el Ministerio Público se crearon instancias especializadas, no dieron una respuesta de conformidad con la naturaleza que tiene la violencia contra las mujeres. “En ese sentido, se avanzó muy poco”, por lo que queda tener una mirada esperanzadora para que eso vaya a cambiar.
Para Saavedra, no se cumple la integralidad de esta norma, porque “no hay presupuesto asignado para esta tarea, hay una falta de compromiso de gobiernos municipales, departamentales y del nivel central, e indudablemente del sistema educativo”.
La experta explicó que en el sistema judicial, las víctimas se chocan con la mora procesal, muy pocos casos tienen condena, y todavía hay cierta impunidad.
A su turno, Quiroga resaltó que, con la aplicación de la norma, se levantó la expectativa en las mujeres porque pueden buscar una sanción para sus agresores, “para lograr cambios, porque el derecho penal busca el cambio de comportamiento”. Sin embargo, cuando ellas acuden a la justicia son expulsadas, ya que en todas las instancias existe un alto nivel de corrupción y ellas no tienen cómo responder a ese sistema, en cambio, los hombres sí.
Por ello, insistió en que la mujer no encuentra una respuesta eficaz a su denuncia, por lo que muchas quedan en mayor vulnerabilidad tras presentar la denuncia,
“El hombre ya no sólo quiere golpearla, sino que ahora ella ha osado su autoridad y debe ser castigada”, explicó Quiroga.
Saavedra indicó que otra de las cosas que sucede es que cuando una mujer va a denunciar debe hacerlo bien golpeada, porque de lo contrario no le reciben su denuncia y lastimosamente vuelven a sus casas y eso las obliga a convivir con el agresor.
“La ley es clara, que cuando la mujer no tenga donde vivir, aún sea el domicilio del agresor, él debe salir porque se debe precautelar la vida de la mujer y de los hijos, pero eso raras veces se cumple”, subrayó la activista.
Por ello, resaltó que uno de los aspectos que más preocupa es la prevención porque implica construir los sesgos que originan la violencia como las prácticas culturales, el machismo que está presente en la sociedad, que se construye y se valida por las comunidades y familias. Por eso, el tema debe abordarse desde varias vías para lograr reducir las tasas de violencia. “Eso debe involucrar el compromiso de autoridades; no solo de justicia, sino de educación y salud”.
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